Políticas públicas para la economía popular

A través de programas, capacitaciones o financiamientos, Nación y Ciudad promueven de diferentes formas -y con mayor o menor impulso- a este importante sector de los trabajadores. La deuda pendiente es la aprobación de una ley nacional. Por Ramiro Coelho

 

 Políticas públicas para la economía popular

Ferias de productores, empresas recuperadas, cooperativas de vivienda y cooperativas de cartoneros, entre otras, son organizaciones conformadas por trabajadores de la economía popular que cotidianamente desarrollan sus actividades en La Boca y Barracas. A través diferentes políticas públicas organismos del Estado Nacional y de la Ciudad desarrollan acciones muy diferentes de apoyo al sector.

 

En La Boca y Barracas funciona una importante cantidad de redes de productores y emprendedores que producen y comercializan en la zona. El Encuentro de Productores de la Economía Social y Solidaria de la Ribera, el Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros, la red de emprendedores organizada por el Circuito Cultural Barracas y la Mesa de la Economía Social y Popular del Sur son ejemplos de cómo diferentes organismos nacionales apoyan al sector.
La coordinadora de Seguimiento Estratégico de la Comisión Nacional de Microcrédito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDS), Patricia Fernández, explica que la política de microcrédito aplicada con la Feria de la Ribera y el Circuito Cultural Barracas “ha consistido en transferir fondos para microcréditos en calidad de subsidios a organizaciones administradoras que los otorgan a emprendedores de la economía social (ES) que no son sujetos de créditos bancarios”. Los fondos son gestionados por los mismos emprendedores que deciden a quiénes otorgárselos y gestionan el cobro de las cuotas, con una tasa de interés del cero por ciento y un nivel de devolución de más del 90%. Asimismo, cuentan con el apoyo de otras áreas del Ministerio para brindar el acceso a una marca colectiva, apoyo para comercialización, acceso al monotributo social, otorgamiento de subsidios para maquinarias y herramientas, capacitaciones y recursos de otros ministerios y secretarias.
La Ley 26117 de Microcrédito, sancionada en 2006 por el Congreso Nacional, no fue suscripta por el Gobierno del Ciudad. Esta situación impide que Ciudad y Nación puedan trabajar coordinadamente en la promoción del sector. La alternativa que encontró el Gobierno porteño fue la creación de un Área de Emprendedores que ofrece “co-financiamiento, capacitación a través de eventos e incubadoras y concursos” orientados a pequeñas empresas que quieran “innovar” en sistemas de gestión o el desarrollo de software.
Por su lado, la Facultad de Filosofía y Letras de La UBA, a través del Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria (CIDAC) trabaja en fortalecer y acompañar a organizaciones de EP en la zona sur de la Ciudad a través de capacitación y el fortalecimiento de las redes y cadenas valor. Matías Larsen, docente de la Facultad a cargo de la Red de Economía Popular de Zona Sur, explica que “como institución, recibimos financiamiento del presupuesto universitario. Al ser insuficiente, buscamos financiamiento vía proyectos de voluntariado universitario, proyectos de extensión universitaria y de investigación”. También realizan actividades de capacitación en convenio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación (MTSS) a través del Instituto de Formación Profesional y una Diplomatura de Desarrollo Local y con el Ministerio de Desarrollo en el dictado de la Diplomatura de Promotores Territoriales Socio-comunitarios.
Recicladores
El tratamiento de materiales reciclables en la Ciudad fue entregado en parte a cooperativas de recicladores, quienes reciben una asignación monetaria variable según el pliego, la posibilidad de acceder al monotributo social otorgado por el ANSES, ropa de trabajo, camiones para el traslado de los materiales a los centros de separación y clasificación, una credencial del Gobierno de la Ciudad y un uniforme de trabajo. En La Boca y Barracas la gestión de reciclables ha sido adjudicada a la Cooperativa El Trébol pero no cuentan con un centro de reciclado equipado con la tecnología necesaria para compactar los materiales, ni con suficientes camiones para el traslado de los materiales, situación que afecta a la organización, ya que deben alquilar un galpón en Lanús asumiendo el costo del alquiler.
La promoción de la EP parece ser aún un interrogante en la Ciudad. Mientras que sigue siendo una asignatura pendiente una ley nacional de la economía social, solidaria, popular que logre incluir a la diversidad de este importante sector de los trabajadores.

El sector en números

Según datos del Instituto de Promoción de la Economía Solidaria (IPES) actualmente existen en Argentina:

  • 32 mil entidades de la economía solidaria

Lo que significa:

  • 10% del PBI
  • 500 mil puestos de trabajo