Condenas para policías de la 28

 Por primera vez, la Justicia condenó a dos ex policías de la Federal por delitos de lesa humanidad. Fue por el caso de Ricardo Cittadini, desaparecido en 1976 en la seccional 28 de Barracas. Aunque la pena fue baja y se apeló, su familia vivió el fallo como una conquista. El próximo paso, señalizar la comisaría como ex centro clandestino. Por Luciana Rosende

Condenas para policías de la 28

 “Nunca antes había pisado Comodoro Py. Pero yo misma me extrañaba de mi serenidad. Y eso que fui la primera en enfrentarme a esos dos. Les dije que lo único que quería es que me dijeran por qué lo fueron a buscar a mi hijo, qué hicieron con él. Había mucha gente en la sala, pero yo les hablaba a ellos”. Con 91 años, Catalina Cittadini se sentó por primera vez ante un Tribunal para declarar en el juicio por el secuestro de su hijo Ricardo. Habló mirando fijo a los dos acusados, el ex comisario de la Federal Miguel Alcides Viollaz y el ex sargento primero Nicomedes Mercado, a cargo de la Comisaría 28 de Barracas, donde Ricardo Cittadini fue ilegalmente detenido el 17 de agosto de 1976, en Plaza España. Desde entonces, está desaparecido.

El mes pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 condenó a cinco años de prisión a Viollaz y Mercado. Los consideró responsables del delito de privación ilegal de la libertad, pero no de los tormentos y la desaparición de Ricardo. “Aunque la pena es corta, me da lo mismo. Desde el momento que le dieron condena reconocen que ellos lo hicieron, así que es una conquista”, resalta Catalina, ya de vuelta en su casa de Chubut, en diálogo telefónico con Sur Capitalino. Ricardo también había nacido en el sur, pero estudiaba y militaba en La Plata, y el día del secuestro estaba de visita en Capital Federal. Con once hijos, 33 nietos, 37 bisnietos, dos tataranietos y tres en camino, la madre de Ricardo luchó cuatro décadas para encontrar justicia. Los primeros diez, con la esperanza de encontrarlo con vida.

“Fui siguiendo los pasos de mi hijo menor, que tenía cinco años cuando desaparecieron a su hermano. Él no vivió nuestras luchas, pero cuando se vino grande tomó conciencia y le parecía que no había hecho nada por su hermano, entonces quiso avanzar con esta causa”, dice Catalina, destacando el empuje que Eduardo Cittadini le dio a la búsqueda de justicia por Ricardo. Pero Eduardo, el menor de los once hermanos, dice que el mérito es de sus mayores. “Yo estoy más activo en estos años, pero ella y mis hermanos estuvieron haciendo lo que se podía desde el 76, cuando todo era angustiante, riesgoso, metiéndose en despachos peligrosos, con la esperanza de encontrarlo vivo, con miedo. Yo lo retomé en 2005, en una época tranquila, sin ningún riesgo ni miedo. Sí con angustias, pero no es comparable. Yo tomé la posta, pero el mérito es de mi mamá y mis hermanos mayores”. 
 
Con 40 años de espera encima, no fue fácil escuchar que la condena a dos de los policías responsables de la desaparición de Ricardo era de cinco años que, además, cumplirán bajo arresto domiciliario. Pero después del impacto, el camino sigue. “Inicialmente fue un sabor agridulce. Se mencionó la palabra ‘condena’, pero cuando dijeron ‘cinco años’ hubo decepción por la pena baja. Fue una mezcla, raro”, repasa Eduardo. Sin embargo, con el paso de los días, el panorama fue cambiando: “Lo estuvimos procesando y primó una sensación más positiva. Es la primera vez que una comisaría de la Policía Federal es investigada y son condenados sus miembros por delitos de lesa humanidad. Nos abre las puertas para profundizar la investigación sobre los otros policías y sobre otras víctimas que no fueron incluidas”. Entre ellas, tres jóvenes de la Villa 21 que habrían pasado como detenidos-desaparecidos por esa seccional y una militante que estuvo secuestrada allí y declaró desde México como testigo, pero cuyo propio caso no fue tratado en este juicio.
 
“La parte positiva es que se considera delito de lesa humanidad, por lo tanto no fue algo aislado,  sino dentro del terrorismo de Estado. Es la primera vez que se condena por un caso con intervención directa de la Federal en el secuestro, los móviles, etc. Muestra que más allá del control del Ejército, la Policía tenían bastante capacidad de autonomía para identificar blancos y secuestrarlos”, señala el abogado querellante Pablo Llonto. “Sobre la pena, si bien es baja porque dos jueces no tuvieron en cuenta los tormentos, el tercer juez –Obligado- sí. Eso demuestra que es una cuestión debatible y nos da buenos elementos para el recurso de Casación, donde planteamos que se revoque la absolución por tormentos”, explica Llonto.
 
Además de la apelación, el próximo paso es avanzar hacia la señalización de la Comisaría 28 de Barracas como ex centro clandestino de detención. El fallo no tomó la iniciativa, pero sí planteó a los querellantes que se presenten en la Secretaría de Derechos Humanos para concretar ese reclamo. “A partir de la sentencia, uno ya puede ir y plantear que un tribunal está diciendo que ahí hubo un centro clandestino”, destaca el abogado. Y espera que la condena por el caso Cittadini -la primera sobre un comisario y una seccional de la Federal por delitos de lesa humanidad- sirva para impulsar el avance de muchas otras causas que involucran detenciones ilegales, torturas y cautiverios durante la última dictadura cívico-militar en seccionales de la Policía Federal.