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lunes 17, abril de 2017

El Gobierno busca legalizar la criminalizaci├│n de la protesta

Luego de la escalada represiva del último mes, el Gobierno presentó una iniciativa que propone reformar el Código Penal para agravar las penas ante manifestaciones públicas de todo tipo y cortes de calle o rutas.

El Gobierno busca legalizar la criminalizaciˇn de la protesta

La represión a las mujeres en Plaza de Mayo, a los manifestantes en la Panamericana, a los chicos del comedor en Lanús y a docentes y estudiantes en el Congreso son sólo muestras de la línea que el Gobierno busca imponer ante la creciente conflictividad social.  El anunció para endurecer el Código Penal en lo referido a sanciones por amenazas, daños, abuso de armas y delitos contra la seguridad del tránsito y los medios de transporte en manifestaciones públicas es la cristalización de lo que viene ocurriendo en las calles.

De avanzar con la modificación de cuatro artículos, se sumarán gravísimas sanciones en el marco de manifestaciones y endurecerá las penas quienes utilicen “elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables, objetos capaces de dañar la integridad de las personas, o bienes, o con la cara cubierta a modo de impedir su identificación”. Las sanciones serían de hasta diez años de cárcel y da rienda suelta a la policía para realizar detenciones durante las protestas. 

 
Uno de los fundamentos del proyecto de ley, es “no dejar las decisiones finales en manos de autoridades inermes, fiscales temerosos y jueces politizados. Elementos contundentes diseñados y empuñados para causar lesiones y capuchas y máscaras para ocultar la identidad y permanecer impunes no deben ser materia de interpretación, objeto de analogías impropias del Derecho Penal, o sujetas al relativismo moral o a la hipocresía descarada”.
 
La abogada Ileana Arduino, miembro del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), dijo a Página 12: “Es un proyecto cuyo principal objetivo es ilegalizar la protesta social y a quienes participan de ella. En realidad, cualquier manifestación pública podría ser alcanzada por esa criminalización. La convalidación social basada en prejuicios clasistas y racistas hacia los sectores populares podría estar habilitando una herramienta sumamente riesgosa porque los procesos autoritarios construyen nuevos enemigos conforme sus necesidades represivas”.
 
La letrada calificó a la modificación de “deplorable” y explicó que “se apoya en la demonización piquetera pero podría asfixiar cualquier forma de disidencia y reclamo social. Criminalizan al pueblo interpelando al poder en la calle y propone neutralizar el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades, lo que también lo hace inconstitucional. Y afecta el principio de legalidad. Estas normas están redactadas con una generalidad tal que aumentan las posibilidades de punición. Violan el mandato de certeza y eso también es inconstitucional”.
 
Fuente: Nueva Ciudad