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viernes 3, noviembre de 2017

Polémica maniobra para aprobar la concesión del subte

La Legislatura aprobó la concesión de la red de subterráneos por quince años y prorrogó por un año más la gestión de Metrovías. La oposición, que había propuesto la reestatización del servicio, denunció que se vulneraron los mecanismos de aprobación.

Polmica maniobra para aprobar la concesin del subte

La Legislatura aprobó el proyecto oficialista para concesionar la red de Subte y el Premetro por quince años y prorrogó por un año la gestión de Metrovías, hasta diciembre de 2018. Los bloques opositores advirtieron que se vulneraron los mecanismos de aprobación, que requería mayoría especial y doble lectura, que implicaba llamar a audiencia pública. El titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, adelantó a Página 12 que van a judicializar el dictamen. “La votación no cumplió con el procedimiento que requiere la mayoría especial de 40 votos. No es la primera vez que se saltan los mecanismos, en el caso del estacionamiento medido también ocurrió lo mismo y lo frenamos en la justicia”, advirtió el integrante de la ONG.

El proyecto, que había sido girado al recinto tras la aprobación en un plenario de comisiones de Obras y Servicios Públicos, Tránsito y Transporte y de Presupuesto, fue sancionado con 32 votos positivos del PRO, la Coalición Cívica y Confianza Pública; 23 negativos y una abstención, de los bloques opositores que sostuvieron la posición de estatizar el servicio, postura que fue plasmada en los seis proyectos que presentaron en el plenario de comisiones.

La ley habilita al gobierno porteño a llamar a licitación pública nacional e internacional para concesionar el servicio por 12 años, con la posibilidad de extenderla tres más, y establece que los oferentes “deberán acreditar experiencia específica no menor a 15 años en la operación de subterráneos o metros y haber transportado en los últimos tres años no menos de 150 millones de pasajeros”. La regulación seguirá en manos del gobierno metropolitano a través de la empresa Subterráneos de Buenos Aires SA (Sbase), tal como ocurre desde el 2012 cuando la Nación transfirió el manejo del servicio a la Ciudad.
 
También obliga al concesionario a constituir una sociedad anónima cuyo único y exclusivo objeto sea operar la red de subterráneos y fija que la retribución “por la operación y mantenimiento del servicio será establecida a través de un canon mensual” con criterio basado en la relación “pasajero-kilómetro”. Además, el futuro operador deberá “absorber, a su exclusivo cargo y costo, el personal en relación de dependencia que, a la fecha de la toma de posesión del servicio, esté afectado en forma exclusiva al subte, de acuerdo al listado de dotación aportado por Sbase”.
 
El diputado Javier Andrade (FpV) explicó que “sólo hubo una reunión de comisión, una de asesores y la aprobación. Lamentablemente, desperdiciamos la oportunidad de discutir para mejorar un servicio que es muy deficiente. En todas las grandes ciudades del mundo la gestión de los subterráneos es estatal y acá seguimos entregándolo a manos privadas”, dijo el legislador quien recordó que “la ley 4.472 habilitó al gobierno a endeudarse en 300 millones de dólares para obras en el subte, y lo fueron ampliando con bonos. La deuda alcanzó los 1.200 millones de dólares en inversiones que no se reflejan en el servicio. Es el gobierno que más endeudó y el que menos kilómetros construyó. Cuando asumió Macri, en 2007, prometió construir 10 kilómetros por año y terminaron construyendo un promedio de un kilómetro por año”. 
 
La aprobación con mayoría simple fue el otro punto ríspido. Para el oficialismo, la concesión de servicios públicos no requiere mayoría especial ni doble lectura. El resto de las bancadas planteó la inconstitucionalidad de la votación.
 
Baldiviezo explicó que “el artículo 82 de la Constitución porteña establece que se necesitan los dos tercios del total de los legisladores para aprobar una concesión, o cesión de cualquier derecho sobre inmuebles del dominio público de la Ciudad, por más de cinco años”, y el artículo “89 sostiene el procedimiento de doble lectura para la concesión de cualquier derecho sobre esos inmuebles”.
 
Fuente: Página 12