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martes 14, noviembre de 2017

Las tierras son mías, mías, mías

Aunque la Justicia le prohibió realizar cualquier tipo de obra hasta tanto se determine la legalidad de la venta del predio, el Club Boca Juniors le pidió autorización al juez para enrejar los campitos de Casa Amarilla. La gestión de Angelici alega motivos de “seguridad” y “derecho a la propiedad”. Vecinos y artistas convocan una caravana para el 25 de noviembre en defensa del espacio público. Por Martina Noailles

Las tierras son mas, mas, mas

En una demostración de poder y argumentando motivos de “seguridad”, el Club Atlético Boca Jrs busca vallar las tres hectáreas de los campitos de Casa Amarilla. Así se lo solicitó al juez en lo Contencioso Administrativo porteño Guillermo Scheibler, quien en junio pasado dispuso la "paralización absoluta de cualquier tipo de tarea de ejecución" de las obras previstas por el club, hasta tanto se determine la legalidad de la privatización de ese espacio público. “La orden judicial estableció la suspensión absoluta de cualquier obra, justamente para impedir que se modifique el uso actual de dichos predios en perjuicio de la comunidad de La Boca”, consideró Jonatan Baldiviezo, el abogado del Observatorio por el Derecho a la Ciudad que presentó el amparo en representación de la multisectorial La Boca Resiste y Propone.

 
Es que de avanzar el pedido de cerramiento perimetral realizado por el club xeneize, el barrio perdería varias manzanas que son utilizadas a diario por los vecinos para jugar al futbol, hacer picnics y festivales, ensayar candombe o pasear al perro. Y si bien la venta está siendo investigada actualmente por la Justicia, Boca quiere hacer valer a toda costa su “derecho a la propiedad” sobre el predio. 
 
En la cautelar que frenó las obras, el juez reconoció que la privatización de los terrenos públicos se produjo "sin aprobación de la Legislatura", tal como lo establece el artículo 82 de la Constitución porteña sobre “la disposición de bienes inmuebles de la Ciudad”. También señaló que "el proyecto no respeta el Código de Planeamiento" en tanto el plan urbanístico que presentó Boca en la licitación no es compatible con la zonificación actual de las manzanas (uso residencial). Por último, el magistrado adelantó que tampoco “se respetó el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental que corresponde a las obras que tienen impacto ambiental con relevante efecto" ya que las tierras son parte del polígono que la ley 2.240 declaró en Emergencia Urbanística y Ambiental, justamente en lo que hace a vivienda, servicios, espacios verdes y equipamientos. “La ley había destinado estos predios para un gran espacio verde. Uso que es el que le dan los vecinos actualmente”, aclaró Baldiviezo.
 
Público y privado
Los terrenos que Boca Juniors pretende cerrar al uso público eran administrados por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), con el propósito de brindar soluciones habitacionales, hasta que en 2010 decidió transferírselos de manera gratuita al Gobierno porteño. Según la ley 1.251, este tipo de transferencias de dominio sólo pueden tener lugar cuando los terrenos fueran destinados al desarrollo de políticas educacionales, de seguridad o de salud. Nada de esto ocurrió. Por decreto, la gestión de Mauricio Macri se los cedió rápidamente a la Corporación Buenos Aires Sur, que los puso en venta a través de una licitación pública.
 
Casualmente, Boca Juniors venía expresando desde hacía varios años su pretensión de obtener el dominio de esas mismas manzanas para la realización de actividades deportivas, sociales y culturales. El propio IVC había desestimado cada requerimiento no sólo porque el predio estaba destinado a viviendas, sino también porque para modificar ese destino debía pasar por la Legislatura.
 
En 2015, el legislador del PRO y por entonces vicepresidente de Boca, Oscar Moscariello, presentó un proyecto de ley para cambiar la zonificación de los terrenos y que se pueda, así, construir un nuevo estadio. Y aunque la iniciativa no avanzó por la resistencia de varias organizaciones del barrio, la gestión de Daniel Angelici avanzó por otro camino: le presentó a la Corporación Sur un proyecto para comprar las tierras. Así fue que se llegó a la licitación de febrero de 2016, armada especialmente para que el club cumpliera con los requisitos para presentarse. Boca, claro, fue el único oferente. Aunque en los medios de comunicación y en su campaña para ser reelecto presidente, Angelici prometió construir en esos terrenos un nuevo estadio, el proyecto que ganó la licitación asegura que serán destinados a la construcción de un museo, un gimnasio, una galería de arte, una biblioteca, un teatro independiente, una playa de estacionamiento, y un salón de juegos.
 
El club, finalmente, adquirió las 3,2 hectáreas en 180 millones de pesos -unos 315 dólares por metro cuadrado-y desde su adjudicación, dejó pasar un año y medio sin colocar ni un ladrillo ni una señalización. En medio de esa situación llegó el amparo del juez Scheibler que prohibió cualquier tipo de obra. Y ahora, de repente, Boca quiere enrejar.
 
“Los terrenos no cuentan con ninguna defensa perimetral y en orden a resguardar el derecho de propiedad, el lugar y la seguridad de terceros resulta razonable el vallado físico del lugar”, le planteó el gerente de Legales de Boca, Claudio Lutzky, al juez. Ante esta explicación, desde LBRP le preguntaron públicamente al Club: “¿Por qué es necesario garantizar la seguridad de las tierras? Y sobre todo… ¿de quiénes quieren cuidarlas? ¿La quieren cuidar de los pibes que van a jugar a la pelota? ¿De las murgas que van a ensayar antes del carnaval? ¿De los pibes que, como no tienen lugar para jugar en la pieza del conventillo, van a correr por los campitos? Boca Jrs. quiere poner un alambrado y dejarnos afuera. Eso mismo que hace con los pibes del barrio que no conocen la cancha, esa misma política de exclusión que caracteriza tanto al Club como al Gobierno de la Ciudad”.
 
Ahora es el turno del magistrado, quien deberá decidir en los próximos días si habilita o no a enrejar las tierras.  
 
La disputa por los terrenos de Casa Amarilla lleva décadas. En todo este tiempo, organizaciones sociales, vecinos e hinchas de Boca levantaron su voz en contra de su privatización cada vez que tuvieron oportunidad. En la Legislatura, en la Comisión de Planeamiento Urbano, frente al Ministerio de Desarrollo Económico y a la Corporación Buenos Aires Sur, y en el Consejo Consultivo de la Comuna 4, donde una patota intentó acallarlos a fuerza de golpes y cuchillazos.
Boca también trató de deslegitimarlos ante la Justicia en el marco de la acción de amparo. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones confirmó la legitimidad de los amparistas, argumentando que, de avanzar el proyecto, podría verse lesionado el derecho colectivo a un ambiente sano.
 
Ante la posibilidad de que la Justicia le permita a Boca enrejar los campitos, los vecinos ya se organizan. Proponen realizar el sábado 25 de noviembre una caravana artística que recorra el barrio y termine en los terrenos de Casa Amarilla. Todos en defensa del espacio público.