Un primero de mayo solidario

 Cientos de personas, la mayoría vecinos de La Boca, se acercaron a compartir el almuerzo del Día del Trabajador junto a los 75 operarios de la fábrica Oropel y sus familias, quienes desde diciembre no cobran sus salarios. Hubo música, choripán, y abrazos de lucha y resistencia. Por Roly Villani

Un primero de mayo solidario

 Desde dos cuadras se escucha la música del festival solidario: suenan Los Redondos, Callejeros o clásicos del chamamé como La mal peinada o El burro Policarpo. Y no es que el volumen esté muy alto: en estas cuadras, a unos 300 metros del puerto y su puesta en escena para el turismo, reina la tranquilidad del feriado por el día del trabajador.

 
Varios cientos de personas se acercaron hasta Salvadores 1400, donde funcionan los talleres de la empresa Oropel, dedicada a la fabricación de envases de plástico. Desde diciembre, los 75 trabajadores de la compañía están sin cobrar sus sueldos. “Los problemas para cobrar vienen ya desde hace varios años, –dice Gustavo, más conocido como El Chavo, uno de los delegados de Oropel– por eso está claro que quieren forzar una quiebra fraudulenta después de un mal manejo empresario de varios años para no pagarnos las deudas a nosotros ni a los proveedores”.
 
La historia de Oropel repite buena parte del argumento de todas las empresas que cierran en épocas de apertura de importaciones y achicamiento del consumo: los hijos del fundador se dedican a administrar (mal) la empresa familiar y, cuando las papas queman como ahora, buscan los métodos fraudulentos para no hacerse cargo de la responsabilidad social que supone tener una compañía. 
 
Son dos galpones, uno enfrente del otro, en cuya puerta se desarrolló el festival solidario. Entre empanadas fritas (deliciosas, amasadas por uno de los operarios), guiso de lentejas y choripán, los vecinos y las organizaciones del barrio tuvimos la posibilidad de recordar el día del Trabajador acompañando la lucha de estas 75 familias. Luciano, vecino de La Boca y militante de la Unidad Básica Martiniana Olivera cuenta que el festival “se realizó con donaciones de las organizaciones populares del barrio y de los comerciantes, porque, más allá de que muchos trabajadores de Oropel vivan en otros lugares, una empresa como esta dinamiza el comercio y le da a La Boca la identidad trabajadora que no queremos que se pierda”. Las cifras oficiales dicen que en la zona sur de CABA el desempleo, sobre finales de 2017, rondaba el 13%.
 
Oropel tenía hasta hace poco muy buenos contratos y clientes. Elaboraban para Tupper esas botellas coloridas con que los corredores se hidratan, los cajones para envases de La Serenísima, muchos frascos para laboratorios internacionales y, hasta hace poco, eran proveedores de Acumar. “Ese contrato se cayó con el cambio de Gobierno en 2015 –explica Claudio, trabajador del sector Mantenimiento de la empresa–. Pero hay muchísimos clientes a los que el dueño estafó y nos vinieron a ver, para tratar de rearmar los contratos por nuestra cuenta, la verdad es que somos buenos haciendo esto”, se esperanza.
 
A diferencia de otras industrias –como la textil o el calzado– que son las primeras en descomponerse cuando un gobierno neoliberal abre las importaciones, la industria plástica tiene mayor capacidad de supervivencia: no es rentable importar, por ejemplo, containers de bidones, porque ocupan mucho lugar. Aunque por el momento el reclamo sigue siendo que los patrones aparezcan para saldar las deudas, ese futuro posible –superada la quiebra– anima a los trabajadores a pensar en una cooperativa. Pero esa misma posibilidad de prosperidad también anima a especular al sector empresario. Luis Palmeiro es abogado de los trabajadores de Oropel y representante de FETRAES (Federación de Trabajadores por la Economía Social). “La situación de Oropel no puede ser tomada por afuera del conflicto político económico y social que afecta hoy a nuestro país –dice–. Hay una voluntad clara del dueño de provocar un vaciamiento para reducir personal y salarios, envalentonado por las políticas de flexibilización laboral del gobierno nacional, porque acá hay trabajadores de mucha antigüedad, eso que ellos consideran costos laborales”.
 
La lluvia que sobrevino en la tarde del 1º de mayo impidió que bailaran los chicos que estudian folclore en la fundación CasaSan, pero no pudo evitar que el barrio demostrara una vez más su altísimo nivel de solidaridad y compromiso con los trabajadores. Ahora se abre para ellos una instancia definitiva: en cualquier momento la jueza Valeria Pérez Casado puede decretar la quiebra. Para eso debe finalizar el período de CramDown, en el que se habilita la posibilidad de que algún acreedor haga una propuesta de salvataje. “Tenemos que estar atentos –dice Claudio–, porque entre esas propuestas puede aparecer algún testaferro de los dueños para quedarse con todo sin pagar las obligaciones y las deudas”. El escenario del Festival cerró, pero el de la lucha sigue abierto.