Noticias

lunes 2, julio de 2018

La Justicia suspendió la incineración de residuos en la Ciudad

La jueza Elena Liberatori hizo lugar al amparo presentado por la Federación de Cooperativas de Reciclado y suspendió la Ley N° 5966 aprobada por el oficialismo sin respetar el procedimiento de doble lectura establecido por la constitución de la Ciudad para los casos de normas que traten asuntos medioambientales.

La Justicia suspendi la incineracin de residuos en la Ciudad

El 3 de mayo la Legislatura porteña, con el voto del oficialismo, aprobó la Ley 5966 que modifica la ley de Basura Cero y  permite la incineración de basura a pesar de las duras críticas de la oposición y de organizaciones medioambientalistas.

La Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada, las Cooperativas El Ceibo, El Álamo, Las Madreselvas y Reciclando Trabajo y Dignidad, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Cooperativa del Sur, la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) y Fundación Greenpeace Argentina, con el patrocinio del equipo del Observatorio del Derecho a la Ciudad presentaron un amparo colectivo para exigir la nulidad de la ley en virtud de la gravedad de esta decisión para el ambiente, la salud de la ciudadanía,  el trabajo de las cooperativas de cartoneros y recicladores, y de las graves falencias constitucionales.

Esta ley modificó la Ley N° 1.854 de Basura Cero  para autorizar la combustión de residuos sólidos urbanos con independencia del grado de reducción de la cantidad de residuos que son destinados a disposición final a los rellenos sanitarios. También modificó sin decirlo explícitamente la Ordenanza N° 39.025 "Código de Prevención de la Contaminación Ambiental" que prohíbe la instalación de incineradores por parte del Gobierno de la Ciudad.

En los argumentos del fallo la magistrada señala: “Ante la evidencia contundente de que la Ley motivo de análisis ha sido sancionada sin el procedimiento constitucional de la Doble Lectura, de acuerdo a lo informado por la Legislatura, corresponde hacer lugar a la petición cautelar suspendiendo así los efectos de una Ley sancionada sin los requisitos de procedimiento Constitucional”.   
 
Leonel Mingo, coordinador de campañas de Greenpeace, sostuvo: “La resolución de la justicia avala  el reclamo colectivo de las organizaciones que exigen la nulidad de una ley fue aprobada con un tratamiento express, sin el debate que requiere la Constitución de la Ciudad. Con esta irresponsable metodología, el Gobierno de la Ciudad buscó evitar el debate público y hacer pasar por alto la habilitación de una tecnología con la que intenta tapar su ineficacia para cumplir la ley de Basura Cero durante los últimos once años”.