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martes 18, septiembre de 2018

El Sheik de la estafa

Jorge Alberto García Sale fue detenido en su inmobiliaria de Monserrat acusado de estafar a cientos de inquilinos a través de una red que usurpaba viviendas y extorsionaba a deudores. En medio del proceso de negociados y especulación que golpea a La Boca, se aprovechaba de la precariedad de quienes habitan conventillos, cobrando y desalojando en nombre de dudosos títulos de propiedad. Según la investigación de Sur Capitalino, en el barrio sólo figuran registrados a su nombre cuatro inmuebles. Por Martina Noailles

El Sheik de la estafa

El 27 de agosto pasado una noticia circuló durante algunas horas por las pantallas de televisión: “Cayó una red que estafaba inquilinos”, “Una inmobiliaria armó una red para usurpar y alquilar departamentos”, decían las placas rojas mientras un movilero mostraba imágenes de lo que encontró la policía en el allanamiento en Venezuela 1617. Tres millones de pesos en efectivo, títulos de propiedad truchos, armas y hasta revistas nazis. Para quienes viven en La Boca tal vez el nombre de la inmobiliaria les sonó conocido. O el de su dueño, detenido tras el operativo, que pudo haber estado alguna vez en un conventillo del barrio. Jorge Alberto García Sale, el dueño de El Sheik, está acusado de estafar a cientos de familias de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas de ellas, de La Boca, uno de los barrios que es blanco de la especulación inmobiliaria y de negocios oscuros que expulsan cada vez a más vecinos.  

 
Según pudo investigar Sur Capitalino, en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal consta que Jorge Alberto García Sale, de 73 años, tiene a su nombre 64 inmuebles en territorio porteño (¿a nadie le llamó la atención?). Sólo 4 de ellos se encuentran ubicados en La Boca. Sin embargo, son muchos más los que en el barrio reconocen en él a la persona que les cobra el alquiler de la pieza, el hombre de quien nunca obtienen respuesta por las pésimas condiciones de las viviendas o, directamente, el nombre que figura en las cédulas que anuncian un juicio de desalojo.
 
Es que García Sale –abogado desde hace 45 años- parece haber hecho de la industria del juicio su vida. Con tan solo entrar a la página del Poder Judicial de la Nación, a la solapa de búsqueda de expedientes, se puede chequear que en las últimas dos décadas lleva en su haber más de 200 juicios. En 2017, inició 20 demandas; y en lo que va del 2018 lleva abiertas unas 15, dos por mes.
 
El 17 de agosto, diez días antes de ser detenido, dio inicio a su última denuncia que tramita en el Juzgado Civil N 103. Como la mayoría de los expedientes que llevan su nombre como carátula, se trata de un proceso “sumarísimo” de “desalojo por vencimiento de contrato”. De manera online no se puede saber en qué dirección viven estas familias -que García Sale extiende a “subinquilinos y/o ocupantes” por si acaso- que corren riesgo de quedar en la calle. Pero, probablemente, se trate de personas de bajos recursos a quienes las leyes del mercado les impide alquilar de forma regular. En general, son familias que no tienen garantías ni recibos de sueldo para presentar, por lo que la informalidad –y con ella la evasión de impuestos de parte de los supuestos propietarios- se hace moneda corriente. Esa vulnerabilidad es la que aprovechan este tipo de “comerciantes de la vivienda” para cobrar precios impensados por una pieza de 3x3 con baño a compartir entre varias familias. Al igual que para iniciar juicios de desalojos tan rápidos como flojos de papeles.     
 
Las maniobras a través de las cuales García Sale presuntamente se hacía de los inmuebles y luego estafaba a sus inquilinos, están siendo investigadas por la Justicia. Pero según las pruebas que constan en el expediente, una de las formas era extorsionar a propietarios que debían expensas –quienes eran “marcados” por administradores de consorcios-, a los que primero les ofrecían un crédito con altos intereses y después, al no poder pagarlo, le remataban la propiedad. Quienes la compraban a un precio vil eran los propios miembros de la inmobiliaria que, muchas veces, volvían a alquilarle la vivienda a su ex propietario.
 
La mayoría de las víctimas no denunciaba por temor a las represalias. Por eso –y seguramente por otros “arreglos” que deberán ser investigados- el “negocio” funcionó durante décadas. De hecho en la página del Poder Judicial, figuran varias causas en las que García Sale y también su esposa, María Luis Stieb, aparecen envueltos acusados de falsificar firmas para hacerse pasar por herederos de una propiedad. Al parecer, ninguna terminó en condena.
 
Esta vez, el Juzgado Contravencional N° 18 a través de la Fiscalía N° 39 avanzó en la investigación e imputó a García Sale por "usurpación”, “defraudación”, “maniobras fraudulentas” y por “usurpación de autoridad, títulos y honores”.
 
Sus propios colegas, los directivos del Colegio de Corredores Inmobiliarios (Cucicba), venían denunciando que El Sheik no tenía matrícula y era una inmobiliaria ilegal.
 
“La mayor concentración de propiedades a nombre de los dueños de El Sheik se encuentra en La Boca, Constitución, San Telmo y Barracas”, explicó la fiscal Rocío López Di Muro tras el allanamiento que duró más de 26 horas.
 
¿Es o se hace?
En el caso de La Boca, muchos vecinos conocieron a García Sale cuando se presentó en sus conventillos diciendo que era el propietario. Es habitual, que en el barrio muchos de los dueños de estas viviendas multifamiliares construidas hace casi 100 años hayan muerto sin dejar herederos. Ante esta situación, muchas de las familias que viven allí se han comportado como dueños pagando los impuestos y servicios durante décadas. Sin embargo, no han iniciado juicios de usucapión por lo que el conventillo pasa a ser catalogado como “herencia vacante”. Cuando un inmueble queda en esa situación, pasa a manos del Estado porteño que, por lo general, lo vende en remates. Desde hace varios años, La Boca ha comenzado a sufrir un proceso llamado gentrificación, que transforma la fisonomía, la identidad y, lo más importante, la población histórica del barrio reemplazándola por otra de mayores recursos.
 
En esta línea de especulación inmobiliaria es que entra a jugar García Sale, así como otros tantos nombres que aparecen como demandantes en muchos de los juicios de desalojo o que comienzan a cobrar alquileres sin mostrar ninguna documentación que acredite su propiedad. Las organizaciones del barrio vienen reclamando hace tiempo que la Justicia investigue si estas personas han adquirido las propiedades –en algunos casos, decenas- de forma legal. Y, también, si realmente son sus propietarios.     
 
Usurpadores
El 6 de septiembre de 2017, hace exactamente 1 año, el fuego destruyó el conventillo de Lamadrid 645. El incendio dejó a seis familias en la calle. Esa misma noche, apareció en el lugar García Sale. “Qué suerte que se quemó todo así se van de una vez”, dijo parada en el medio del patio la mujer que lo acompañaba. Quienes habían perdido todo no podían creer la provocación. Pagaban entre 2 mil y 4 mil pesos por el alquiler de sus piezas –la mayoría de manera informal- y habían reclamado decenas de veces por el pésimo estado del lugar.
 
Mientras todas las familias esperaban en la calle porque la policía les impedía entrar “hasta que se hagan las pericias del incendio”, García Sale ingresó sin problemas. “El señor trajo un papel que dice que es el propietario del lugar, a él no le podemos decir que no entre porque es obvio”, argumentó el oficial que custodiaba la puerta. “Queremos que nos muestre una copia del papel que presentó para entrar porque él nunca apareció por acá”, reclamaban los vecinos sin respuesta.
 
Esa noche, García Sale debió irse custodiado por policías. Lo seguí para entrevistarlo. “Vos trabajás para los negros”, me increpó la mujer. Ante mi insistencia, el abogado frenó y me preguntó:
 
-¿Me conocés?
 
- Sí, usted es García Sale, dueño de medio La Boca
 
- No, de tres cuartos- sonrió apurando el paso.
 
- Usted tiene decenas de juicios de desalojos en el barrio, como el de este conventillo. ¿Cómo se queda con los conventillos?
 
- Poniéndola- dijo antes de llegar a su auto.
 
- ¿Qué pensás que somos garcas que venimos a usurpar?- me increpó la señorita que lo acompañaba.
 
Yo nunca usé la palabra usurpar. La pregunta apuntaba más que nada a su capacidad económica para comprar tantos inmuebles y en el negocio que debía ser iniciar innumerables juicios de desalojo. Por eso la reacción me sonó extraña, pero no me detuve a analizarla. Ahora, mientras García Sale espera en prisión domiciliaria, vuelvo a escuchar el audio para escribir esta nota. Y entiendo todo.
Una de las familias que aquel 6 de septiembre perdieron todo en el incendio, estaba por ser desalojada. El demandante era García Sale. Entre las propiedades que figuran a su nombre en el Registro de la Propiedad, no existe ninguna en Lamadrid 645.   
 
 
* La investigación incluida en esta nota se realizó con el apoyo del Lincoln Institute Land Policy y el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys).