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martes 8, enero de 2019

Mano dura como única respuesta

Mientras las estadísticas represivas superan todos los récords, el PRO busca correr el foco de la crisis con un combo de medidas punitivas que incluye la baja de la edad de imputabilidad a 15 años, la deportación de migrantes y el uso de pistolas Taser, denunciadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como elemento de tortura.    

 

Mano dura como nica respuesta

A pesar de que las estadísticas, incluso las oficiales, marcan que sólo el 7 por ciento de los delitos fueron cometidos por menores de 16 años, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentará “para el período de sesiones extraordinarias” del Congreso un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 15 años.

El objetivo del Gobierno es llevar a 15 años la edad para condenar a los adolescentes que cometan delitos e instaurar “para todos” un régimen socioeducativo y terapéutico de “tolerancia cero”. 

Desde la red Argentina No Baja, conformada por especialistas y organizaciones sociales, reiteraron la “necesidad de crear un Régimen Penal Juvenil basado en los derechos humanos nada tiene que ver con la idea demagógica y regresiva de bajar la edad de punibilidad”. Y advirtieron que “bajar la edad de punibilidad de los adolescentes constituye una medida que es ineficaz para solucionar la inseguridad, que incluso empeora la situación en vez de resolverla, que es inconstitucional porque es regresiva en términos de derechos humanos, y que culpabiliza a lxs adolescentes de los problemas que deben resolverse con la intervención del Estado social antes que penal”.
 
La funcionaria también confirmó que Cambiemos tiene el objetivo de impulsar en la Justicia la creación de una “cámara migratoria” que estudie los casos de extranjeros que entren en conflicto con la ley argentina, y deban ser expulsados. Y afirmó que el 20% de los presos en la Argentina son inmigrantes.  
 
Un dato por lo menos sesgado, ya que, sólo tuvo en cuenta para el cálculo a los detenidos en cárceles federales, que representan menos del 15%  de los presos que hay en la Argentina.  Si se toma el total de detenidos: 85.283 en el Servicio Penitenciario Provincial y 13.392 del Federal, sólo 7.788 son migrantes, lo que representa menos del 8%.
 
Estos anuncios se dan en un contexto de una fuerte escalada represiva como consecuencia de la profundización de la crisis económica y una brutal transferencia de ingresos hacia los sectores más ricos de la población. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) dio a conocer un adelanto del informe que cada año da cuenta de la represión estatal, y los números del 2018 superan todos los récords de la democracia: el Estado, a través de la represión y la violencia institucional, asesinó durante 2018 a una persona cada 22 horas.