Cuando un conventillo o una vivienda precaria de La Boca se incendia –algo que sucede con mayor frecuencia que en cualquier otro barrio- el fuego golpea fuerte a sus familias. Desde perder hermanos, hijos o madres y quedarse sin techo, hasta ver transformarse en cenizas una partida de nacimiento, una foto o una muñeca. En cualquier caso, la situación queda clavada para siempre en quienes sufren la catástrofe, por lo general, personas cuyos derechos ya vienen siendo vulnerados por un Estado que los ignora.

 

Cada vez que en La Boca hay un incendio la situación de desamparo se repite. Mientras los bomberos apagan el fuego y una vez que se van, los órganos del Gobierno de la Ciudad brillan por su ausencia y cuando están, su respuesta sabe a poco. Con esta experiencia repetida al menos una vez al mes –en 2018 hubo 10 incendios importantes con más de 20 familias afectadas-, la organización La Boca Resiste y Propone planteó su preocupación ante los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat que forman parte de la Mesa de Trabajo interinstitucional en el marco de las Recomendaciones del Tribunal Internacional de Desalojos. Pero la respuesta fue nula. En realidad, lo que dijo la funcionaria Flavia Sleiman, según indicaron desde esa organización, es que ya existe un protocolo y que con él es suficiente.

 

Por eso decidieron salir a juntar firmas para pedirle a la ministra Guadalupe Tagliaferri que se atienda el pedido y se tenga en cuenta la propuesta, que es un primer borrador para empezar a trabajar sobre un programa integral. En la carta, se recuerda que La Boca fue declarado en emergencia urbanística y ambiental por la ley 2.240 lo que demuestra la situación de riesgo constante a la que están expuestas las familias que viven en el barrio.  

 

La respuesta ante un incendio que, por otro parte, el Estado no previno a través de ninguno de sus mecanismos, no puede ser sólo un parador o una vianda. La asistencia debe ser integral, tanto en el corto como en el mediano plazo, y debe garantizar todos los derechos básicos afectados.

 

En ese sentido, la propuesta de Protocolo incluye un primero momento de intervención durante “la urgencia”, donde lo principal sería “organizar a las familias damnificadas en un sector alejado del peligro, donde se le brinde la primera contención como así también información sobre las personas que hayan sido trasladas al hospital, si las hubiere. Además, evaluar lo primero que se necesita en la urgencia como calzado, ropa de abrigo, agua y alimentos”.

 

El protocolo reconoce un segundo momento que es cuando los bomberos o el personal especializado termina su acción. “En este momento se requiere de personal que consideramos debería ser el BAP que puedan además de articular con representantes de organizaciones sociales que conozcan a las familias afectadas en caso de haberse hecho presentes en el lugar, realizar una evaluación de”: dónde van a pasar a la noche las familias; si pueden quedarse en la misma vivienda o en lo de vecinos o familiares, ver si necesitan colchones, sábanas y frazadas (tener en cuenta que además del fuego, el agua de los bomberos también arruina objetos); qué van a comer mientras duren los arreglos de las viviendas; elementos de aseo personal; una muda básica de ropa que les permita pasar el primer día.

 

En ambos momentos, el protocolo señala la imperiosa necesidad de un “equipo especializado de contención emocional de las familias” por toda la angustia que implica un incendio, desde la pérdida de un familiar hasta el de la vivienda y todo lo que puede estar dentro de ella, tanto material como simbólico.

 

En el tercer momento, que es el día después de la emergencia, es necesario que se realice un “seguimiento de la situación de cada grupo familiar en conjunto y articuladamente con los efectores que el mismo Gobierno de la ciudad tiene en el barrio (centros de salud y acción comunitaria, centro social de salud, servicio social zonal, escuelas, etc). Este equipo debería considerar, entre otras cosas, que todos los integrantes de la familia tengan su documentación, que los niños puedan concurrir al colegio con los útiles necesarios y sus docentes estén al tanto de lo ocurrido; que cada grupo familiar cobre la cuota de emergencia del subsidio habitacional, etc.

 

Foto: Acampe en Pedro de Mendoza y Necochea (La Boca) tras incendio en la ex fábrica Zanchetti donde 20 familias quedaron en la calle en 2017.