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martes 5, febrero de 2019

Iron Mountain: cinco años de impunidad

Cinco años después de que el fuego arrasara con el depósito de la calle Azara 1245, los familiares de las 10 víctimas fatales reclaman no ser desplazados de la causa contra 12 funcionarios del gobierno porteño y 5 directivos de la empresa estadounidense. 

 

Iron Mountain: cinco aos de impunidad

En el incendio murieron ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil. La Cámara de Casación Penal tiene que pronunciarse este año sobre un recurso para que la causa no se derrumbe de manera definitiva, sin responsables, como ocurrió con el depósito de Barracas el 5 de febrero de 2014. La apelación va contra un fallo de la sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional que privó a los parientes de los bomberos y personal de Defensa Civil fallecidos de avanzar en las querellas contra los funcionarios del gobierno porteño y de la empresa.

Una de las procesadas fue Vanesa Berkowsky, ex directora general de Fiscalización y Control de la Ciudad, que había sido procesada por el derrumbe en el boliche Beara de Palermo. "Cuando comenzó la investigación se advirtieron fallas muy claras, en el expediente de habilitaciones me llamó la atención el rechazo en seis oportunidades consecutivos de los organismos de Defensa Civil", expresó en comunicación con Frecuencia Zero el ex diputado y dirigente del Partido Obrero Marcelo Ramal, quién siguió muy de cerca el proceso.

La compañía responsable del siniestro que proclama en su página corporativa que desde su fundación en 1951, protege y custodia “documentos empresariales, cintas de backup, archivos electrónicos, información médica y otros activos” tiene procesados a cuatro directivos y al responsable de la empresa de seguridad que contrataba en su depósito. Los restantes son doce funcionarios de mediana o baja jerarquía del gobierno porteño que se desempeñaban en aquel momento.
 
El incendio levantó numerosas sospechas ya que la multinacional tenía documentos y expedientes "relacionados con grandes empresarios extranjeros". "Forma parte de todo el entramado pero quedó afuera de la investigación, había operaciones en el exterior ligadas con grandes depositantes argentinos que terminaban en el edificio pero se dejó de lado", explicó Ramal.
 
El fallo que el 4 de mayo de 2018 firmaron los camaristas Julio Lucini y Mariano González Palazzo –un juez cercano al presidente Mauricio Macri, a quien designó en el Colegio de Árbitros de la AFA cuando estaba en Boca– determinó que dos querellantes, Ricardo José Martínez y Liliana Noemí Maffey, no podían seguir en la causa penal por haber aceptado indemnizaciones.  “Nos quieren sacar de la causa porque las familias cobraron una indemnización que no llegó ni a 500 mil pesos por muerte. Es una vergüenza”, explica el abogado Miguel Arce Aggeo, quien patrocina a los damnificados por el incendio. 
 
Según Rolando Monticelli, padre del fallecido bombero Juan Matías Monticelli, se trata de una estrategia: “Al sacarnos como querellantes lo que buscan es limitar la responsabilidad y evitar el juicio oral”.