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jueves 16, mayo de 2019

El caso de la enfermera expulsada el país llega a la CIDH

Luego de 15 años de residencia en el país la enfermera Vanessa Gómez Cueva fue deportada del en febrero junto a su hijo de 2 años, separada de los mayores de 6 y 14 que permanecen en Argentina y de los que ni siquiera pudo despedirse.  La expulsión se produjo en el marco del endurecimiento de las políticas contra los migrantes del gobierno de Cambiemos y llegó la Comisión Interamericana de DDHH  patrocinada por Amnistía Internacional, el CELS, Cejil y Caref.

 

El caso de la enfermera expulsada el pas llega a la CIDH

Las organizaciones humanitarias solicitaron a la CIDH que disponga una “medida cautelar” que permita el reencuentro de la familia, en el marco de lo establecido en el artículo 25 del reglamento del organismo internacional “ante situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas”. 

 
La expulsión se produjo entre el viernes 1º de febrero y el domingo 3 del mismo mes, cuando la mujer fue detenida llevando en brazos a su hijo menor. En el aeropuerto de Ezeiza, agentes de la Policía Federal, ante su negativa a embarcarse en un avión con destino a Lima, la amenazaron con sacarle al niño y enviarlo, solo, hacia ese país. 
 
Vanessa Gómez Cueva de 33 años, migró a Argentina hace más de 15 años.  Fue condenada a cuatro años de prisión por comercio de estupefacientes en un juicio abeviado. Tras cumplir su condena en 2014, logró reinsertarse en la sociedad. Se recibió de Técnica Superior en Enfermería mientras estudiaba, trabajaba y criaba a sus tres hijxs.
 
Su abogado Juan Martín Villanueva en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), Amnistía Internacional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) enmarcaron el caso “en un contexto regresivo en materia de derechos de las personas migrantes en la Argentina”. La principal regresión es el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/17 con el que se modificó la Ley de Migraciones 25.871.
 
“El DNU estableció un procedimiento sumarísimo que vulnera las garantías procesales y el derecho de defensa. En particular, estableció una limitación a la dispensa por unidad familiar incluida en el artículo 29 de la referida ley”, indicaron. Los cambios que plantea el DNU tienen que ver con acortar plazos a los migrantes que son notificados sobre su expulsión.
 
Además, vincula a los migrantes con la delincuencia al determinar que cualquier tipo de delito, sea grave o no, es motivo suficiente para expulsar a una persona de este país.
 
Fuente: Página 12