El Consejo Consultivo de la Comuna 4 pidió su renuncia. La oposición le pidió explicaciones formales y expresó su profundo repudio. Hasta aquí nada llamativo. El principal problema que tiene Carolina Romero hoy es que ni los propios salieron a respaldarla. Tal vez por la gravedad de sus acciones o, quizás, por las propias internas dentro de su partido, el tema es que tras las denuncias por discriminación y maltrato en su contra ningún funcionario ni miembro de la coalición Cambiemos salió públicamente a defender a la presidenta de la Comuna 4. La mayoría optó por el silencio o la salida elegante. Pero hubo otros que no dudaron en sumar su granito de arena a la ola de indignación. Con estilo, pero lo hicieron.

 

El dato más llamativo fue la aprobación, por unanimidad, de un proyecto de resolución en el que se le pide a Romero que informe sobre los hechos que ocurrieron el 23 de marzo en la plaza Traful de Pompeya. Si bien aún resta que este pedido sea tratado en el recinto de la Legislatura, no es menor que todas y todos los legisladores que conforman la Comisión de Descentralización –oficialistas y opositores- hayan firmado el proyecto. Uno de los diputados porteños que estampó su firma es Jorge Apreda, vicepresidente de la Comisión y antecesor de Romero en la presidencia de la Comuna 4. Es decir, su ex compañero.

 

La aprobación del proyecto de resolución marca otro antecedente: es la primera vez que desde la Comisión se aprueba una solicitud directa para que la presidencia de una Comuna informe sobre un hecho.

 

Concretamente, la iniciativa presentada por Paula Penacca –legisladora por Unidad Ciudadana y presidenta de Descentralización- solicita que Romero informe en el lapso de 30 días de qué se trató el operativo que involucró a puesteros/as y feriantes de la Plaza Traful, quiénes participaron, si ella como presidenta participó y, en caso afirmativo, cuál fue su función específica dentro del operativo. También pide que la presidenta comunal indique si se aplicó algún protocolo de actuación, si se incautó mercadería, por qué y dónde fue llevada, y si resultaron personas heridas. Por último, que señale si el operativo fue informado a los restantes miembros de la Junta y, en ese caso, que adjunte copia de las actas que así lo constaten.

 

Tal como informó Sur Capitalino en su última edición, el sábado 23 de marzo se realizó un operativo en esa plaza de Pompeya donde trabajaba un grupo de vendedores ambulantes. Según quedó registrado en un video que luego se viralizó, la propia Romero forcejeó y arrancó mercadería a los feriantes. Y luego, habría golpeado con una patada y una piña a la hija de una vendedora, de sólo 14 años, quien suplicaba que no le quitaran la mercadería a su mamá “que no roba, sólo trabaja para mantenerme”. Según denunció Hilda, la vendedora, a este periódico, además del maltrato a su hija, la presidenta de la Junta Comunal le gritó “peruana de mierda, vuélvanse a su país”. La denuncia quedó radicada en la Fiscalía 30, donde avanza la causa por “lesiones leves”.

Otra de las denuncias que salieron a la luz semanas atrás, es la que realizó en el INADI el delegado de SUTECBA, Marcelo Kairuz. La presentación se basó en lo sucedido el 1 de junio del año pasado cuando Romero irrumpió en una asamblea de trabajadores que se realizaba en el hall de la sede de Pompeya a raíz de dos despidos. “Yo lo viví en carne propia y por eso la denuncié. Primero señaló a los contratados diciendo a los gritos ‘a vos te echo, a vos te echo’, como si estuviera en una estancia. Cuando le respondí, me trató de ‘negro mierda’ y, como si fuera poco, le dijo a la trabajadora ‘a vos te echo por puta’”, relata Kairuz a Sur Capitalino. Y reflexiona: “Si hizo esto delante de 40 personas es capaz de cualquier cosa”.

 

El 13 de mayo el INADI llamó a dos testigos para ratificar la denuncia del delegado. Las dos personas confirmaron haber presenciado la asamblea y haber escuchado los dichos discriminatorios de la comunera. Uno de los testigos es militante de Cambiemos. 

 

Marcelo Kairuz es congresal del Sindicato SUTECBA y su trabajo gremial es, principalmente, en la Comuna 6. Allí difundió junto a otros compañeros la nota de Sur Capitalino en la que se detallan las denuncias contra Romero. Al cierre de esta edición, dos trabajadores de esa comuna fueron sumariados. El argumento: haber pegado afiches que “atentaron contra el edificio y mobiliario de esta comuna y sobre el buen nombre de la señora presidenta de la comuna 4”. 

 

El sumario a los trabajadores de la Comuna –que habría elaborado el coordinador de la UAC, Sebastián Martínez, y firmado el presidente Hipólito Forno (Unión PRO)- nada dice sobre las denuncias contra Romero por maltrato a empleados ni sobre los contratos a varios familiares directos que realizó la presidenta de la Comuna apenas asumió su cargo.

 

El que sí habló de estas contrataciones fue Facundo Carrillo, secretario de Gestión y Atención Ciudadana de la Ciudad, quien al ser consultado por Sur Capitalino opinó: “El presidente Macri decretó la no contratación de familiares directos en los organismos nacionales y el Gobierno de la Ciudad convalidó y adoptó esa decisión también. Nos parece una sana decisión para la administración pública”. Esta discreta toma de posición es otra demostración de las dificultades que tienen los funcionarios oficialistas para respaldar los actos de Carolina Romero. Carrillo fue más cuidadoso en relación a las denuncias de maltrato y discriminación que pesan sobre la comunera. Su estrategia, en ese sentido, fue despegarse y acudir a la legalidad:  “Como funcionarios tenemos que ser respetuosos de las instituciones y atenernos al estricto cumplimiento de la ley. Son los organismos receptores de esas denuncias los que deben investigar las conductas reportadas y pronunciarse”, señaló quien encabeza el área que hace de nexo entre las comunas y el Ejecutivo. Carrillo también aclaró que “los presidentes y las juntas comunales son elegidas por los vecinos y el Ejecutivo en este sentido no puede intervenir o revocar el mandato”. Los órganos competentes para hacerlo en caso de verificar anomalías, dijo, son la Legislatura o el Tribunal Superior de Justicia. 

 

El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, tampoco se inmoló por su comunera. En uno de sus últimos encuentros con vecinos de Barracas, Sur Capitalino le consultó por las denuncias contra Romero. Con ella sentada a su lado, el intendente dijo desconocer de qué hablábamos. Tampoco le pasó el micrófono (ver Editorial en pág. 2).    

 

Tal como lo hace cada mes, el 24 de abril se reunió en la sede del Comedor Infantil Pequeños Camioneritos, en La Boca, el Consejo Consultivo de la Comuna 4. Uno de los temas de la reunión fue, justamente, la propuesta de un grupo de vecinos de pedir la renuncia a Carolina Romero por sus reiterados actos de maltrato y discriminación. Los 40 vecinos y vecinas presentes, y los miembros de diversas organizaciones políticas y sociales de la Comuna, coincidieron en levantar la mano para pedir que Romero abandone su cargo. Entre ellos, algunos militantes PRO.