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sábado 15, junio de 2019

Un paso (lento)

De las 1334 familias de la villa 21-24 que deben ser relocalizadas por orden de la Corte Suprema, sólo fueron mudadas unas 350. Al incumplimiento de los plazos se suma que actualmente no existen viviendas, ni construidas ni en construcción, para ubicar a todas las familias que faltan. La Defensoría General calcula en 700 este déficit.  Por Martina Noailles / Foto: Fb Fundaciòn Temas

Un paso (lento)

“No pasar frío”, responde Elisa cuando le pregunto qué es lo que más le gusta de su nueva casa. “El agua caliente”, asegura Diana cansada de tener que calentar en una olla el agua que le dejaba un camión cisterna porque de su canilla no salía ni una gota. Para Demetria, lo mejor es la sala, “amplia, con luz y sin humedad”. Las tres están estrenando mucho más que un nuevo hogar. Para estas mujeres y sus familias la mudanza al complejo Ribera Iguazú significa, principalmente, revertir la vulneración de derechos que sufrieron durante décadas. Pero este profundo cambio en la calidad de sus vidas debería haber llegado hace tiempo, si los gobiernos de la Ciudad hubieran cumplido en tiempo y forma con la condena que  impuso la Corte Suprema de Justicia en 2008. Y debería, además, haber alcanzado ya –y como mínimo- a las 1334 familias censadas en 2010 en el camino de sirga de la villa 21-24. Sin embargo, todavía quedan más de mil por relocalizar. Y lo que es peor aún, actualmente no existen viviendas disponibles para toda esa cantidad de personas. El resultado: cientos de niños, niñas, mujeres, adultos mayores, que deberán seguir esperando, con sus derechos vulnerados, que el Estado se digne a cumplir con el fallo judicial.

 
Así lo confirma el defensor general adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella, quien viene acompañando desde el inicio el proceso judicial: “A 11 años de la sentencia creemos que esto es insuficiente. Estimamos que, a pesar de las obras que se están realizando, el déficit de viviendas para relocalizar a las familias afectadas en la 21-24 es de 700”. Por este motivo, Duacastella considera que lo que se ofrece como una alternativa para las familias es, en realidad, una decisión del IVC: “Al no haber un stock de viviendas adecuado para relocalizar, las alternativas que se les ofrecen a los vecinos son mejoramiento de sus viviendas o de otras, o créditos. Por lo que no son alternativas, son definiciones”.
 
El defensor adjunto se refiere a la falta de soluciones habitacionales para las más de mil familias que aún esperan ser relocalizadas. Es que el Gobierno porteño tiene actualmente en construcción cuatro complejos de viviendas: el de Osvaldo Cruz y Luna, el de Alvarado, otro pequeño en la calle Valparaiso –en la Comuna 8- y el último en el predio de la ex Tacconi. Pero aún con todas estas viviendas terminadas, más las 100 que quedan inaugurar en Ribera Iguazú, la Defensoría General calcula que quedarían sin respuesta unas 700 familias. Es decir un 50% de las que deben ser relocalizadas.
 
Las que sí
Elisa, Diana y Demetria son las jefas de tres familias que en la última relocalización se mudaron al complejo que, en la 21-24, se conoce como Mundo Grúa. Sus luchas –junto con las de sus vecinos y vecinas, delegados y organizaciones- lograron que los camiones de esta mudanza sólo tuvieran que recorrer tres cuadras. Seguir en el barrio es fundamental para no sufrir desarraigo, para que sus hijos e hijas puedan continuar asistiendo a las mismas escuelas, los mismos centros de salud y hasta los mismos comedores que, a muchos, les permiten cubrir las cuatro comidas diarias. 
 
Las tres mujeres vivían, junto con sus familias, en San Blas, un sector de la villa donde -igual o incluso peor que en otras zonas del barrio- los servicios más elementales fueron y aún son una utopía. La falta de agua potable, de cloacas, de luz eléctrica y de gas repercute día a día en los cuerpos de quienes habitan este borde sur de la Ciudad.
 
“Con la chapa te entra frío y humedad por todos lados. A mi a los 38 años me agarró una neumonía doble y casi casi… ‘La próxima no la pasás’ me dijo el médico”, relata Elisa, 3 hijos, 40 años y 12 viviendo en la casa que ahora es una pila de escombros. El terreno lo había comprado en 2007 para dejar de alquilar en otro sector de la villa. Para resolver la ausencia de cloacas, cavaron un pozo ciego en el fondo. Y para paliar la falta de agua, compraron un caño y lo conectaron con otro que pasaba por la calle Iguazú. Un día, hace tres años, dejó de salir agua. Cuando buscaron el motivo no lo podían creer: la empresa que estaba construyendo el complejo donde ahora vive, estaba “tomando prestado” agua de su caño para la obra. “Siempre fuimos los olvidados del Estado. Con 37 grados de calor, nos cargaban medio tanque que teníamos que administrar para 5 personas. Así fue que me hice delegada”, recuerda ahora desde su flamante hogar en el edificio F. Su departamento está en el último piso porque Elisa así lo pidió. “Estoy cursando Derecho en la UNDAV y necesito estudiar. Cuando vivís en la villa hay chicos en el pasillo y gatos en los techos a toda hora. Necesitaba silencio”.
 
Diana tiene 25 años y vive en la villa desde que tiene memoria. En la última casa vivía con su hijo de 7 años, su mamá y sus hermanos. “Tres familias, todos juntos y apretados”, reconoce. Además, recuerda que vivir en ese sector donde el barrio se cae al Riachuelo no es nada fácil: “La contaminación, sin agua ni cloaca, y la luz que se corta todo el tiempo… todo es muy complicado”, dice y enseguida se le aparecen las imágenes del reparto de sachetes y de camiones cargando tanques. En la manzana donde habitaban, el agua no salía de la canilla pero sí se acumulaba estanca en sus calles de tierra. Seguramente allí crecieron las larvas del mosquito que contagió de dengue a Graciela, su mamá. Fue en el verano de 2018: “Tardaron en detectarme, me medicaron como gripe y me mandaron a mi casa. El dengue casi me mata. Estuve como 20 días en una habitación, aislada… bajé casi 10 kilos. Pero salí”, dice con alivio Graciela, quien ahora se convirtió en vecina de dos de sus cinco hijas, con su propio departamento en Mundo Grúa.
 
Las dos sienten su nuevo hogar como “algo inexplicable, hermoso”. El agua caliente, la estufa, la luz del sol. “Un cambio total para toda la familia”, resumen.
 
Como muchas de las mujeres que se mudaron del camino de sirga a Ribera Iguazú, Graciela y Diana están desocupadas. A Graciela la echaron de la fábrica textil donde trabajó durante más de dos años, en negro, en Tapiales. Tuvo que faltar muchos días para concretar la adjudicación de la vivienda y sus patrones no lo comprendieron. Hoy busca un nuevo empleo mientras cobra 2 mil pesos del programa Ciudadanía Porteña. Si bien Graciela no deberá pagar el departamento a donde fue relocalizada por su situación de vulnerabilidad, sí tendrá que pagar mes a mes el costo de las expensas, y las facturas de luz, gas y agua. En su caso, y el de muchas otras familias, no será un tema sencillo de afrontar. Por eso, en las mesas de trabajo que reúne a representantes de vecinos con los diversos organismos que intervienen en este proceso, la problemática de las tarifas suele ocupar un lugar especial. Por ahora, no existe un plan especial para las familias relocalizadas.
 
Para Demetria también es una preocupación. Con seis hijos, llegó de Paraguay junto a su marido en 2008 para hacerse un tratamiento por enfermedad. Y al final se quedaron. A poco de comprar a metros del río, les comentaron que como la construcción estaba dentro de los 35 metros de la sirga, debían ser relocalizados. Pero siempre creyeron que era “todo político” y que ese día nunca iba a llegar. Hoy, a los 45 años y con tres de sus seis hijos aún viviendo con ella, la mudanza llegó. Su hijo Fernando tiene 16 y es asmático. Por eso, para Demetria no sólo es fundamental tener el agua y la luz que le faltaban en San Blas. Salir de la eterna humedad, era la prioridad. “Lo que más me gusta es todo –se ríe-. La sala es amplia, tiene mucha luz, el baño está buenísimo, el agua caliente… te cambia todo. Por eso el día que me confirmaron ‘te mudás’ me puse a llorar otra vez”.       
 
Los que no
En lo que va del año, el Gobierno porteño relocalizó a Ribera Iguazú a 192 familias, 64 en enero y 128 en mayo. El complejo tiene cinco módulos con un total de 320 departamentos. Aún hay tres edificios que no fueron entregados porque se les está haciendo un recubrimiento (sading), necesario luego de la estafa que realizó la empresa Tower Construcciones, contratada por el IVC en 2011, que no cumplió con la licitación para construir 128 viviendas en 100 días. Si las obras se agilizan, estos departamentos deberían estar listos antes de fin de año. También podrían entregarse en este 2019 las viviendas de Osvaldo Cruz y Luna (que se construyeron sin la participación de los vecinos) y de Valparaiso (en Comuna 8). Así y todo, se está lejísimo de la promesa que hizo el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en la apertura del período ordinario de sesiones de 2018, cuando señaló en la Legislatura que su objetivo era que antes de 2020 no quede ninguna familia en la vera del Riachuelo. La promesa, además, no podrá ser cumplida porque ni siquiera se licitaron las obras para construir el resto de las viviendas que se necesitan para terminar con la reubicación de las 1334 familias censadas en 2010.
 
Por todo esto, si bien la mudanza a Mundo Grúa es motivo de festejo ya que mejora la calidad de vida de 128 familias, no deja de ser un pequeño paso en un camino en el que la meta parece alejarse día a día.
 
“No pasar frío”, responde Elisa cuando le pregunto qué es lo que más le gusta de su nueva casa. “El agua caliente”, asegura Diana cansada de tener que calentar en una olla el agua que le dejaba un camión cisterna porque de su canilla no salía ni una gota. Para Demetria, lo mejor es la sala, “amplia, con luz y sin humedad”. Las tres están estrenando mucho más que un nuevo hogar. Para estas mujeres y sus familias la mudanza al complejo Ribera Iguazú significa, principalmente, revertir la vulneración de derechos que sufrieron durante décadas. Pero este profundo cambio en la calidad de sus vidas debería haber llegado hace tiempo, si los gobiernos de la Ciudad hubieran cumplido en tiempo y forma con la condena que impuso la Corte Suprema de Justicia en 2008. Y debería, además, haber alcanzado ya –y como mínimo- a las 1334 familias censadas en 2010 en el camino de sirga de la villa 21-24. Sin embargo, todavía quedan más de mil por relocalizar. Y lo que es peor aún, actualmente no existen viviendas disponibles para toda esa cantidad de personas. El resultado: cientos de niños, niñas, mujeres, adultos mayores, que deberán seguir esperando, con sus derechos vulnerados, que el Estado se digne a cumplir con el fallo judicial.
 
Así lo confirma el defensor general adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella, quien viene acompañando desde el inicio el proceso judicial: “A 11 años de la sentencia creemos que esto es insuficiente. Estimamos que, a pesar de las obras que se están realizando, el déficit de viviendas para relocalizar a las familias afectadas en la 21-24 es de 700”. Por este motivo, Duacastella considera que lo que se ofrece como una alternativa para las familias es, en realidad, una decisión del IVC: “Al no haber un stock de viviendas adecuado para relocalizar, las alternativas que se les ofrecen a los vecinos son mejoramiento de sus viviendas o de otras, o créditos. Por lo que no son alternativas, son definiciones”.
El defensor adjunto se refiere a la falta de soluciones habitacionales para las más de mil familias que aún esperan ser relocalizadas. Es que el Gobierno porteño tiene actualmente en construcción cuatro complejos de viviendas: el de Osvaldo Cruz y Luna, el de Alvarado, otro pequeño en la calle Valparaiso –en la Comuna 8- y el último en el predio de la ex Tacconi. Pero aún con todas estas viviendas terminadas, más las 100 que quedan inaugurar en Ribera Iguazú, la Defensoría General calcula que quedarían sin respuesta unas 700 familias. Es decir un 50% de las que deben ser relocalizadas.
 
Las que sí
Elisa, Diana y Demetria son las jefas de tres familias que en la última relocalización se mudaron al complejo que, en la 21-24, se conoce como Mundo Grúa. Sus luchas –junto con las de sus vecinos y vecinas, delegados y organizaciones- lograron que los camiones de esta mudanza sólo tuvieran que recorrer tres cuadras. Seguir en el barrio es fundamental para no sufrir desarraigo, para que sus hijos e hijas puedan continuar asistiendo a las mismas escuelas, los mismos centros de salud y hasta los mismos comedores que, a muchos, les permiten cubrir las cuatro comidas diarias. 
 
Las tres mujeres vivían, junto con sus familias, en San Blas, un sector de la villa donde -igual o incluso peor que en otras zonas del barrio- los servicios más elementales fueron y aún son una utopía. La falta de agua potable, de cloacas, de luz eléctrica y de gas repercute día a día en los cuerpos de quienes habitan este borde sur de la Ciudad.
 
“Con la chapa te entra frío y humedad por todos lados. A mi a los 38 años me agarró una neumonía doble y casi casi… ‘La próxima no la pasás’ me dijo el médico”, relata Elisa, 3 hijos, 40 años y 12 viviendo en la casa que ahora es una pila de escombros. El terreno lo había comprado en 2007 para dejar de alquilar en otro sector de la villa. Para resolver la ausencia de cloacas, cavaron un pozo ciego en el fondo. Y para paliar la falta de agua, compraron un caño y lo conectaron con otro que pasaba por la calle Iguazú. Un día, hace tres años, dejó de salir agua. Cuando buscaron el motivo no lo podían creer: la empresa que estaba construyendo el complejo donde ahora vive, estaba “tomando prestado” agua de su caño para la obra. “Siempre fuimos los olvidados del Estado. Con 37 grados de calor, nos cargaban medio tanque que teníamos que administrar para 5 personas. Así fue que me hice delegada”, recuerda ahora desde su flamante hogar en el edificio F. Su departamento está en el último piso porque Elisa así lo pidió. “Estoy cursando Derecho en la UNDAV y necesito estudiar. Cuando vivís en la villa hay chicos en el pasillo y gatos en los techos a toda hora. Necesitaba silencio”.
 
Diana tiene 25 años y vive en la villa desde que tiene memoria. En la última casa vivía con su hijo de 7 años, su mamá y sus hermanos. “Tres familias, todos juntos y apretados”, reconoce. Además, recuerda que vivir en ese sector donde el barrio se cae al Riachuelo no es nada fácil: “La contaminación, sin agua ni cloaca, y la luz que se corta todo el tiempo… todo es muy complicado”, dice y enseguida se le aparecen las imágenes del reparto de sachetes y de camiones cargando tanques. En la manzana donde habitaban, el agua no salía de la canilla pero sí se acumulaba estanca en sus calles de tierra. Seguramente allí crecieron las larvas del mosquito que contagió de dengue a Graciela, su mamá. Fue en el verano de 2018: “Tardaron en detectarme, me medicaron como gripe y me mandaron a mi casa. El dengue casi me mata. Estuve como 20 días en una habitación, aislada… bajé casi 10 kilos. Pero salí”, dice con alivio Graciela, quien ahora se convirtió en vecina de dos de sus cinco hijas, con su propio departamento en Mundo Grúa.
 
Las dos sienten su nuevo hogar como “algo inexplicable, hermoso”. El agua caliente, la estufa, la luz del sol. “Un cambio total para toda la familia”, resumen. Como muchas de las mujeres que se mudaron del camino de sirga a Ribera Iguazú, Graciela y Diana están desocupadas. A Graciela la echaron de la fábrica textil donde trabajó durante más de dos años, en negro, en Tapiales. Tuvo que faltar muchos días para concretar la adjudicación de la vivienda y sus patrones no lo comprendieron. Hoy busca un nuevo empleo mientras cobra 2 mil pesos del programa Ciudadanía Porteña. Si bien Graciela no deberá pagar el departamento a donde fue relocalizada por su situación de vulnerabilidad, sí tendrá que pagar mes a mes el costo de las expensas, y las facturas de luz, gas y agua. En su caso, y el de muchas otras familias, no será un tema sencillo de afrontar. Por eso, en las mesas de trabajo que reúne a representantes de vecinos con los diversos organismos que intervienen en este proceso, la problemática de las tarifas suele ocupar un lugar especial. Por ahora, no existe un plan especial para las familias relocalizadas.
 
Para Demetria también es una preocupación. Con seis hijos, llegó de Paraguay junto a su marido en 2008 para hacerse un tratamiento por enfermedad. Y al final se quedaron. A poco de comprar a metros del río, les comentaron que como la construcción estaba dentro de los 35 metros de la sirga, debían ser relocalizados. Pero siempre creyeron que era “todo político” y que ese día nunca iba a llegar. Hoy, a los 45 años y con tres de sus seis hijos aún viviendo con ella, la mudanza llegó. Su hijo Fernando tiene 16 y es asmático. Por eso, para Demetria no sólo es fundamental tener el agua y la luz que le faltaban en San Blas. Salir de la eterna humedad, era la prioridad. “Lo que más me gusta es todo –se ríe-. La sala es amplia, tiene mucha luz, el baño está buenísimo, el agua caliente… te cambia todo. Por eso el día que me confirmaron ‘te mudás’ me puse a llorar otra vez”.       
 
Los que no
En lo que va del año, el Gobierno porteño relocalizó a Ribera Iguazú a 192 familias, 64 en enero y 128 en mayo. El complejo tiene cinco módulos con un total de 320 departamentos. Aún hay tres edificios que no fueron entregados porque se les está haciendo un recubrimiento (siding), necesario luego de la estafa que realizó la empresa Tower Construcciones, contratada por el IVC en 2011, que no cumplió con la licitación para construir 128 viviendas en 100 días. Si las obras se agilizan, estos departamentos deberían estar listos antes de fin de año. También podrían entregarse en este 2019 las viviendas de Osvaldo Cruz y Luna (que se construyeron sin la participación de los vecinos) y de Valparaiso (en Comuna 8). Así y todo, se está lejísimo de la promesa que hizo el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en la apertura del período ordinario de sesiones de 2018, cuando señaló en la Legislatura que su objetivo era que antes de 2020 no quede ninguna familia en la vera del Riachuelo. La promesa, además, no podrá ser cumplida porque ni siquiera se licitaron las obras para construir el resto de las viviendas que se necesitan para terminar con la reubicación de las 1334 familias censadas en 2010.
 
Por todo esto, si bien la mudanza a Mundo Grúa es motivo de festejo ya que mejora la calidad de vida de 128 familias, no deja de ser un pequeño paso en un camino en el que la meta parece alejarse día a día.