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martes 18, febrero de 2020

Impulsan la emergencia habitacional en la ciudad

Frente a la inminente ejecución de 250 desalojos y con cifras que ascienden  a siete mil personas en situación de calle, los legisladores del Frente para la Victoria se reunieron con el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor y  autoridades de distintos organismos públicos para impulsar la declaración de la emergencia habitacional. 

 

Impulsan la emergencia habitacional en la ciudad

Los legisladores denunciaron que en la ciudad “no se cumple el derecho al acceso a una vivienda digna a pesar de que está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales”. "Esta situación es inadmisible en una ciudad con un presupuesto varias veces mayor a cualquier provincia o distrito. Solo con una buena gestión y empatía con el que sufre se puede resolver este problema", explicaron 

 
De la reunión participaron los legisladores  Claudio Ferreño (Presidente del Bloque), Javier Andrade, María Bielli,  Lucía Cámpora, Ofelia Fernández, Claudio Morresi, Lorena Pokoik, Cecilia Segura,  Manuel Socias, Juan Manuel Valdes y Laura Velasco, el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor; el Defensor General, Horacio Corti: el Asesor Tutelar, Gustavo Moreno; la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Mariana Gigliardi; y el Auditor General, Lisandro Teszkiewicz.
 
Además de las 7251 personas en situación de calle (de los cuales casi 900 son niños), en la Ciudad la problemática del acceso a la vivienda también incluye la “insuficiencia” de los subsidios habitacionales, que actualmente es de entre 5 y 8 mil pesos para cada familia, el “proceso de inquilinización con el incremento de las personas que viven en hoteles e inquilinatos”; la “imposibilidad del acceso al crédito” para la vivienda y el vaciamiento de los programas del Instituto de Vivienda.
 
La declaración de emergencia significaría en los hechos la suspensión de los desalojos por un año. Además, estipula la participación obligatoria del Gobierno en todas las subastas judiciales de inmuebles, la modificación del fondo “hábitat sustentable” y la creación de un nuevo programa de alojamiento transitorio directo a familias en situación de calle.