El juez Andrés Gallardo, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2, dictó una medida cautelar según la cual el Gobierno de la Ciudad deberá entregar un dispositivo informático adecuado a todos aquellos estudiantes que concurren a establecimientos educativos de gestión pública (o de gestión privada con cuota cero) que se encuentren en situación de vulnerabilidad social para que puedan realizar las clases virtuales. 

También ordena instalar en todas las villas porteñas equipos de transmisión de internet inalámbrica, similares a los que actualmente se encuentran en plazas y espacios públicos, para garantizar la conectividad inalámbrica libre.  En los casos que esto no sea posible, deberá entregar un dispositivo móvil con línea de datos que permita el acceso a internet a cada grupo familiar integrado por niños, niñas y/o adolescentes que concurren a establecimientos educativos de nivel primario.

Aunque el Gobierno porteño intento recusar el amparo, la Cámara de Apelaciones lo rechazó y el juzgado a cargo hizo lugar al pedido de ACIJ, que tuvo como antecedente una demanda iniciada por la Asesoría Tutelar, a la que se sumaron la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y vecinas y vecinos afectados.

Desde ACIJ, consideraron que: “Por un lado, el cumplimiento por parte del GCBA de las medidas cautelares dispuestas será un paso fundamental para revertir la desigualdad que actualmente sufren los sectores más desfavorecidos de la Ciudad para acceder a la educación a distancia mientras dure la emergencia derivada del COVID19; y, por otra parte, una sentencia judicial de esta magnitud es un antecedente fundamental para toda América Latina en cuanto a las obligaciones estatales de brindar conectividad a Internet para que los grupos vulnerabilizados puedan ejercer adecuadamente otros derechos humanos”.