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viernes 31, julio de 2020

La Justicia ratific├│ la ilegalidad del edificio Astor

La Justicia confirmó la sentencia de primera instancia y estableció que el edificio Astor San Telmo, ubicado en Caseros y Bolivar, no respeta las alturas máximas permitidas por la normativa de la Ciudad para las construcciones dentro del casco histórico. El Gobierno porteño había autorizado a construir a 30 metros de altura, cuando lo máximo permitido son 22.

 

La Justicia ratificˇ la ilegalidad del edificio Astor

La Sala ll de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario rechazó las apelaciones que presentaron el gobierno porteño y la empresa TGLT, compañía que se fusionó con la constructora Caputo, en el marco de la causa impulsada por la Asociación Civil Basta De Demoler, el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) y la Asociación Vecinal Casco Histórico Protege.

 
Las organizaciones habían logrado detener la construcción a raíz de un amparo que denunciaba el incumplimiento de la normativa vigente y, el año pasado, finalmente la Justicia porteña declaró ilegal la construcción del edificio Astor San Telmo.
 
El 8 de noviembre, el juez Pablo Mantaras, titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 3, dictó un fallo de primera instancia en el que dispuso la paralización de los trabajos constructivos y ordenó la reformulación del proyecto edilicio para la obtención de un nuevo permiso de obra.
 
El gobierno porteño había autorizado a TGLT a construir un edificio de 29,3 metros de altura, cuando las alturas previstas para la zona indican 13 metros sobre la calle Bolivar y 22 metros sobre Caseros.
 
El presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, declaró que "en la Ciudad existe una práctica sistemática por parte de la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) para autorizar emprendimientos inmobiliarios violando el Código de Planeamiento Urbano con el único objetivo de permitir una mayor capacidad constructiva en los inmuebles y ganancias para los desarrolladores inmobiliarios sin considerar los derechos ambientales y culturales de los porteños”.
 
Fuente:Página 12