“Separados pero unidos”, podría ser el lema de algún spot publicitario. Pero en este caso, es la frase que más define la reacción de todos les integrantes de la comunidad educativa del Distrito Escolar 4 y 5, en La Boca y Barracas, y de la Ciudad en general, ante el intento del Gobierno porteño de retomar las clases presenciales sólo para los y las alumnas de los barrios más pobres que no pudieron, hasta este momento, conectarse con sus docentes por falta de equipamiento y de conectividad.

Aún desde la virtualidad que impone la pandemia, las distintas aristas que componen a la escuela como institución coincidieron en el rechazo y sus voces fueron claves para que el ministro de la Nación Nicolás Trotta finalmente no aprobara el protocolo presentado por Ciudad. “No hubo nada para discutir. En lugar de acercar la escuela a las casas, buscaron poner en peligro a los chicos, intentando llevarlos a la escuela dentro de este momento de la pandemia”, explica Silvia Benvenuto. Como directora de la Escuela Nº2 del DE 4 es una de las firmantes de la carta que todas y todos los directores de las escuelas de los distritos 4 y 5 les enviaron a los ministerios de Educación de Nación y de Ciudad. 

“Supervisores, directivos, docentes, personal no docente, cooperadoras, centros de estudiantes, padres/madres, referentes del barrio como el Padre Toto De Vedia e incluso médicos del Área Programática del Hospital Argerich, todos coincidimos en que no se podía llevar a cabo lo que estaban planteando, y que el objetivo debía ser siempre proteger a nuestro alumnado y sus familias del riesgo”, agrega la directora del colegio de La Boca.

El texto explicitó los motivos de la firme negativa a cumplir con lo que la Ciudad –en cabeza de Horacio Rodríguez Larreta y su ministra Soledad Acuña- intentaba imponer: “La desigualdad educativa para los niños sin conexión o con conexión intermitente no se resuelve ni estigmatizando ni exponiendo a quienes menos tienen a riesgos sanitarios enviándolos a conectarse a la escuela. La solución es poseer dispositivos y conexión y esto se resuelve con políticas públicas que equiparan condiciones y garantizan derechos. No apoyaremos ninguna gestión tendiente a señalar a estos niños. No tener acceso a la conectividad no es un problema de aprendizaje es un derecho”.

Para la directora de la escuela del Distrito 4, “el protocolo era de imposible cumplimiento”. “Es inviable asistir a un chico/a a dos metros de distancia y con la máscara puesta. Además pedían que se aísle en un rincón, solo, a un menor que manifieste o se le detecten síntomas. O no se tenía en cuenta el desborde que vive el SAME a la hora de plantear una hipotética necesidad de llamar a la emergencia, todas cosas indispensables”, explica.

Desde la Villa 21, una de las zonas donde la desigualdad en el acceso a Internet volvió a quedar en evidencia en estos cinco meses, Jordana Secondi hace un planteo similar. “Era inexplicable lo que querían hacer. La idea de un cyber en la escuela no es ni de cerca una propuesta pedagógica, ni viene a resolver ni de cerca los problemas que estas instituciones estamos atravesando en estas dificultades de la presencialidad. Sin conexión, ni dispositivos adecuados, no se puede llevar adelante experiencias significativas e igualitarias”, indica Secondi, directora de la Escuela Nº6 del DE 5.

A la falta de necesidades básicas de estos niños y niñas se le suma su consecuencia en la salud, otro elemento para desalentar su concurrencia a las aulas en plena crisis sanitaria. Silvia Benvenuto señala al respecto que “por la contaminación ambiental y la cercanía del Riachuelo, nuestros pibes suelen tener más problemas bronquiales y respiratorios de base”, lo que los convierte en pacientes de mayor riesgo ante la posibilidad de contraer el Covid-19. Y que por ello muchos padres y madres habían adelantado que no harían concurrir a sus hijos aún en el caso de que el plan avance.

Pero el rechazo trascendió también al ámbito escolar. Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad se destacó que la intención del Gobierno porteño no tenía tampoco justificativo económico. Según el ODC, este proyecto tenía estipulado un gasto cercano a los 32 millones de pesos solamente en dispensers de alcohol en gel y máscaras de protección. Esto equivale a lo que cuesta comprar 3200 tablets que permitan que parte de la población sin acceso a internet tenga mejores condiciones para realizar la llamada “continuidad pedagógica” en pandemia.

Además, desde lo legal, desde el Observatorio enfatizaron que la gestión de Rodríguez Larreta incumple la medida cautelar que le exige que otorgue “inmediatamente” los dispositivos electrónicos y el servicio de Internet a los y las alumnas identificadas como “desconectadas”.  

Pero esta reseña no debe escribirse en pasado, sino en presente. Al cierre de esta edición, el 31 de agosto, el Gobierno de la Ciudad redobló la apuesta y envió una nueva carta a los/as directivos. Se trata de un “protocolo en revisión permanente”, que busca aclarar que no propone una “vuelta a clases presenciales”, sino “una de las tantas actividades que se vienen implementando para asegurar la continuidad pedagógica”.

El texto se arriesga a poner fecha, y promete entre el 7 y 21 de septiembre incluir a los/as 9510 estudiantes. La comunidad educativa dice que seguirá resistiendo, manteniendo sus argumentos. El final no está dicho.