Desde 2007, los vecinos y las vecinas de la Villa 21-24 denuncian la grave situación de riesgo eléctrico que existe en el barrio y que ya tuvo consecuencias fatales. Le reclaman al Gobierno porteño que tome medidas integrales para garantizar la calidad y seguridad en la prestación del servicio.

“Se da una situación de injusticia y discriminación con respecto al resto de la Ciudad. Los vecinos hace muchos años que se vienen organizando y reclamando cuestiones vinculadas a los servicios públicos y a una urbanización integral del barrio. Porque el riesgo eléctrico se inscribe dentro de ese contexto, donde el Estado de la Ciudad ha estado y está ausente”, indicó el Defensor a cargo de la Unidad Especializada en Procesos de Urbanización e Integración Social, Ramiro Dos Santos Freire.

La causa se inició hace 14 años y, ante la falta de respuesta a los reclamos e informes presentados, el Ministerio Público de la Defensa y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) iniciaron un amparo colectivo contra el Gobierno de la Ciudad para solicitar que se le ordene diseñar y ejecutar un plan integral que asegure el acceso adecuado, seguro, suficiente y continúo del servicio de energía eléctrica en el barrio.   A fines de 2018 el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad confirmó lo resuelto por la Cámara, ordenó al GCBA elaborar e implementar el plan integral de prestación y mantenimiento del servicio de energía eléctrica para la Villa 21-24, que debía ser cumplido dentro de un plazo de 105 días hábiles, plazo que no se cumplió.

En 2019 se conformó la mesa de trabajo con presencia de la junta comunal, vecinos y vecinas, organizaciones del barrio, ACIJ y el MPD para debatir la grave situación ante los sucesivos siniestros y el fallecimiento de personas. Tres años después, la Defensa Pública volvió a denunciar el incumplimiento por parte del GCBA. Un relevamiento del MPD demostró que la intervención de la administración —incompleta y deficitaria— sólo se había centrado en un sector del barrio, denominado «Tierra Amarilla”. El informe dejó a la vista que, con el ritmo de trabajo implementado, las tareas se terminarían en 47 años.

“Está en riesgo nuestras vidas, la posibilidad de poder caminar sin morir electrocutado por una mala conexión o porque los cables de alta tensión se encuentran a una altura irregular, rozando las chapas y las losas o porque, simplemente, caminando por los pasillos, calles y plazas, se nos caen los postes de luz”, explicó Eva Alarcón, vecina del barrio.

Para el MPD, esta nueva resolución del Tribunal, implica un paso más hacia la integración del barrio a la ciudad y al acceso a la justicia de quienes viven en los barrios populares porteños. El plan deberá contemplar los informes técnicos elaborados por el ENRE y las recomendaciones efectuadas por el perito ingeniero y el equipo de profesionales del MPD. Además, incorpora la participación ciudadana. 

 

Fuente: Tiempo Argentino