Hace 15 años la Corte definió responsabilidades, estableció plazos y generó la expectativa de una mejor vida en los barrios de la cuenca, aquellos que surgieron en los peores terrenos de la ciudad, aquellos que fueron habitados por quienes nunca tuvieron los derechos garantizados.

En Villa 21-24 eran 1334 familias las que vivían a orillas del Riachuelo en el 2011, cuando se realizó el censo del Camino de Sirga. Es decir, de los 35 metros más cercanos al río. Esas eran las familias que debían ser “erradicadas” por orden de uno de los primeros jueces que la Corte Suprema eligió para dar inicio a la ejecución de la sentencia.

“No habrá desalojos sin viviendas” gritó el barrio y levantó la bandera de la primera reivindicación en esta lucha: el derecho a una vivienda digna y un ambiente sano. Porque siempre supimos que el hábitat y la vivienda son los principales determinantes de la salud y entendimos al fallo Mendoza como una oportunidad para hacer valer esos derechos. Supimos también, desde el inicio, que la causa no priorizaba a las personas que vivían en la cuenca porque ni siquiera fueron consideradas parte formalmente.

Hoy, luego de 15 años podemos relatar un largo derrotero de destratos, violencias, incumplimientos, negligencias y corruptela. Pero que nunca claudicó la lucha de quienes, al parecer, somos los únicos interesados en que se cumpla con la manda judicial.

A decir por la cantidad de funcionarios que han pasado por los diferentes organismos demostrando incapacidad, desidia y una profunda irresponsabilidad en el cumplimiento de sus funciones y de sus obligaciones como condenados por el que debería ser el máximo órgano de administración de Justicia de nuestro país.

Mientras la sociedad espera, ellos juegan al “expediente”. Por un lado el Gobierno de la Ciudad con el Instituto de la Vivienda, (IVC), la Unidad de Gestión de Intervención Social (DGGIS ex UGIS), la Secretaria de Desarrollo Urbano (SDU), la Dirección General de Gestión Metropolitana. También la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), AySA. Es decir, decenas de organismos con miles de trabajadores y abultados presupuestos. Y por el otro lado, juzgados de ejecución que no ejecutan y una Corte Suprema que no tiene idoneidad técnica ni voluntad política para hacer cumplir lo que el mismo tribunal decidió al responder a la denuncia de la valiente Beatriz Mendoza.

En esta causa me animaría a asegurar que, en estos 15 años, se ha invertido más en financiar el aparato estatal que la sostiene que en recomponer el daño ambiental, la salud de las personas y mejorar la calidad de vida de las familias que viven sobre la cuenca.

Tal como alerta el Cuerpo Colegiado, ACUMAR no ha podido comprobar avances satisfactorios en la calidad del agua, ni implementar políticas eficientes que controlen los vertidos de efluentes que producen las industrias.

A 15 años de la sentencia, en Villa 21-24, más de 1.000 familias continúan esperando la relocalización o el mejoramiento de su vivienda, que tenía como plazo el año 2013, es decir, soportan sobre su salud 10 años de incumplimiento.

En 15 años, el 25 % de los niños y niñas menores de 6 años de la población cercana al Riachuelo, en los que se confirmó la presencia de metales pesados en el año 2013, no tuvieron acompañamiento ni tratamientos que minimizaran el impacto sobre su salud de la exposición a la contaminación. Hoy ya son jóvenes, y a este ritmo de avance, probablemente sus hijos e hijas también crecerán a la orilla del Riachuelo, de ese rio que enferma.

Quisiéramos al menos celebrar el tendido de agua, cloacas y pluviales para un tercio del barrio, pero no podemos porque nadie opera ni mantiene esa red de infraestructura sanitaria. AySA sostiene la postura de no operar “adentro” de los barrios, el Gobierno de la Ciudad solo gestiona precariedad y el Banco Mundial financia pero no evalúa impacto.

A 15 años todos los organismos públicos desoyen los fundamentados e insistentes reclamos del Cuerpo de Delegados y Delegadas del Camino de Sirga de Villa 21-24, de las organizaciones que acompañamos, de la Iglesia de Caacupé y del Ministerio Público de la Defensa.

Actualmente, este proceso ya no tiene rumbo, los equipos del IVC se retiraron del barrio, las licitaciones para la construcción de viviendas se postergan permanentemente, no existen mejoramientos que aborden la situación de las casas de las familias que esperan. Ya no hay interlocutores, ni Justicia.

A 15 años del rimbombante fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Causa Mendoza se ha convertido en una gran inmoralidad.

PD: Por las decenas de personas de Villa 21-24 que murieron por diversas enfermedades, que jamás podremos comprobar que fue a causa del rio, pero tampoco nadie va a poder confirmarnos lo contrario. Por los cientos de niños y niñas que tienen afectada su salud, hipotecando su presente y su futuro. Por nuestros compañeros de lucha Coco Rivero, Esther Arce, Jorge Zavala y por quienes siguen acá, de pie, peleando por sus derechos.

Seguiremos luchando. Hasta que la última persona del barrio viva como se merece, en un ambiente sano y en una vivienda digna, permanente y definitiva.