M tiene 9 años. Vive en la villa 21. También casi muere en la villa 21. A los 9 años. 

El 8 de enero fue un día de muchísimo calor. M se metió en la piletita que tienen en el patio. Al salir, mojado, fue a la heladera y, al tocarla, recibió una descarga eléctrica. Un pequeño grito alertó a la familia que lo encontró temblando en el piso. El papá de su hermano quiso levantarlo y salió expulsado hacia atrás. Ahí se dieron cuenta lo que pasaba y desenchufaron la heladera. Estaba conectada a una instalación precaria. En la casa no hay disyuntor. Los siguientes minutos fueron de desesperación. Le hicieron RCP, pero no reaccionaba. Corriendo, lo llevaron hasta la garita que está a pocos metros de su casa. Otra vez RCP y agua fría en el pecho. La ambulancia no llegaba. En la garita no había patrullero. Un auto los subió rumbo al Hospital Penna. Pero en Iriarte y Montesquieu frenaron en el Cuartel de Bomberos Voluntarios Pompeya Barracas. Fue fundamental. Allí otra vez RCP. También oxígeno. Y en autobomba, directo al Penna. Allí, 7 minutos de reanimación, 3 veces desfibrilación y, finalmente, con la cardioversión eléctrica M reaccionó. Pero en el Penna no hay terapia intensiva para niños así que en ambulancia directo al Hospital Elizalde de Barracas. Seis días después M despertó.        

Vivi tiene 30 años y tres hijos varones. M es el del medio. Durante media hora, me cuenta casi sin respiro todo lo que pasó el 8 de enero, hace poco más de un mes. En el medio del relato, llora. En realidad, las lágrimas le caen por sus mejillas a pesar de su esfuerzo por contenerlas. Es justo en el momento en que relata los días al lado de su hijo intubado y en coma inducido. Seis días que fueron seis años, dice. Me dijeron que corría riesgo su vida, que no sabían cómo iba a despertar, dice. Que si le hubiéramos dejado de hacer RCP por un minuto no le hubiera ido oxígeno al cerebro. M juega al FIFA en el celular, tirado en la cama que está a unos centímetros, en la misma habitación a donde estaba la heladera. Ahora la llevaron a otro lado. “Si alguno de los chicos quiere comer o tomar algo, me lo tiene que pedir”. Arriba de la cama cuelgan varios cables que llevan a una luz y otros que terminan en un enchufe, al lado de un calendario pegado a la pared, donde está la tele y un ventilador de pie. Los cables no deben tocar la chapa del techo porque cuando llueve, puede entrar agua y entrar en corto. 

Vivo con miedo, dice la mamá de M. Después me lleva a recorrer la casa, me muestra las instalaciones de cada pieza y la cruz de madera que está en la medianera del fondo, de donde cuelga una maraña de cables, algunos cortados, otros encintados. Desde allí entran a su casa y a otras del mismo pasillo. La habitación a donde ahora duerme Vivi con los chicos tiene el piso unos centímetros más alto que el resto de la casa. Es que cuando llueve mucho, el agua entra. La última vez, hace algunos días, entró y tuvimos que desenchufar todo, dice. Tengo mucho miedo, repite. Por ahora Vivi no podrá ir a trabajar. No quiere dejarlos solos. Además, en marzo tiene controles con neurólogo, psicopedagoga, cardiólogo, psiquiatra, kinesióloga. Muchos controles. Por ahora M tampoco puede ir a la escuela, la N° 25, donde pasó a cuarto grado. Donde el año pasado lo eligieron mejor compañero.

“Los accidentes suelen sorprendernos por inesperados, pero la posibilidad de que un niño se electrocute en villa 21-24 es tan alta que nos desespera”.

No son accidentes, es discriminación

“Lo que le pasó a este niño, que podría haberle costado la vida, no fue un accidente. Los accidentes suelen sorprendernos por inesperados, pero la posibilidad de que un niño se electrocute en villa 21-24 es tan alta que nos desespera”. La que habla es Paz Ochoteco, directora de la Fundación Temas, con un enorme trabajo territorial en el barrio. Desde la organización se comunicaron con el defensor que encabeza la Unidad Especializada en Procesos de Urbanización e Integración Social, Ramiro Dos Santos Freire, para contarle lo que le había pasado a M. La Defensoría de la Ciudad interviene en la causa judicial que se inició hace más de 13 años por el riesgo al que están expuestos todos los días quienes viven en la villa, en especial los niños, niñas y personas con discapacidad.

Dos Santos explica que “en diciembre, desde la Defensoría hicimos una constatación, pero cualquier persona que circule en el barrio lo puede comprobar: postes de luz caídos, falta de elementos de seguridad o en mal estado, falta de ménsulas, cables a baja altura, cables en el suelo al alcance los niños, cables que no son reglamentarios”.

El defensor continúa: “Lo que ocurrió en enero con la electrocución de un niño, que podría haber terminado en una desgracia mayor, es un síntoma y un ejemplo más de este problema. Todos los vecinos del barrio están expuestos a este tipo de accidentes en la medida que el Gobierno de la ciudad no asuma su responsabilidad de desarrollar el plan adecuado”.

Plan eléctrico adecuado es lo que todas las instancias del Poder Judicial le ordenaron implementar a la Ciudad una decena de veces en los últimos doce años. La primera vez fue en 2011 a poco del amparo que presentaron los vecinos y la asociación ACIJ. La última, el 29 de diciembre de 2023, diez días antes de que M estuviera a punto de morir por una descarga eléctrica. La sentencia está firme. Pero ni la gestión de Mauricio Macri, ni las dos de Horacio Rodríguez Larreta la cumplieron. 

“El fallo ya debería estar ejecutado, si no fuera porque el Gobierno de la Ciudad no ha demostrado ninguna intención de hacerlo y la jueza Liberatori, a cargo de la ejecución de la sentencia, prácticamente no ha hecho nada para exigir su cumplimiento, desoyendo sistemáticamente a la población del barrio y a sus representantes en la causa”, resalta Ochoteco. 

Las sucesivas sentencias reconocen algo que tal vez parece obvio: el derecho que tienen quienes habitan las villas y asentamientos de la ciudad de contar con servicios públicos (electricidad, agua, gas) seguros, de calidad y equivalentes a los que se prestan en el resto del territorio porteño, condición necesaria para una vida digna.

En Barracas, como en todos los barrios de la mitad sur de la ciudad, la empresa Edesur es la encargada de llevar energía hasta las cámaras transformadoras que están en los márgenes de las villas. Pero es el Gobierno porteño el responsable de que el servicio vaya desde las cámaras de distribución hasta las viviendas. Por eso, debe garantizar la seguridad de ese tendido según lo establecen las normas reglamentarias para toda la ciudad. Toda. 

La precarización del barrio en cuanto al servicio eléctrico tiene larga data y está a los ojos de todos. Las consecuencias más habituales son los incendios -de equipos, transformadores y viviendas- y electrocución. Daños irreversibles a la salud o directamente la muerte.   

Mientras el Gobierno viola la orden de la Justicia, año tras año la villa aumenta su población. Esto conlleva un inevitable crecimiento en las construcciones, sobre todo hacia arriba, y la necesidad de servicios básicos, como la electricidad. Todo se sobre carga. El resultado: más riesgo para sus habitantes. 

¿Pero por qué las y los niños de la villa 21-24 tienen que correr más riesgos que cualquier otra u otro niño porteño? La respuesta es sencilla. “Acá cuando hace mucho calor no tenemos agua. Tenemos que esperar hasta las 12 de la noche para cargar baldes. Todo es así. Las cosas pasan donde no se ve. Si el Estado hubiera hecho las instalaciones no hubiera pasado lo que le pasó a mi hijo. Pero nos discriminan porque vivimos en la villa.”, explica Vivi. El defensor Dos Santos Freire coincide: “Se da una situación de injusticia y discriminación con respecto al resto de la ciudad. Los vecinos hace muchos años que se vienen organizando y reclamando cuestiones vinculadas a los servicios públicos y a una urbanización integral del barrio. Porque el riesgo eléctrico se inscribe dentro de ese contexto, donde el Estado de la ciudad ha estado y está ausente”. 

M se salvó porque a veces la suerte juega para el lado de los más vulnerados. Si el que tocaba la heladera hubiera sido el hermanito menor, de 4 años, no sobrevivía. Si no le hubieran realizado RCP durante los eternos minutos hasta llegar al hospital, no sobrevivía. Si no hubiera estado bien alimentado, tal vez su cuerpo no hubiera aguantado. Si la tensión dentro de la casa hubiera sido de 220, no saben qué hubiera pasado. Pero sobrevivió. Aunque las consecuencias en su vida y en la de toda su familia aún están por verse. 

El Gobierno de la Ciudad viola sus obligaciones. El Gobierno de la Ciudad incumple las órdenes judiciales. El Gobierno de la Ciudad juega a la ruleta rusa con las vidas de las personas, de algunas personas. De las personas que más tiene que proteger pero que, sistemáticamente, discrimina.   

 

 

En Tierra Amarilla también 

En 2018 el Ejecutivo porteño relevó el nivel de riesgo eléctrico de las viviendas del sector Tierra Amarilla de la Villa 21-24 y concluyó que de las 706 viviendas visitadas 125 estaban en estado “crítico”, 180 en “alto”, 226 en “medio” y 174 en “bajo”. En ese momento, comenzaron algunas obras, pero con la pandemia se frenaron y no volvieron a comenzar. 

En Tierra Amarilla vivía Gilda Cañete. Tenía 37 años, era militante de la Corriente Villera y madre de siete hijes. Trabajaba en el barrio como recicladora recogiendo cartones y residuos de las casas contiguas. El 7 de abril de 2018 su casa y las de sus vecinos se inundaron -una vez más- tras una lluvia. Mientras sacaba el agua del pasillo recibió una descarga eléctrica y murió. 

Poco cambió desde entonces. En 2022, 11 años después del primer fallo y con una sentencia definitiva incumplida, la justicia volvió a pronunciarse y le ordenó al Ejecutivo porteño que retome los trabajos en el sector Tierra Amarilla, donde ya se hizo un relevamiento y se detectó cuáles son las viviendas con más riesgo. Las obras nunca terminadas incluyen la revisión de los tendidos eléctricos y las conexiones domiciliarias y del alumbrado público que garanticen condiciones de seguridad para sus habitantes.