La presentación busca que se investigue la comisión de delitos por parte de las fuerzas de seguridad intervinientes frente a la violencia institucional desplegada y las numerosas personas manifestantes, transeúntes y periodistas que resultaron heridas. Así como también, que se disponga el inmediato retiro de agentes federales que carecen de jurisdicción para actuar como lo hicieron en el territorio porteño.

En ese sentido, la Defensora del Pueblo, María Rosa Muiños, consideró que el operativo “trasgredió, entre otros marcos normativos, la Ley de Seguridad Pública, donde se establece que en concentraciones o manifestaciones públicas debe garantizarse la protección de los derechos de quienes participan”.

Asimismo, insistió en que la implementación en el ámbito local del “Protocolo de Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de las Vías de Circulación”, dictado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, no respeta la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por último, llamó la atención respecto a que la reiteración y el agravamiento de este tipo de situaciones que vulneran derechos humanos que son fundamentales para la convivencia pacífica y la plena vigencia de nuestro sistema democrático.