Por Martina Noailles

En la avenida Almirante Brown al 500 los ladrillos se transforman en paredes a una velocidad inusitada para un barrio en emergencia habitacional. El asombro es aún mayor si se tiene en cuenta que es el Gobierno porteño, a través de su Instituto para la Vivienda (IVC), el hacedor de los 438 departamentos. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Gracias a un convenio, como mínimo oscuro, no será el Estado el que defina la lista de beneficiarios del programa público de viviendas. Sin explicación alguna, el IVC otorgó ese rol a una asociación de preadjudicatarios (Asociación Civil Casa Amarilla 2005), desde donde ya salieron los nombres de quienes en poco tiempo más podrán tener el techo propio.

 

En el listado, al que tuvo acceso Sur Capitalino, hay algunos datos que llaman la atención: hay viviendas para distintos miembros de una misma familia (padres, hijos, hermanos, parejas); hay una decena de adjudicatarios que viven todos en un mismo edificio (Irala 170) que fue construido por la vieja Comisión Municipal de la Vivienda (antecedente del IVC); hay barrabravas de Boca. Y lo que menos hay son vecinos de La Boca. Sólo el 22 por ciento de las 438 unidades son para familias del barrio con mayor crisis de vivienda de la Ciudad.

 

“Este convenio es la privatización del clientelismo. Es como una inmobiliaria con bienes del Estado”, sentencia Facundo Taboada, abogado y miembro del equipo de asesores de la Defensoría General de la Ciudad. Y va más allá: “Es ilegal otorgar a un particular, en este caso una asociación, el derecho de administrar propiedades que otorga el Estado. El Estado porteño debería generar mecanismos objetivos y transparentes de acceso a la vivienda y, a la vez, buscar que le llegue a los que más lo necesitan. Pero hace lo contrario y se desentiende adrede del proceso de adjudicación, consolidando un modelo corrupto y clientelar”.

 

El convenio al que se refiere Taboada es el que en diciembre de 2012 sellaron el IVC y la Asociación Casa Amarilla, una agrupación que en 2007 comenzó a reunir a algunos de los 1200 preadjudicatarios del programa “Viví tu casa” en busca de sacar del letargo un plan paralizado tras el alejamiento de Aníbal Ibarra de la Jefatura de la Ciudad. Presidida por Diego Basualdo, la asociación realizó distintas acciones judiciales contra el Gobierno porteño. Pero entre apelaciones, amparos y otras yerbas, en los últimos 3 años las 1231 viviendas del proyecto inicial pasaron a ser sólo 438. Esta baja, negociada en oficinas del IVC, sólo beneficia al Club Boca Jrs, que desde hace tiempo aspira a comprar varias manzanas de Casa Amarilla y las necesita vacías.

 

Este guiño de la Asociación al club xeneize no es casual. Después de apoyar con firmeza la candidatura de Jorge Telerman, Basualdo se acercó al macrismo y en 2011 respaldó a Daniel Angelici en su camino hacia la presidencia del club. En ese intercambio, Basualdo comenzó a relacionarse con algunos líderes de la barrabrava de Boca, quienes presionaron para incluir en la lista de preadjudicatarios a varios de sus miembros, a familiares y amigos. No todos son del barrio y algunos, incluso, viven en el conurbano bonaerense, lo que generó algunas tensiones entre quienes son parte de La 12 y habitan conventillos de La Boca.

 

En la lista también hay algunos miembros de la barra que al cierre de esta edición se encontraban detenidos en el marco de la causa que investiga si existe una asociación ilícita para "alquilar" carnets de socios, en la que también estarían involucrados dirigentes de Boca.

Afuera

 

El convenio, que quedó aprobado en abril pasado luego de 60 días sin ser tratado en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, además de otorgarle a la asociación el beneficio de seleccionar entre sus socios a los preadjudicatarios, establece que las partes desistirán de toda acción judicial presente o futura. El acuerdo también le brinda a la Asociación la administración de los consorcios de todos los edificios.

 

El legislador de Proyecto Sur, Rafael Gentili, tampoco ve con buenos ojos el convenio. “El IVC dejó a criterio de la Asociación civil Casa Amarilla la facultad para elegir entre sus asociados las familias preadjudicatarias de las viviendas, permitiendo así eliminar casi 800 familias beneficiarias que se habían anotado cuando el programa se lanzó sin ningún tipo de criterio de selección”, señaló el diputado, miembro de la Comisión de Vivienda.

 

Una de las tantas preadjudicatarias que quedó afuera de las 438 viviendas es Mariana Oliva. En 2005 se inscribió al programa en el viejo CGP y en 2006 se empezó a reunir con lo que después sería la Asociación Casa Amarilla. Al principio, el que estaba al frente era Fabián Campos pero poco a poco Basualdo fue ganando espacio y con él, una mirada despectiva hacia aquellos que no eran de La Boca. Además, según relata Oliva, Basualdo quería que la asociación mostrara hacia afuera “que estaba formada por todos de clase media y no negros de Fuerte Apache”, uno de los primeros argumentos por el que algunos vecinos habían rechazado la construcción de los edificios.

 

Con la llegada de Macri al Gobierno de la Ciudad, las reuniones de la Asociación empezaron a hacerse en el club Boca y Oliva dejó de participar. Por entonces, ya se había mudado a Flores porque no podía seguir sosteniendo su alquiler en Barracas. Sin embargo, seguía muy de cerca su trámite yendo de manera individual al IVC. Suponía que el ingreso sería por sorteo. Pero no fue así. “Lo injusto es todo el manejo del IVC, un agujero de corrupción y punterismo. La consecuencia es ésta…”, dice Oliva con algo de resignación, mientras se prepara para una nueva marcha de vecinos en reclamo de vivienda digna (ver recuadro). En la anterior, en noviembre de 2012, Mariana descubrió la mirada de varios miembros de la Asociación, desde adentro de los edificios en construcción. Uno de ellos, incluso, sacaba fotos a los manifestantes.

 

Mariana Oliva llevó su caso a la Defensoría General porteña. También reclamó por su derecho a vivienda Lucía Gigliotti, inscripta al programa con el número 2723 y socia 49 de la Asociación Casa Amarilla. “Debido a los problemas habitacionales que tuve que enfrentar en esas épocas dejé de asistir a las reuniones y abonar la cuota social, motivo por el cual fui dada de baja de la institución, al mismo tiempo que me quitaron la posibilidad de obtener mi vivienda que me correspondía, dejándome absolutamente excluida”, relata Gigliotti en una carta enviada al IVC en septiembre de 2012. “Este era un proyecto popular de viviendas pero se convirtió en exclusivo, sólo para familias que la Asociación eligió por su propia decisión y a dedo”, se lamenta Lucía, quien ahora tiene 56 años y por su edad no puede inscribirse en ningún plan de viviendas.

 

Lucía y Mariana son sólo dos de los casos de personas que, sin ningún justificativo, el IVC dejó afuera de la posibilidad de tener su casa al delegar en la Asociación Casa Amarilla todo el poder de seleccionar a los beneficiarios. ¿Quién controlará la lista de adjudicatarios? ¿Quién se hará responsable legalmente de las irregularidades en el proceso de adjudicación? ¿Cómo les explicarán a los vecinos que viven en conventillos inhabitables que el único programa de viviendas del Estado porteño en La Boca en años y años no es para ellos? Sur Capitalino intentó obtener estas y otras respuestas pero ni el IVC ni Diego Basualdo quisieron dar su testimonio para esta nota.