“El macrismo enuncia una política en apariencia interesante, como puede ser la promoción de un distrito de las artes, pero en el fondo lo que está como meta es un suculento negocio inmobiliario para los amigos del poder a costa de expulsar a miles de porteños. Esta característica de ser débil y condescendiente con los poderosos e insensible con los más humildes, es una de las marcas que tiene el macrismo”, analiza Cecilia Segura, presidenta de la AGCBA y una de las dos de los siete miembros del Directorio que votó en disidencia las conclusiones de un informe que es lapidario en su contenido pero lavado en su párrafo final (ver recuadro).

 

Entre sus hallazgos, el informe enumera que “se verificó una baja adhesión de potenciales interesados a inscribirse en el Registro del Distrito”. Concretamente, los números dicen que la AGIP eximió del impuesto sobre los Ingresos Brutos a sólo 15 inscriptos, sobre 54 espacios que existen en el perímetro del Distrito (unas 300 hectáreas), entre galerías y talleres de artistas. También dice que los organismos de Gobierno “no realizaron acciones enfocadas a la promoción del empleo”, “no han otorgado becas ni se ha desarrollado el programa de formación técnico profesional”, y “no han realizado acción alguna para atender la situación de vulnerabilidad social del Distrito”.

 

Además de los 15 beneficiarios por realizar actividades promovidas por la ley, al Registro se suscribieron otros 4 desarrolladores de infraestructura: Correo Andreani SA, El Más Acá Club Cultural, Oficina Italiana Restauri y Santander Rio SA. Sobre esta última puso el ojo el informe técnico de la Auditoría. La entidad del rubro financiero pidió la exención a Ingresos Brutos, Sellos, Delineación y Construcción, Mantenimiento y Conservación de Sumideros y ABL argumentando que dentro del mega edificio corporativo que está levantando en Garay y Paseo Colón, la Fundación Santander construirá un Centro de Exposiciones, uno de Formación, un Auditorio, un Patio de las Artes y una Terraza de Esculturas. Unos 3.000 m2 sobre los 52.600 m2 que tiene todo el edificio. 

 

A pesar del claro (y millonario) artilugio, el Ministerio de Desarrollo Económico -de quien depende el Distrito- aprobó su incorporación como beneficiario. No sin inconsistencias. Según el Santander, la inversión total de la obra sería de casi 900 millones de pesos, unos 15.842 pesos el metro cuadrado. Pero con respecto al costo del sector destinado a la infraestructura artística, el banco indicó que se elevaría a casi 115 millones, unos 37.165 pesos por m2, es decir más del doble. Gracias a la inclusión en el Registro, la entidad financiera podrá computar un 25% del monto invertido como pago a cuenta de los ingresos brutos que paga por todas las actividades que el banco desarrolle en la Ciudad. Esto es 28 millones 750 mil pesos.

 

El informe de la Auditoría detectó otras irregularidades que el Distrito pasó por alto. Como las de Irisar SA, una sociedad destinada a la construcción y reforma de edificios residenciales y servicios inmobiliarios conformada en un 95% por la firma Silinel, cuyo CUIT no existe. Irisar pidió los beneficios de la ley para el desarrollo del inmueble de Av. Almirante Brown 1027, 1031 y 1037, que le alquiló a la Fundación Tres Pinos para que ponga en marcha el proyecto MARCO, Museo de Arte Contemporáneo. Pero “Irisar es propietaria de la Unidad Funcional 1 y Complenetaria I pero la obra proyectada incluye la planta baja, entrepiso y 1er piso, que son unidades diferentes a las que Irisar manifiesta como propietaria”, dice el informe. Cabe destacar que en 2014, meses después de que Irisar dice haber comprado el edificio, 17 familias fueron desalojadas de sus viviendas, justamente en la puerta de al lado (Brown 1039/41).  

 

“La ley que crea el distrito tiene elementos de desarrollo económico e inversiones que el Poder Ejecutivo implementa rápidamente (incluso, como muestra el informe de Auditoría, sin los controles suficientes) pero en cambio se niega a ejecutar las acciones de inversión social que contempla la ley. En este caso se ve claramente cómo el macrismo gestiona en dos velocidades: una para el poder económico y otra muy distinta cuando lo que está en juego son la necesidades de los sectores que, justamente, más necesitan de la acción estatal”, opinó Cecilia Segura.

 

Es que a pesar de que según el informe de la Auditoría General son muy pocos los “desarrolladores” que solicitaron los beneficios de la ley, el proceso de expulsión de los vecinos más pobres se profundizó con la aprobación de la norma. Y aunque la lista de quienes se incorporaron al Registro puede analizarse como un fracaso, hay grandes ganadores. Y no sólo hablamos del Santander Rio. Los ganadores son quienes utilizan el suelo como mercancía y no como el lugar donde levantar un techo para vivir. En ese enjambre de especulación, La Boca se volvió tierra de negocios inmobiliarios y los desalojos judiciales aumentaron exponencialmente. Y para darles una manito, el Gobierno porteño incumplió el único artículo que le ordenaba prever las consecuencias de la ley disponiendo acciones para facilitar la permanencia de las familias que viven en el Distrito.

 

Por si no alcanzaba, la gestión macrista impulsa un sinnúmero de proyectos (Paseo de las Artes, Renovación de la Calle Necochea, cesión de Barraca Peña a Acumar, cambio de zonificación en la zona de Catalinas Sur para que se construyan torres de casi 30 pisos), que crean las condiciones perfectas para la tan anunciada “extensión de Puerto Madero hacia el sur”. Una burbuja para el mercado, que tiene tiempo y paciencia cuando de abultar sus bolsillos se trata.   

 

El gran Santander

El banco Santander Río ocupa el puesto tres del ranking de todas las entidades financieras que operan en la Argentina. Está por detrás del Nación y el Provincia, y –con 121.226,6 millones de pesos en activos totales- es la primera casa privada y extranjera en aparecer en ese listado. 

Ese poder dentro del sistema financiero argentino le garantizó un lugar en la conducción de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la organización que reúne a las casas bancarias extranjeras. La silla del vicepresidente de ABA la ocupa el jefe del Santander, Enrique Cristofani, quien meses atrás consideró que el gobierno de Mauricio Macri ordenó la macroeconomía y “facilitó las cosas” para las empresas.
Cristofani también integra el Consejo de Administración de la Fundación Red de Acción Política (RAP), un espacio que se dedica a la “formación y fortalecimiento de la dirigencia política en Argentina” y que está financiada por las embajadas de Estados Unidos y Gran Bretaña, entre otras. Entre sus 180 miembros, un centenar pertenece a las filas de Cambiemos como la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti; el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; el candidato a senador y ex ministro de Educación, Esteban Bullrich; y el director de la Anses, Emilio Basabilvaso, entre otros. RAP cuenta con fondos aportados por empresas privadas como Coca-Cola, la banca J.P. Morgan, la minera Barrick Gold, el ingenio Ledesma y los bancos Hipotecario, BBVA Francés, Galicia, Citibank, HSBC y Santander Río.