MAS CONCENTRACIÓN DE MERCADO ES MENOS DEMOCRACIA Y MENOS TRABAJO. DEMOCRATIZAR ES INTEGRAR Y REDISTRIBUIR.

Ante la emergencia que atraviesa al sector de las comunicaciones y de servicios TIC, destacamos su concepción como servicios esenciales por el impacto de la Pandemia, así como la necesidad de traducirla en políticas concretas para mejorar las condiciones de usuarias, usuarios,trabajadores/as y pequeños y medianos medios de comunicación y prestadores.

El pluralismo comunicacional viene sufriendo un estado de emergencia, que no logró revertirse en tiempos de Covid-19. Entre 2015 y 2019 se habían perdido 4000 empleos en los medios de comunicación (empresas editoriales, agencias de noticias públicas y privadas, radios, canales de televisión, imprentas, grandes y pequeños medios comerciales), lo que generó más situaciones de incertidumbre, pérdida del poder adquisitivo y precarización de los trabajadores existentes. Este escenario no es ajeno a la creciente concentración de los medios y las infraestructuras de las comunicaciones, que llegan a niveles nunca vistos en el pasado.

En este marco, ratificamos la defensa de las instituciones democráticas frente al ataque sistemático de estos grupos concentrados y sus representantes en el Poder Judicial, como se expresó recientemente en un vergonzoso fallo que en plena pandemia privilegia las ganancias de estos grupos frente a los derechos a la salud, educación y trabajo, entre otros.

Asimismo, señalamos:

* La emergencia alcanza fuertemente a los medios y redes TIC Pymes, cooperativos y comunitarios ante un alto nivel de costos de tarifas mayoristas e insumos básicos como el papel para periódicos. Debe equilibrarse la cancha con reglas asimétricas en TIC y una normativa de fomento directo e indirecto que habilite la real sostenibilidad en competencia para todos los sujetos de la comunicación.

* Continúa pendiente la regularización del espectro de radio y televisión, sobre todo en las llamadas “zonas de conflicto”, donde permanecen sin acceder a licencias y legalidad cientos de medios de comunicación comunitarios y locales.

* Entre otras cosas, esto limita seriamente el acceso al Fomento previsto en la Ley 26.522, que es necesario ejecutar en la totalidad del presupuesto que la normativa dispone y plazos razonables de instrumentación.

* También están ausentes voces diversas al incumplirse la obligación de incluir en la grilla de la TV paga a canales locales.

* Esas voces locales, pymes, cooperativas y comunitarias, sindicales, originarias, también requieren del respaldo de políticas activas para promover su acceso a las plataformas de transmisión de la Televisión Digital a fin de brindar sus servicios con una cobertura adecuada.

* La Argentina sigue careciendo de una Ley de Publicidad Oficial democrática y de carácter federal que reduzca la discrecionalidad del criterio de asignación.

* Resulta necesario potenciar las políticas públicas en comunicación, y en especial los recursos de los medios públicos y las Universidades Nacionales a efectos, no sólo de producir y coordinar campañas sanitarias y educativas, sino también de brindar servicios de calidad con mayor alcance y audiencias.

* La sostenibilidad de los medios argentinos está amenazada principalmente por la salida de capitales en publicidad y abonos digitales; con ello peligra el futuro de una comunicación democrática, diversa y con pluralidad de voces. Vemos imperioso avanzar hacia la actualización de una regulación y tributación de los servicios de video a demanda, y plataformas de contenidos digitales de alcance global, que equilibren la cancha de las obligaciones de prestadores audiovisuales y oxigenen la economía y las cadenas de valor de producción de ficción, no ficción y periodísticas nacionales.

* Para recuperar la producción nacional de bienes y servicios culturales, también deben revisarse y hacer cumplir las pautas de producción nacional, independiente y local de contenidos audiovisuales, sumadas a las nuevas cuotas de catálogo e inversión que deben realizar las plataformas de música y video a demanda e intercambio de videos, que ya tienen millones de clientes en nuestro país.

* Afirmamos la importancia del acceso equitativo y con precios razonables al papel, principal insumo para los diarios y revistas. Es necesario retrotraer los aspectos regresivos de la reforma a la ley N° 26.736 realizada en diciembre de 2018 y que la representación estatal en Papel Prensa adopte un papel activo en favor de los medios pyme y cooperativos.

* Obviamente, la frontera de la protección de las audiencias no puede estar delimitada por el caprichoso DNU 267/15 macrista, ni por la omisión de las nuevas plataformas de Internet. Debe recuperarse y actualizarse la normativa de comunicación audiovisual para todos sus formatos.

* Deben respetarse los derechos de las audiencias y los usuarios, implementarse políticas de equidad de género, mecanismos de accesibilidad para personas con discapacidad, tutelarse los contenidos publicitarios y evitarse los contenidos discriminatorios, de odio u ofensivos a la niñez e identidades vulnerables, en todas las comunicaciones, sea cual fuere el soporte por donde se distribuyan.

* Es indispensable una firme normativa de protección de datos personales en internet.

 

INFRAESTRUCTURA TIC y TARIFAS SOCIALES O BÁSICAS

* Valoramos la revitalización de las políticas del Plan Nacional Conectar: que todas y todos los argentinos tengan Derecho a comunicarse, generando oportunidades concretas para la educación y el trabajo.

* En este sentido, la red de fibra óptica de ArSat, su servicio de comunicación satelital y complementarios, así como la total y efectiva puesta en valor de la Televisión Digital Abierta y gratuita son factores clave. 

* Es necesario que el Estado reconstruya su capacidad de intervenir en los servicios públicos para asegurar calidad de servicio y tarifas justas y asequibles.

* Es necesario también el desarrollo de una infraestructura pública que garantice el acceso a las redes de telecomunicaciones en condiciones accesibles y no discriminatorias en todo el territorio nacional.

* La reacción corporativa de los grandes prestadores con la complicidad de algunos sectores del Poder Judicial al Decreto de Necesidad y Urgencia 690/2020, no puede conllevar al sostenimiento o agravamiento de posiciones dominantes en el acceso a frecuencias radioeléctricas e infraestructura para negocios de telecomunicaciones y plataformas digitales. Por ello, a la vez de exhortar a que estos oligopolios se allanen a derecho, reconociendo la atribución del Gobierno de regular precios de servicios como Internet y la telefonía móvil, TV paga abogamos por ampliar la mesa de decisiones con la participación de pequeños y medianos prestadores, y profundizar las regulaciones asimétricas para una competencia efectiva de servicios en beneficio de la población.

* El derecho de acceso a servicios TIC nunca fue resuelto por “la competencia del mercado”: así lo demuestran el estado de las redes de comunicaciones y las desigualdades previas a la Pandemia. Llámese Prestación Básica Universal, tarifa o abono social o preferencial, deben tutelarse los derechos de acceso de los sectores más desprotegidos.

* Consideramos necesario el decidido impulso a los programas y políticas para garantizar conectividad a barrios populares y fomento de redes comunitarias.

* Si el macrismo dejó un organismo como el ENACOM con serias dificultades de regulación, fiscalización y control, es nuestra obligación apoyar todas las gestiones tendientes a fortalecer su rol, recuperando las potestades que el decreto 267/15 había restringido, y avanzando como el actual Gobierno dispuso hacia una mirada integral de servicios esenciales, con carácter público en competencia, para asegurar los derechos de la ciudadanía, de las audiencias y las usuarias y usuarios de servicios TIC.

* Asimismo, el pleno funcionamiento del Consejo Federal de la Comunicación, el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la

Infancia (CONACAI) y el Consejo Consultivo de Medios Públicos, entre otros, debe dotar de transparencia, participación y pluralismo una activa agenda a favor de los 45 millones de argentinas y argentinos.

 

POR UNA COMUNICACIÓN SOBERANA, INCLUSIVA, PARA TODES

Apoyamos la condición de servicio público en competencia establecida por el DNU 690/2020, y la urgente implementación de una tarifa básica universal o abono social para los sectores con más necesidades de disponer de Internet y telefonía móvil asequible.

 Sostenemos la especificidad de los servicios de comunicación audiovisuales. Derogación de los aspectos del DNU 267/15 que limitan a la TV de pago como mera tecnología, y favorecen la concentración oligopólica.

 Plena vigencia y cumplimiento de la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

 Efectiva puesta en valor, promoción y llegada a todo el país de la Televisión Digital Abierta y gratuita.

 Ley de Publicidad Oficial democrática y federal.

 Ley de Fomento al Pluralismo y la Diversidad Informativa para equilibrar la cancha de una verdadera competencia entre emprendimientos periodísticos comerciales, microPyMes y sin fines de lucro.

 Actualización de regulación y tributación de servicios de video a demanda, y plataformas de contenidos digitales. Cuotas de catálogo y visibilidad de contenidos nacionales, fomento a la producción y tutela de derechos de niñes y otres vulnerables.

 Plena disponibilidad de fondos FOMECA y de SERVICIO UNIVERSAL para atender cuestiones de conectividad, infraestructura social y medios comunitarios.

 Ley de Paridad de Género en Medios de Comunicación.

 Transparencia societaria y publicidad de información y balances económicos de medios audiovisuales, gráficos y digitales.

 Garantía de acceso equitativo y con precios razonables al papel, principal insumo para los diarios y revistas.

 Restablecimiento de asignación específica de recursos para las industrias culturales. Modificación de cláusula que pone fecha de caducidad de fondos específicos en diciembre de 2022.

Coalición por una Comunicación Democrática – 17 de mayo de 2021