El día anterior las 350 personas que habitan el edificio de la ex Selsa realizaron una vigilia para resistir el operativo que contó con el acompañamiento de diversos organizaciones políticas y sociales como: la UTEP, MTE, MTL, Proyecto 7, La Cámpora y el Polo Obrero.  Durante la mañana, se sumaron las legisladoras de Unión por la Patria, Victoria Montenegro, Berenice Iañez y María Bielli, y del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, Celeste Fierro y Gabriel Solano.

También llegó la defensora de niños, niñas y adolescentes de la Nación, Marisa Graham, que ya había realizado una presentación en la justicia para frenar el desalojo y evitar que los 100 niñes y adolescentes que viven en el edificio fueran trasladados a un parador.

Representantes de las familias consiguieron una reunión con los oficiales judiciales que se encontraban en el lugar, de la Asesoría Tutelar y funcionarios del Gobierno porteño para acordar la postergación del desalojo y conformar una mesa de trabajo donde se definan los pasos a seguir.

Por la tarde, Jorge Abasto, referente de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires que también acompañó a las familias, anunció que: "Se va a firmar un acuerdo y finalmente se va a constituir la mesa de trabajo. Se suspende el lanzamiento, el juez lo retira y se da un plazo de seis meses para que la mesa trabaje".

En diálogo con Página/12, Abasto precisó que de la mesa de trabajo participarán representantes del GCBA, pero también del Gobierno nacional "para encontrar una salida definitiva al problema". "Mientras tanto el GCBA le va a pagar un canon locativo al dueño” por las personas que habitan el inmueble.

Según consignó Télam, el empresario hotelero Leonardo Ratuschny, quien adquirió el inmueble por la módica suma de 1,5 millones de pesos en una subasta en 2010, es conocido por gerenciar hoteles familiares que alojan a personas en situación de vulnerabilidad y son subsidiados por el Gobierno porteño. Además de hacer negocios con la compra de propiedades de gran superficie que estén pendientes de desalojo.
 
Ratuschny acumula varias causas desde el 2001. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires le inició un proceso por irregularidades en torno a la operatoria de los hoteles.  En ese momento, el empresario fue denunciado por “inflar” el número de personas registradas en su alojamiento para percibir mayores ingresos de fondos públicos. También se lo investigó porque algunos de sus hoteles, entre ellos uno llamado Zavalía, no cumplía con los requisitos para estar habilitado.

En relación a la compra de Casa Santa Cruz, según testimonios de los residentes, Ratuschny intentó cobrarles un alquiler a las familias, luego les ofreció venderles la torre en un valor veinte veces mayor al cual había adquirido el lugar y, finalmente, eligió avanzar con el inicio de una demanda por desalojo ante el Juzgado en lo Civil 60, donde quedó radicado el caso hasta la actualidad.