La protesta se dio en el marco  del Día Latinoamericano de la Lucha por los Derechos de las Personas en Situación de Calle.  El 19 de agosto del 2004 ocurrió en la ciudad de San Pablo, Brasil, uno de los hechos más violentos contra personas en situación de calle, que fue llamado como la “Masacre de Sé”. Aquel día, 15 personas en situación de calle, fueron atacadas durante la noche mientras dormían por personal de seguridad. Una tragedia en la que siete personas perdieron la vida y ocho quedaron en grave estado.

Debido a la impunidad de los hechos, la Massacre da Sé tuvo repercusiones internacionales por varios años como un grave caso de violación a los derechos humanos. Desde entonces, en Brasil, Uruguay, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia y Costa Rica se conmemora esta fecha.

Con la consigna “la calle no es un lugar para morir”, durante la jornada se recibieron donaciones de ropa de abrigo, mantas y elementos de higiene. Además, por la tarde, llevaron adelante una “merienda solidaria” y recordaron a los 10 fallecidos en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. 

En el último trimestre la indigencia en territorio porteño alcanzó al 15% de la población y la pobreza al 35%, según datos informados por la Dirección General de Estadística y Censos (DGESYC). Esto quiere decir –advirtieron desde Proyecto 7 en un comunicado- que más de 470.000 personas son indigentes y más de 1.100.000 personas son pobres en la Ciudad con mayor presupuesto del país.

Por la tarde, la Asamblea Popular de Personas en Situación de Calle de CABA presentó en la Universidad de Ciencias Sociales de la UBA el tercer informe del Registro Unificado de Violencias (RUV) que, desde 2021, realiza junto a un equipo de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.

Allí denunciaron que el Gobierno porteño ha incrementado la violencia institucional, bajo una lógica de “limpieza y orden del espacio público” avanza con el robo de pertenencias, los desalojos forzados, el armado de contravenciones y causas hacia las personas en situación de calle”.

Ese accionar es reforzado “con discursos de odio y estigmatización, con dichos repudiables de funcionarios como que “quienes viven en la calle son delincuentes”, que “todos tienen antecedentes penales”, que “les gusta vivir así”, o que “están acomodados en la pobreza por culpa de algún vecino que les acercó una sopa”, explicaron.