El Gobierno porteño quiere desalojar a 45 familias en Constitución

Las y los vecinos de la casa, ubicada en Solís 1839, denuncian un nuevo intento de desalojo que se llevará adelante este martes 25 de junio a las 8, sin que el Ejecutivo porteño haya  brindado ninguna solución alternativa para garantizar el derecho a la vivienda de las 45 familias que viven allí hace más de 30 años.

El Gobierno porteño quiere desalojar a 45 familias en Constitución

En un comunicado, las familias informaron que el operativo está programado para el día 25 de junio y llamaron a los y a las vecinas a acompañarlos para poder mantener el lugar que habitan y donde han desarrollado una red de cuidados comunitarios para los adultos mayores y personas con discapacidad que viven en el edificio.

“Nuestro barrio, Constitución, al igual que todos los barrios donde vivimos laburantes, es cada vez más presa de la especulación inmobiliaria. Al ritmo que crece la cantidad de casas vacías, crece también la cantidad de personas en situación de calle”, señalaron los y las vecinas y responsabilizaron a las autoridades locales por no brindar ninguna solución frente a la problemática habitacional y permitir una feroz especulación en el mercado informal de alquileres en hoteles, pensiones, villas y asentamientos.

“Hoy por hoy, una pieza con baño y cocina compartida puede superar los $ 300.000, mientras el subsidio habitacional es muy difícil de tramitar y sostener, cubriendo hasta $ 150.000. Y no sólo eso. Es prácticamente imposible encontrar alquileres que acepten menores, adultos/as mayores y mascotas”, contaron.

Desde Casa Solís advierten que: “La única respuesta que vemos de parte de Jorge Macri, Waldo Wolff y Diego Kravetz es el avance de la represión y criminalización a las personas en situación de calle. Mientras, el frío avanza y sabemos que sin medidas de contención la enfermedad y la muerte están a la vuelta de la esquina. Los paradores siguen siendo inhabitables o incluso se encuentran sin cupo, dado el crecimiento exponencial de personas y familias que no pueden pagar el alquiler”.

Las 45 familias que habitan la Casa Solís aseguran haber sido estafadas. Contaron que durante años pagaron un alquiler a una encargada que se quedó con su dinero. Por eso exigen:

 - Suspensión del desalojo hasta que cada vecino y vecina consiga una alternativa superadora y asequible, que no afecte la escolaridad de las y los menores y que brinde un espacio cuidado para adultos mayores y personas con movilidad reducida.

- Disposición inmediata de inmuebles ociosos de propiedad del gobierno de la ciudad para que no haya ni una persona más en situación de calle.

- Para quienes consiguieron alquiler, amparos habitacionales que cubran los elevados montos de los alquileres.

- Garantizar el acceso irrestricto, tal como lo marca el principio de no discriminación, del ingreso a los alquiileres de menores, adultos mayores, personas con movilidad reducida, migrantes e identidades sexogenéricas diversas.