El Ministerio Público de la Defensa CABA, a través de Ramiro Dos Santos Freire, Defensor a cargo de la Unidad Especializada en Procesos de Urbanización e Integración Social, presentó un amparo colectivo contra el Gobierno porteño donde solicita qe¿ue “elabore e implemente un plan integral de prestación y mantenimiento del servicio de energía eléctrica que se provee en el barrio, en forma adecuada, continua, técnicamente idónea, segura y suficiente”.

El Barrio INTA está ubicado en Villa Lugano (Comuna 8), en tierras del Instituto de la Vivienda, allí viven 1.650 familias, distribuidas en 1.500 viviendas. Desde 2022, cuando el GCBA realizó las obras de tendido eléctrico en la vía pública,  vienen manifestando su preocupación por los problemas ocasionados por las fallas del sistema eléctrico público: conexiones precarias, viviendas electrificadas, conductores energizados al alcance de la mano, cables prendidos fuego, postes caídos e incendios que ocasionaron pérdidas de bienes e incluso destrucción de viviendas.

En estos dos años, se incendiaron seis viviendas, cuatro de ellas sufrieron destrucción total y las familias afectadas fueron patrocinadas por la Defensa Pública de manera individual. 

La situación de riesgo estructural, que ya había identificado en 2023 por el MPD, se agrava con el aumento del consumo en verano e invierno, dado que en el barrio no hay gas natural y las viviendas no tienen ventilación e iluminación natural.

A pesar de la gravedad de los hechos, en el escrito se explica que “el GCBA como responsable de la gestión del servicio eléctrico en los barrios populares, ha evitado brindar soluciones concretas a la problemática, manteniendo una situación de precariedad en el estado de las instalaciones y tendido de la red pública, que resulta considerablemente de peor calidad y mucho más riesgosa que en los barrios formalmente integrados de la CABA”.

De esta forma, se vulnera el derecho a la integración urbanística y social, al acceso a los servicios públicos, a la vida, a la salud, a la vivienda, al hábitat adecuado, a la dignidad y a la no discriminación de toda la comunidad del Barrio INTA, “grupo que se encuentra postergado, en situación de grave vulnerabilidad social y débilmente protegido”.

Mientras avance la causa, la medida cautelar exige al GCBA que realice las tareas que aseguren la eliminación del riesgo eléctrico en un plazo de 10 días hábiles, que elabore un protocolo de actuación ante emergencias eléctricas que contemple: canales de comunicación para la comunidad operativos las 24 horas, los 365 días, a donde pueda recurrir ante emergencias eléctricas; cobertura habitacional y/o económica para los afectados por accidentes eléctricos; y la correcta identificación de los responsables ante situaciones de riesgo eléctrico.

Se solicita, también, que releve las situaciones de riesgo eléctrico que amenazan la vida y salud de las familias —incluyendo la pericia técnica que acompaña la demanda— y que diseñe e implemente “una campaña de información y comunicación destinada a toda la comunidad del barrio Inta, acerca del riesgo eléctrico y sus consecuencias”.

“Para el MPD es muy importante visibilizar la falta de servicios públicos adecuados en los barrios populares de la Ciudad, en menoscabo de los derechos de sus habitantes y que, además, en el caso de las deficiencias en el servicio eléctrico, genera riesgos y peligros para la vida y salud de las personas”, señaló Dos Santos Freire. 

En el mismo sentido, Soledad Alonso, referenta de INTA, explicó que la presentación judicial permite “la visibilización de que nuestro barrio no está urbanizado. Aunque para el Gobierno en 2008 esta era la villa modelo, esto demuestra lo contrario”. A su vez, Valeria González, Presidenta de la Asociación Civil Vecinas Unidas, afirmó que el amparo es fruto del trabajo colectivo de recolección de reclamos, “incluidos los de los incendios del 2022 hasta hace un mes, cuando ocurrió el último”.  “Este amparo es histórico y necesitamos seguir trabajando para que se cumpla y ejecute”.