Con 125 votos a favor,  112 en contra y 3 abstenciones, Juntos por el Cambio logró imponer su dictamen. La iniciativa, que fue considerada en el marco de una sesión especial que duró cerca de cuatro horas, deja sin efecto la actualización anual de los contratos y el indicador que rige en la actualidad, que es un mix que promedia la evolución del IPC y el índice de variación salarial.

El proyecto de reforma aprobado establece que la vigencia de los contratos entre inquilinos y propietarios se reduzca de tres a dos años, con una actualización que podrá efectuarse dentro de un plazo de entre cuatro y doce meses, con un sistema de actualización acordado entre las partes.

En ese sentido, indica que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.

Myriam Bregman denunció “que los cambios que aquí se proponen, sea la derogación o el dictamen de minoría, son perjudiciales a quienes alquilan" y, apuntó contra el lobby inmobiliario: "El lobby inmobiliario está haciendo mucho esfuerzo. Nosotros resistimos, no nos van a convencer los lobbys de las grandes inmobiliarias y especuladores que siempre se llevan una tajada de este negocio".