El fallo, firmado por el juez Juan José Albornoz del juzgado de 1ra instancia en lo contencioso, administrativo y tributario, expuso todas las irregularidades y violaciones constitucionales con las que el Gobierno porteño ejecutó un desalojo sin orden judicial y violando varios puntos protocolares establecidos en diferentes normas como la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad.

Además, como señalaron los vecinos y organizaciones del barrio, la administración porteña sigue violando la Ley 2240 que hace referencia a la emergencia urbanística y ambiental del barrio de La Boca. “Hace unos años nosotros denunciamos que el gobierno no viene cumpliendo las obligaciones que le impone la ley 2240 para atender a la emergencia y para empezar a tomar medidas para solucionar los problemas habitacionales del barrio”, señaló a Tiempo Ramiro Dos Santos Freire, Defensor oficial a cargo de la unidad de Barrios populares del Ministerio público de la Defensa.

Freire también habló sobre el desalojo forzoso con un despliegue sobredimensionado de fuerza policial que no cumplió ningún tipo de garantías. “Esto que ya de por sí es muy grave, se agrava además cuando se trata de familias en situación de vulnerabilidad, familias que no pueden costear la vivienda, familias expuestas a quedar en situación de calle, por eso nos parece bien la determinación del juez de suspenderlo”, y termina: “ahora resta trabajar en el fondo de la cuestión, que haya políticas efectivas de acceso a la vivienda y soluciones reales para los problemas de vivienda en este caso particular, para las más o menos 20 familias afectadas y además para todas las que viven en el barrio que sufren la crisis habitacional”.