El año que viene se cumple una década del llamado Plan de Urbanización y Relocalización del asentamiento Lamadrid. Diez años después, no se ha construido –ni entregado, obviamente- ni una de las viviendas que estaban previstas. En el asentamiento de La Boca viven unas 400 familias, 180 en el bajo de la autopista Buenos Aires - La Plata, entre Suárez y Lamadrid. La Corte Suprema ordenó relocalizarlas y que el resto del barrio sea reurbanizado. Pero, salvo algunas pocas obras en la trama del asentamiento, la espera continúa. 

Para relocalizar a las 180 familias, el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) debía comprar terrenos cercanos al barrio, para evitar el desarraigo de quienes habitan allí desde hace décadas, llevan a sus hijes a las escuelas de La Boca, se atienden en el Cesac y el Argerich, y tienen sus redes de contención y asistencia. Muy lentamente y después de mesas de trabajo en busca de ponerse de acuerdo, las tierras para construir se fueron comprando: Olavarría 71, Tomás Liberti 1068, Necochea 878. Sin embargo, las licitaciones nunca avanzaron. El primer llamado fue en noviembre de 2019 y estaba destinada a la obra de Olavarría. Luego se sucedieron otras. “Todas las licitaciones se cayeron como 20 veces en los últimos años. El IVC ya casi no viene al barrio, no te atienden, y ahora con las elecciones menos”, cuenta Ramón Martínez, delegado del barrio. Y enseguida, agrega: “también están incumpliendo con la justicia porque hace un año que no convocan a una mesa de trabajo”. 

Así y todo, si la construcción de viviendas en los lotes adquiridos avanzara de una vez por todas, tampoco alcanzarían para las 180 familias que deben ser relocalizadas: en Olavarría se construirían 14 viviendas, en Necochea se alojarían 14 familias numerosas (con tres o cuatro habitaciones por departamento) y el edificio de Irala y Liberti sería para 34 familias. La compra de un inmueble al lado de la Usina del Arte, en Caffarena y Pedro de Mendoza, destinado a 100 viviendas, finalmente tampoco se concretó.

Las familias que están dentro de lo que llaman “reurbanización”, es decir que viven en los alrededores de la traza de la autopista y no deberían abandonar su lugar, se amparan en la ley 2240 que en 2006 declaró al barrio de La Boca en “Emergencia Urbanística y Ambiental”. En 2018 la Justicia Federal estableció que esa ley debía ejecutarse dentro del proceso de relocalización del asentamiento. Pero esa ley fue letra muerta hasta que 15 años después de su promulgación un amparo finalmente obtuvo fallo a favor y a fines del año pasado se logró constituir la Unidad Ejecutora de la ley. 

Una nueva gestión en la Ciudad -gobernada hace más de 15 años por el macrismo-, termina en dos meses. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Pero estas familias no quieren más promesas. Sólo quieren que se cumplan las leyes y los fallos de la justicia para poder tener una vivienda digna. Los años y los incumplimientos dejan en evidencia que para quienes gobiernan la Ciudad la causa Riachuelo no es, en absoluto, una prioridad.