Tamara tiene 38 años y desde que nació vive en La Boca. Con Víctor, su pareja, y con sus seis hijos e hijas. El más grande, de 23, tiene discapacidad física y psíquica; la más chica, de 8, está en tratamiento para diagnosticar si tiene neurodiversidad. Víctor es electricista matriculado, pero hace 3 meses se quedó sin trabajo. Hoy hace changas.

Zunilda llegó de Paraguay a La Boca hace 24 años para trabajar. Hoy tiene 64 y vive con Noelia que tiene 27 años y trastornos en su neurodesarrollo. Noelia es su nieta, pero es como su hija: desde que su mamá murió, Zunilda quedó a cargo: la cuida, la lleva a la escuela, a sus terapias. Zunilda estuvo muy enferma de cáncer y ahora sigue su tratamiento en el Argerich, el mismo hospital donde Noelia tiene a su médico de cabecera. No tiene trabajo pago, ni jubilación.   

En la casa de Beba son cinco: ella, su marido y sus tres hijos de 12, 9 y 17 años. Hipertensa, sostiene a su familia con algún trabajo informal y la asignación universal desde que él dejó de hacer changas tras un infarto. Su hijo menor tiene epilepsia. Todos se atienen en la salita y en el Argerich. Los chicos van a la escuela 14, a media cuadra de donde viven.

Dionisia tiene 67 años y desde hace algunos años es viuda. La salud de su marido quedó muy afectada cuando se intoxicó por inhalación de gas por un escape en la panadería donde trabajaba. Estuvo más de un año en silla de ruedas. Como Zunilda, su vecina, también es una abuela cuidadora.  

Hoy, todas estas familias y otras 16 están a punto de quedarse en la calle. Personas mayores, veinte niños y niñas, algunos con discapacidad. El juez Fernando Cesari, del juzgado nacional civil 75, ordenó el desalojo de las viviendas que habitan, en muchos casos, desde hace 20 años. El lugar está en Necochea 1215, 1219, 1221 y 1223, a metros de Suárez. Son cuatro inmuebles antiguos, dos comercios y dos viviendas con habitaciones, distribuidas en planta baja y alta. La sentencia de desalojo llegó el 17 de septiembre, algunas semanas después de que La Boca sufriera otra expulsión masiva de familias a tres cuadras de allí, en Pedro de Mendoza y Necochea. Desde hace largos años, los desalojos en conventillos e inquilinatos son algo de casi todos los días. Los alquileres informales de piezas y habitaciones habilitan esta situación, una de las más críticas en un barrio declarado en emergencia urbanística, con un Estado que, en lugar de buscar soluciones, empuja y facilita los negocios del mercado inmobiliario y turístico. El combo perfecto para todo proceso de gentrificación que desplaza a la población histórica, de los sectores populares, para que desembarquen a vivir, consumir o especular, las clases más acomodadas.

“Nosotros no somos usurpadores, no nos metimos de prepo, no rompimos nada. Pagamos el alquiler de nuestra vivienda todos los meses”. El que habla es José Luis, pero la misma frase la repiten todas las personas con las que hablé. Beba, Zunilda, Tami, Víctor, Dionisia. Hasta 2021, que murió, todos ellos le pagaron el alquiler a Javier Rolón. Todos los meses sin un solo recibo a cambio. Javier les decía a los vecinos que él había firmado un contrato con los dueños y que era el encargado de los alquileres. Para algunos, incluso, Rolón era el propietario. Además, tenía a cargo la panadería. También vivía allí.

“No sé qué voy a hacer, yo no tengo trabajo, estoy a cargo de mi nieta, me voy a quedar en la calle".

La demanda de desalojo indica que los propietarios eran Alberto Luis Elizalde y Celia Elsa Curletto, que habrían muerto. El juicio está impulsado por una apoderada. Desde que se inició, las familias están acompañadas por la defensa oficial de Jerónimo Meincke Miguens, quien ya apeló la sentencia. El juez Cesari nunca visitó el lugar ni escuchó a las familias. Aunque un tercio de quienes están en riesgo de ser desalojados son niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad, el juez tampoco aceptó que se sume un defensor de menores ni un asesor tutelar.

“Queremos pedirle al juez de apelaciones que se conforme una mesa de trabajo con el gobierno de la ciudad, el IVC, la justicia, porque somos 20 familias las que nos vamos a quedar en la calle. Ninguna tenemos posibilidades de entrar a un alquiler que implica como dos millones de pesos, entre depósito, adelanto, garantías”, dice Tamara, sentada en la cocina de Dionisia. “No sé qué voy a hacer, yo no tengo trabajo, estoy a cargo de mi nieta, me voy a quedar en la calle. No me puedo ir a la provincia, por mi salud y la de mi nieta. Sólo pido una vivienda digna, que podamos ir pagando”, pide, casi en un ruego, Zunilda.

“Este gobierno quiere hacer como en San Telmo, todo turístico. Sacarnos a la gente del barrio, traer turistas y ganar en dólares. Pero podrían buscar otros lugares, galpones o terrenos vacíos, sin tener que desalojar a nadie”, propone José Luis, que hace trabajo de mensajería desde hace 20 años y hoy vive solo porque su pareja se fue a cuidar a sus padres discapacitados. Tamara asiente. Explica que no están en contra del progreso del barrio, que simplemente quieren que llegue con sus familias adentro, porque también son parte de La Boca.   

“Para visibilizar nuestro desalojo, pedir por nuestro derecho a una vivienda digna y para que el resto de los vecinos y vecinas tomen conciencia de que vienen por todos, este sábado 5 de octubre a las 13 haremos un ruidazo en la puerta de la casa, en Necochea y Suárez”.