Se sabe que la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires es la más postergada por las políticas públicas. Pero entre quienes viven en sus barrios, hay algunos que están todavía más marginados y alejados del Gobierno porteño y sus prioridades. Les habitantes de Villa El Pueblito, al igual que de los otros tres asentamientos ubicados al borde del Riachuelo en la Comuna 4, llevan más de doce años esperando que se lleven a cabo las relocalizaciones o la reurbanización que el fallo de la Causa Mendoza y leyes específicas exigen. No hay al momento novedades y lluvias como las de hace algunas semanas vuelven a dejar en evidencia las condiciones en las que viven.

Villa El Pueblito está en Pompeya, debajo y en el margen del Puente Alsina, en Avenida Sáenz. Surgió hace unos 40 años con familias que llegaron desde provincias como Santiago del Estero y construyeron sobre las tierras delimitadas por la calle Río Cuarto, la costa y un ancho de 3 cuadras, donde antes funcionó una terminal de colectivos. Actualmente viven unas 70 familias (300 personas), una cifra que se incrementa año a año. Lo hacen en condiciones muy precarias, principalmente en cuanto a infraestructura y servicios. “Es el abandono total. Hay lotes, como la llamada Casa 15, donde el propio Gobierno dice que hay fuertes problemas de habitabilidad, de hacinamiento y de acceso a infraestructura, pero no se establecen condiciones de seguridad ni para mejoramientos”, cuenta Gustavo Moreno, asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña.

Esta realidad, que es mala y se repite en muchos barrios populares del sur de la Ciudad, se vuelve todavía peor en asentamientos como El Pueblito, Magaldi, Lamadrid y Luján, ya que se les suma el incumplimiento del fallo de la Causa Mendoza que insta a crear planes de urbanización para estos barrios. En los dos primeros, además, rige la Ley Nº 5486 de 2015, en los que la Legislatura determinó los terrenos para llevar a cabo la urbanización, con las parcelas a expropiar. Sin que se haya avanzado en algo.

“No solo se muestra la vulneración de derechos, sino la propia ineficacia del Estado para hacer cumplir el fallo y la ley”, describe entonces Moreno. “Por un lado es un riesgo que la gente se quede, y ellos no se quieren ir porque no les dan más que un subsidio habitacional. Entonces es bastante dramático”, agrega.

“Cuando llueve se tapa la cloaca y se inunda todo. Llamamos y ni siquiera vienen a verlo. Y además está el riesgo de electrocutarnos”, dice Ana de la Casa 15.

En 2012 se hizo la única relocalización parcial en El Pueblito: unas 30 familias fueron mudadas al Barrio San Francisco, en el Bajo Flores. Este grupo estaba dentro del Camino de Sirga. Al resto, por exceder esos 35 metros que prevé la causa, les tocó seguir esperando. “A partir de ahí, hasta el día de la fecha, no hubo nada que haya cambiado en el barrio. Dejaron alambrados, arbolitos, e hicieron un boulevard con adoquines, nada más. Y mientras tanto El Pueblito crece y ocupa toda la manzana. En 2012 fueron 40 las familias que quedaron, y hoy ya son casi el doble. Por eso, cada año que pasa, es más difícil hacerlo”, expresa Germán Canchi, delegado vecinal.

Luego de una fuerte presión de vecines, con la intervención de las defensorías porteñas del Pueblo y la General, la Ciudad comenzó a convocar a mesas de trabajo. Pero tampoco tuvieron resultado y sumaron al desencanto. “Lamentablemente la idea era que íbamos a tener participación activa en estas mesas, pero no prosperó. Eso trae aparejado cansancio nuestro. Porque a la vez, ellos también cambiaban sus funcionarios, y quedaba todo en el aire, teniendo que volver a empezar”, aporta Germán.

“Lo único que hace hoy en día la Ciudad es atender las contingencias. Aparecen ante inundaciones, saturaciones cloacales o baja tensión eléctrica, asistiendo solo casos particulares y a través de la vieja UGIS”, denuncia por su parte el asesor tutelar.

Moreno plantea que, incluso, las autoridades han hecho solo una actualización parcial del Censo de 2010, lo que provoca que ni siquiera haya datos fehacientes de la población. “Muchos que están censados como menores hoy son ya mayores e incluso sostenes de familia, con hijos. Eso implica que muchas soluciones habitacionales tengan que ser consideradas como desgloses para no quedar insuficientes”, comenta.

Germán contrapone, a su vez, la falta de avances en la urbanización y las mejoras en El Pueblito y los barrios de la ribera con lo que pasa en otras zonas. “Se demuestra que es una decisión política, porque se avanzó en los lugares donde pueden subir el valor del suelo como la Villa Rodrigo Bueno o la Villa Fraga”. Y suma: “la urbanización de este sector incluso aportaría mucho para mejorar el área de Puente Uriburu, que es icónico para Pompeya, y donde viene mucha gente a correr y usar el verde que hay”.  

Mientras tanto, es la organización vecinal la que pudo avanzar con el acceso a algunos servicios elementales como el agua potable o la conexión eléctrica, pero en un esquema de precariedad y lejos de la solución de fondo para la que se requiere la inversión oficial.

La “casa 15”, la más urgente

Como en cada lluvia fuerte, las tormentas del 17 de agosto pasado expusieron la situación de El Pueblito, y fundamentalmente, de la Casa 15. Se trata de un lote de 8x20 metros, en el medio de la manzana, con gente viviendo tanto en la planta baja como en el primer piso. “Son unas diez familias las que residen ahí. Viven como en una cueva, hacinadas, sin luz ni aire. Ha habido muchas enfermedades y en el caso de un incendio, tener que evacuar es prácticamente imposible porque el pasillo es muy angosto”, revela el delegado.

Ana, de 24 años, es una de las personas que vive en la Casa 15. “Cuando llueve se tapa la cloaca y se inunda todo. Es siempre el mismo problema, pero la mayoría de las veces llamamos y ni siquiera vienen a verlo. Y además está el riesgo de electrocutarnos”, cuenta. Con una niña a cargo, Ana hace foco en el “peligro de derrumbe” y la “falta de salida” del lugar. Y detalla su desesperanza e incertidumbre: “Nos habían dicho que supuestamente iban a comprar al lado un terreno para relocalizar. También nos dijeron que nos podían llevar a un alquiler, pero que tenía que decidirlo un juez. Por ahora, todo está en la nada”.

El sentimiento entre les vecines es variado y depende de la edad y el tiempo que lleven en el barrio. “La situación más urgente es la de las familias de la Casa 15, que son las que más desean irse. Después hay gente que, como en todas las villas, vive del trabajo y espera con ansias ya sea la urbanización o poder vivir en un lugar mejor, pagando los impuestos, teniendo su propiedad”, explica Germán.

A pesar de todo y de los años transcurridos sin respuesta, el delegado asegura que cada promesa logra recrudecer por un tiempo la esperanza a les habitantes de que serán relocalizados. “A los funcionarios, la gente los espera con los brazos abiertos, jamás se ha maltratado a ninguno. Pero es muy feo ver cómo la gente se va descreyendo. Y ahí tenemos que aparecer nosotros para poner la cara”, confiesa completando un esquema circular que por ahora es moneda corriente en este sur de los últimos.