“Me acuerdo clarito el momento en que dijeron ‘condenar a  cinco años’. No sabíamos si festejar o largarnos a llorar. Una contradicción profunda. Lo seguimos elaborando después, fue un hecho importante la condena porque fue la primera comisaría de la Federal en ser declarada centro clandestino. Pero cinco años de prisión, cuando ya llevaban tres de preventiva y domiciliaria… Ahora con esta última resolución, un poco es la misma sensación: que los tiempos de la justicia son injustos”, dice Eduardo Cittadini, hermano menor de Ricardo, secuestrado en la Comisaría 28 en agosto de 1976 y desaparecido desde entonces. Cuarenta y cinco años después, y a cinco de una condena con gusto a poco, la Corte Suprema de Justicia ratificó la decisión de Casación para que se dicte una nueva sentencia, más severa, que incluya el delito de tormentos y no sólo el de privación ilegal de la libertad.

El paso del tiempo le jugó a favor a Miguel Alcides Viollaz, comisario cuando Ricardo fue desaparecido de la 28. Por el deterioro de su salud, no será sometido a una nueva sentencia y solo le quedará firme la pena de cinco años que recibió en 2016. El ex sargento primero Nicomedes Mercado, en cambio, sí podría recibir una pena mayor el mes que viene, cuando se concrete la nueva sentencia. “La pena puede aumentar mucho. Es un agravante importante (el delito de tormentos) y puede ser a 20 años en lugar de cinco. Todo esto es parte de la reconstrucción de la memoria, pero es simbólico. Él va a seguir en su casa, en la práctica no va a cambiar nada y tampoco buscamos venganza. Solo que la Justicia diga lo que pasó, que refleje los hechos y no una cosa minimizada”, pide Eduardo, quien tenía cinco años cuando desaparecieron a su hermano.

La lucha por memoria, verdad y justicia incluye otros pendientes en torno a Ricardo Cittadini: que se juzgue a Pablo Eduardo Romanow y Esteban Alberto Vilella Paz, policías de guardia la noche del secuestro, y que se señalice la Comisaría 28 como centro clandestino, algo a lo que instó el Tribunal en la sentencia pero que depende del Ejecutivo nacional. “Las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires son sitios pendientes de señalización –alerta Llonto-. Ojalá que lo más pronto posible se señalice la 28, que ya tiene condena. Porque la condena de privación ilegal de la libertad está firme. No hay duda de que la 28 fue un centro de tortura y, en el caso de Ricardo, de exterminio”. 

Eso que falta, dice Eduardo, “es parte de la recuperación de la memoria, no solo por Ricardo. Alicia Carriquiriborde estuvo tres semanas ahí secuestrada. Si bien ella no tuvo contacto con Ricardo o no lo sabe, contextualizó bien lo que era la comisaría como centro clandestino. Su testimonio fue clave. En honor a ella, a (Oscar) Zalazar –vecino de la Villa 21, secuestrado en abril de 1976 y asesinado- y a muchos otros que seguramente no sabemos, pero pasaron por ahí, esperamos la señalización”.

Alicia Elena Carriquiriborde fue secuestrada en el centro clandestino de detención El Vesubio y trasladada a la comisaría 28, donde estuvo encapuchada y permaneció unos 20 días (entre julio y agosto de 1976) antes de ser legalizada y liberada.

También hay un registro del paso de Oscar Alfredo Zalazar por esta seccional. El albañil vivía en la Villa 21 e integraba la Comisión Vecinal. El 29 de abril de 1976 fue secuestrado junto a su compañera –María Ester Peralta, embarazada- y dos militantes paraguayos. Según una carta presentada por su hermana Gladys en 1984 (que forma parte del acervo documental del Centro de Estudios Legales y Sociales), Zalazar fue detenido por oficiales de la comisaría 28 y alojado allí, antes de ser trasladado a la seccional 11 y asesinado: su cuerpo apareció acribillado en Parque Centenario.

La tortuga judicial

Ricardo tenía 21 años en 1976. Había nacido en Santa Cruz, pero su familia estaba en Trelew, Chubut. Estudiaba Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y militaba en la Juventud Peronista. El 17 de agosto de ese año, por la tarde, fue detenido por averiguación de antecedentes en la Plaza España, en Barracas. Los patrulleros lo llevaron hasta la Comisaría 28, en Vélez Sársfield 170. Ése fue el último lugar donde se lo vio.

Su caso expone el largo derrotero que deben atravesar las familias de las víctimas de la última dictadura en busca de justicia. Para Pablo Llonto, abogado querellante, el caso Cittadini muestra “una de las cosas más absurdas” que tiene este recorrido. “La sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 era por privación ilegal de la libertad. Pero el sobreviviente que escuchó a Ricardo escuchó que le pegaban. Casación dijo ‘hubo tormentos, tienen que sacar nueva sentencia e incluirlo’. La defensa fue en queja a la Corte, que lo tuvo años ahí. Finalmente, rechazó la queja. Bajó de nuevo la causa y hace meses que el Tribunal lo tiene que resolver. La nueva sentencia será el 8 de noviembre, pero después seguramente vuelva a hacer ese mismo camino.  

Aún así, el largo proceso fue reparador. “En el juicio tuvimos la oportunidad de verles la cara a los secuestradores. De pedirles que hablen. Mi vieja tuvo esa oportunidad: los encaró. Nunca dijeron nada, pero nos sacamos esa materia pendiente. Viollaz fue el primer comisario condenado y fue una pequeña contribución a la justicia, la memoria, la historia”, resalta Eduardo y recuerda el impactante testimonio en 2016 de su mamá, Catalina, a los 91 años. “Nunca antes había pisado Comodoro Py. Pero yo misma me extrañaba de mi serenidad. Y eso que fui la primera en enfrentarme a esos dos. Les dije que lo único que quería es que me dijeran por qué lo fueron a buscar a mi hijo, qué hicieron con él. Había mucha gente en la sala, pero yo les hablaba a ellos”, dijo por entonces Catalina a Sur Capitalino.

“Creo que fue muy liberador para ella. Hacer el último intento y quedarse con la satisfacción del deber cumplido. Ahora está muy deteriorada. Es como que va pasando el tiempo y se está dando el indulto biológico del que tanto hablamos, mientras las madres y padres (de las víctimas) terminan su vida sin poder ver justicia y sin saber qué pasó, que es lo que a mi vieja siempre le interesó: la posibilidad de que dijeran algo, cualquier dato”, lamenta Cittadini sobre el pacto de silencio de los genocidas.