Puertas y ventanas cerradas, aspecto de abandono y una nota de papel pegada con cinta scotch en el frente que avisa: “La comisaría no funciona más en este edificio”. Sin embargo, adentro hay movimiento. Y dependencias en uso. Y presos alojados en condiciones de hacinamiento. A casi medio siglo de la desaparición de un militante popular en esa misma dependencia policial que supo ser la comisaría 28 de Barracas, el edificio de la avenida Vélez Sarsfield al 100, en la frontera con Parque Patricios, parece empecinado en ocultar lo que sucede en su interior.

El jueves 25 de abril pasado el juez federal Daniel Rafecas ordenó una inspección judicial como parte de la causa que investiga la desaparición de Ricardo Cittadini, secuestrado por la Policía Federal Argentina el 17 de agosto de 1976. Según el testimonio de otra persona que fue detenida con él, Ricardo fue llevado en patrullero a la comisaría 28. Desde entonces está desaparecido. Su caso es el más evidente -hay condenas firmes por el secuestro y las torturas- que sustenta el pedido para que se identifique y señalice el lugar como Centro Clandestino de Detención, pero no el único.

“Tienen que pasar a la otra celda, nadie les va a tocar sus cosas, es una inspección por una causa vieja”, explica el jefe policial a los 30 detenidos que se amontonan en cuatro cuartos, dos “leoneras” (como llaman a los espacios un poco más amplios de reclusión) y dos “buzones” (celdas individuales). Allí pasan sus días hacinados, durmiendo en colchonetas tiradas en el piso, sin posibilidad de higiene ni la suficiente ventilación. Según el plan del anterior jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, esta dependencia debería ser una de las ocho alcaidías concebidas en la ciudad para descomprimir la presencia de presos en las comisarías, pero al día de hoy el proyecto no se terminó de concretar. El lugar no está identificado como tal, pero de hecho aloja a detenidos en condiciones que no cumplen las condiciones mínimas de humanidad.

“Una causa vieja, eso quisieran”, se lamenta Pablo Llonto al escuchar al policía referirse en esos términos a la investigación por la desaparición de Cittadini. Pablo es el abogado de la familia de Ricardo; es, además, un incansable querellante en causas por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura y vecino del barrio. Junto a él estuvo parte de la familia Cittadini: Roberto, hermano mayor de Ricardo, que tenía 22 años cuando se lo llevaron; Graciela, una de sus hermanas menores, de 16 en aquel entonces; y Bárbara, la más joven, sobrina del militante desaparecido. Completaron la delegación Diego Perone, secretario del juzgado N° 3 que lleva la causa, y un grupo de integrantes de Memoria Abierta, colectivo de derechos humanos que asiste a la querella en la investigación. Sur Capitalino fue el único medio de prensa que se hizo presente durante la inspección.

“Es muy fuerte ver los calabozos que aún hoy se siguen utilizando, de dos por uno, sin ventanas, en condiciones de hacinamiento terribles”, cuenta Roberto, tras haber recorrido los lugares donde estuvo alojado su hermano. “Yo nunca había estado en este lugar. Es conmovedor pensar que en este espacio Ricardo pudo haber vivido sus últimos momentos, es trágico”, completa Graciela, visiblemente emocionada.

La sede policial sufrió reformas edilicias, pero la entrada vehicular y el sector de los calabozos parecen no haber sido modificados. El punto de referencia para la familia es un croquis del lugar que hizo Ricardo Camino Gallo, detenido junto a Cittadini aquel 17 de agosto. Camino Gallo testimonió por primera vez en 1984, por vía diplomática desde Holanda, donde se había exiliado; falleció algunos años después, pero su palabra mantiene una importancia determinante para la causa porque relató la forma en que Cittadini fue golpeado y sometido a simulacros de fusilamiento la noche de su detención, según él mismo pudo escuchar. A partir de las 2 am del día siguiente, dijo, ya no lo escuchó más. Su testimonio cobra un valor extra por la descripción que hizo del lugar y el dibujo que realizó a modo de plano, que se corresponden con exactitud con lo que aún hoy puede verse.

La del jueves fue la primera inspección ordenada por la justicia. El ex comisario de la 28, Miguel Alcides Viollaz, y el ex sargento primero Nicomedes Mercado, que participó de la detención de Cittadini, fueron condenados en 2016, pero los oficiales de la comisaría que estuvieron de guardia el día en que Ricardo fue secuestrado y trasladado allí no fueron indagados ni procesados. Se trata de los agentes Pablo Romanow y Esteban Vilella Paz. El pedido de la querella es que la justicia finalmente avance con la investigación de sus responsabilidades.

La inspección duró algo más de una hora. Ya de vuelta en la calle, los familiares de Ricardo, el secretario del juzgado, el abogado y los colaboradores de Memoria Abierta intercambiaron pareceres. En general había conformidad: “Se corrobora todo lo dicho por Camino Gallo. Esto nos da un poco más de precisión sobre los lugares, esperamos ahora que la inspección ayude a empujar la decisión del juez para que cite a los testigos que faltan y, una vez tomados esos testimonios, detenga a los demás responsables”, valoró Pablo Llonto. Roberto, Graciela y Bárbara agradecieron. “Nos sentimos muy conmovidos”, agregó la hermana, a modo de despedida.

Poco después ya no quedaban huellas del paso de la delegación judicial por el lugar. La ex comisaría 28, donde se cometieron secuestros, torturas y desapariciones como parte del plan sistemático de extermino de la última dictadura cívico militar, volvía a verse, desde la avenida Vélez Sarsfield, apenas como un edificio más.

 

La 28

La ley 26.691 obliga al Estado Nacional a visibilizar los lugares donde se cometieron delitos de lesa humanidad. Sin embargo, el edificio de la Comisaría 28 aún no está señalizado. “Las resistencias (en incorporar algunos sitios propuestos) se asocian a los climas políticos”, reconoció la ex directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria, Lorena Battistiol, cuando Sur Capitalino la entrevistó en octubre de 2021. Es de esperar que las autoridades designadas en las áreas de Derechos Humanos por el actual gobierno nacional no faciliten la tarea, a juzgar por la postura negacionista –cuando no vindicatoria—que expresan tanto el presidente como la vicepresidenta de la Nación sobre los crímenes de la pasada dictadura. Sin embargo, las condiciones están dadas. “Cuando el Tribunal Oral 5 dictó sentencia, quedó probado que esto fue un Centro Clandestino”, aclara el abogado Pablo Llonto, y agrega: “Ahora hay que pelear para que el Estado lo señalice, y que éste sea un lugar de memoria en Barracas”. El Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) reúne la información sobre los Centros Clandestinos de Detención, que suman más de 800 en todo el país. El listado sigue abierto porque, como en el caso de la comisaría 28, hay lugares que aún están pendientes de incorporar.

Pocos días después de la inspección judicial, el martes 30 de abril, la Asamblea del barrio convocó a una Marcha de Antorchas junto a vecinos y vecinas de la villa 21/24 bajo la consigna Memoria Encendida. Allí estuvo Lucas Yáñez, presidente de la Junta de Estudios Históricos de Barracas. Sobre la desaparición de Cittadini sostuvo: “Señalar a la comisaría 28 como un lugar de detención de militantes durante la última dictadura cívico militar es importante para el barrio, nos acerca a la búsqueda de justicia y a sostener activamente que dictadura Nunca Más”.

 

“Cangui”, “El Polaco” 

Ricardo Alberto Cittadini nació el 15 de noviembre de 1954 en Coronel Gregores, una pequeña localidad de la provincia de Santa Cruz que lleva en su memoria el recuerdo de otras “tumbas sin nombre”, al decir de Osvaldo Bayer; allí se produjeron parte de los fusilamientos de obreros en el año 1922, sucesos que Bayer reconstruyó en su fundamental obra La Patagonia Rebelde. Cuando tenía 6 años su familia se mudó a Trelew, en la provincia de Chubut, donde aún vive su madre (que este año cumple 100 años) y algunos de sus 10 hermanas y hermanos. Ricardo tenía 17 años cuando en esa ciudad se produjeron otros hechos trágicos: los fusilamientos de los militantes del ERP y Montoneros el 22 de agosto de 1972. Con esas historias a cuestas se fue a vivir a La Plata en 1973. Allí se anotó en la carrera de Ciencias Económicas y comenzó a militar en la Juventud Universitaria Peronista (JUP), agrupación afín a Montoneros.

El martes 17 de agosto de 1976 era feriado. Ricardo –sus familiares y amigos lo apodaban “Cangui”, aunque en La Plata le decían “El Polaco”– fue al encuentro de su hermana María Ercilia, que había viajado a Buenos Aires desde Trelew con su esposo y su pequeño hijo. No los encontró en el departamento de la calle Salta donde debía verles, así que fue a hacer tiempo a la Plaza España, frente al Hospital Británico. Miraba el partido de bochas cuando el oficial Nicomedes Mercado, junto a otros tres policías, lo detuvo y lo subió a un patrullero. Lo mismo le sucedió a otro joven de apellido Camino Gallo. Durante los breves minutos del viaje hasta la comisaría 28 Ricardo logró darle los datos de su familia a su circunstancial compañero de detención. Le pidió que les avise apenas logre salir, lo que sucedió al día siguiente. Pero cuando los familiares de Ricardo se acercaron a la comisaría para preguntar por él, les negaron que hubiera estado allí. La entrada de Camino Gallo estaba registrada, la de Ricardo no.

Un día después de su secuestro fue allanado su departamento en La Plata. De allí se llevaron a tres de sus compañeros de estudios y de militancia: Rubén Beratz, el Negro Carpani y el Suizo Schudel. Todos eran militantes de la JUP y, al igual que Ricardo, continúan desaparecidos.