A 16 años del incendio del taller clandestino de Luis Viale

Sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre, donde murieron una joven de 25 años embarazada, dos adolescentes y tres niños en condiciones de esclavitud, realizaron este miércoles una jornada de lucha para mantener el reclamo de justicia. Exigen que se juzgue a todos los responsables y que el lugar se convierta en un espacio de memoria.

A 16 años del incendio del taller clandestino de Luis Viale

La “jornada de lucha y el festival de resistencia” se realizó en Luis Viale 1269, donde funcionó el taller ilegal hasta el 30 de marzo de 2006, cuando un cortocircuito desató un incendio que provocó la muerte de: Juana Vilca, de 25 años y embarazada; Wifredo Quispe, de 15 años; Elías Carabajal, de 10 años; Rodrigo Carabajal, de 4 años; Luis Quispe, de 4 años y Harry Rodríguez, de 3 años.

El lugar era un galpón con una planta baja donde estaban las maquinarias y un primer piso donde vivían 65 personas, 25 de ellas niñxs, en condiciones de extrema precariedad. “Las habitaciones estaban improvisadas con nylon y cartón y contaban con un solo baño para todxs", contaron desde la "Comisión por la memoria y justicia de los obreros textiles de Luis Viale", que organizó la jornada.

"Esto no fue ni tragedia ni accidente, fue una verdadera masacre patronal. Acá murieron cosiendo ropa, la ropa que usamos está manchada con la sangre de las trabajadoras textiles y de sus hijos", dijo Lourdes, una de las sobrevivientes de la masacre, al tomar la palabra durante el acto.

En el juicio que se llevó adelante en 2016, la justicia condenó a los capataces del taller a 13 años de prisión bajo la carátula de "reducción a servidumbre", pero en 2019 sobreseyó a Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, dueños del lugar y les devolvió la posesión del inmueble, que aún que permanece tapiado y abandonado.

Además de reclamar que se juzgue a todos los responsables de la masacre, desde la Comisión por la memoria y justicia de los obreros textiles de Luis Viale el año pasado presentaron un proyecto en la Legislatura para que el edificio sea expropiado por el Estado porteño y convertido en un espacio de memoria. “La edificación deberá resguardar los elementos testimoniales que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica colectiva de la Ciudad contra la trata de persona con fines de explotación laboral y ser protegidos integralmente por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, sostiene la iniciativa.