El objetivo de esta presentación es requerir la intervención de la ONU para, por un lado, exhortar al Gobierno porteño a que implemente políticas que prevengan y detengan las acciones que vulneran los derechos humanos y, por el otro, crear conciencia pública sobre la problemática, las garantías y los derechos que el Estado debe garantizar.

La solicitud de comunicación, firmada por la Defensora General de la Ciudad, Marcela Millán, sostiene que “el incremento alarmante del número de quienes están viviendo en la calle tiene como contrapartida una política estatal que conjuga la ausencia de intervención pública adecuada con la estigmatización y la criminalización de esta población”.

La presentación recuerda que, según datos del Relevamiento Nacional de Personas en Situación de calle (ReNaCALLE) de 2023, había 8.028 personas viviendo en la calle en la Ciudad de Buenos Aires, de las cuales el 49,1% había estado antes en esa misma situación, mientras que para un 48,3% era la primera vez. “La situación actual es más grave aún si se contemplan las estimaciones de quienes están en riesgo de situación de calle y si se toma en cuenta la información del propio Gobierno porteño que reconoció un crecimiento del 40% interanual de los y las sin techo en la Ciudad”, advierte el MPD.

En ese sentido indica, también, que la criminalización hacia esta población se verifica en los procesos iniciados bajo las figuras de “resistencia a la autoridad” y “daño”. “Según datos propios de este MPD, durante el primer cuatrimestre de este año se asistió a 2643 personas privadas de su libertad, de las cuales el 13% estaba situación de calle”, explica. Y continúa: “La posibilidad de recibir violencia institucional en el marco de una detención, se incrementa en un 84% cuando se trata de personas en situación de calle”.

En la presentación, la Defensa Pública hace referencia a las leyes nacionales y locales para la protección de los derechos y la atención integral para las personas que viven en la calle, repasa las campañas gubernamentales y declaraciones mediáticas de parte de distintos funcionarios públicos y señala el desfinanciamiento y recorte presupuestario de los programas locales destinados a atender esta problemática.

Además, menciona el pedido de informes que realizó el MPD al Gobierno porteño en el mes de abril para que responda sobre los denominados “operativos de limpieza urbana” y por la puesta en funcionamiento del “Protocolo de atención a personas en situación de vulnerabilidad habitacional con padecimientos de salud mental y/o consumo problemático”.

Para el MPD “debe evitarse la estigmatización de las personas en situación de calle y es necesario desarrollar políticas públicas que garanticen efectivamente el derecho a la vivienda digna, de manera que el Estado promueva soluciones de fondo a la grave problemática habitacional de la Ciudad”.

“El MPD tiene el deber de trabajar en la defensa de las personas, velando para que las acciones estatales se realicen con un estricto apego al sistema de protección de derechos humanos, y considerando con especial atención la situación de personas y grupos en situación de vulnerabilidad social”, concluye el pedido de comunicación enviado al Relator de las Naciones Unidas.