El viernes por la tarde comenzaron a circular de forma no oficial el listado de los contratos que el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, había pedido renovar.  En la lista figuraban sólo 35 de los 85 contratos que se habían renovado en marzo.  A lo que se suma el despido de seis trabajadores que estaban bajo modalidad de “Ley de contrato de Trabajo”.

Entre los despedidos, hay trabajadores que habían sido reincorporados a fines de marzo o principios de abril. Las áreas más afectadas son los sitios de Memoria y al Archivo Nacional de la Memoria, que tiene, entre otros, el fondo con la documentación producida por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). En este organismo, de 17 contratos que debían renovar, solo mantuvieron cinco.

De la Secretaría de Derechos Humanos dependen cuatro sitios ubicados en la Ciudad de Buenos Aires (Automotores Orletti, Olimpo, Virrey Cevallos y Atlético), el Faro de Mar del Plata, la Escuelita de Famaillá y el Regimiento de Infantería (RI) 9 de Corrientes. Si se efectivizan los despidos, hay 27 trabajadores y trabajadoras asignados a los sitios, lo que dejaría a algunos de ellos prácticamente sin funcionamiento.

La mayoría de los despedidos tienen diez años en el Estado nacional. “Nos quedamos sin arqueólogos, arquitectos, conservadores, educadores y compañeros del área de mantenimiento. Es un desmantelamiento absoluto de los sitios de memoria”, explicó una de las trabajadoras a Página 12.

La ex-ESMA –donde la Secretaría de Derechos Humanos tiene su sede– también se verá afectada con los recortes.

La decisión de despedir a quienes implementan las políticas de memoria, verdad y justicia va en sintonía con la prédica de un gobierno que niega los crímenes del terrorismo de Estado.

Por eso, la legisladora de Unión por la Patria, convocó a una reunión abierta con legisladores, organismos de Derechos Humanos, organizaciones sindicales y sociales para conocer la situación de los trabajadores e impedir el desmantelamiento de las políticas de memoria.

“Desde la Comisión de Derechos Humanos estamos impulsando acciones y denunciando los despidos en la Secretaría y el cierre del área de investigación de la Conadi. Por eso, convocamos a una reunión de diputados, sitios de memoria, organismos de derechos humanos y trabajadores para solidarizarnos por la situación y después para pensar estrategias que nos permitan visibilizar lo que está sucediendo. Hay que lograr que el gobierno nacional revierta esta decisión, que es un enorme retroceso e incumple con compromisos internacionales”, advierte Montenegro.

Fuente: Página 12