Cerraron los Centro de Acceso a la Justica de los barrios más vulnerables
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ordenó cerrar ocho de los dieciséis Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) que funcionaban en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires y recibían el 42% del total de las consultas.
La decisión no fue comunicada a través de medios oficiales, sino a través de correos electrónicos que los y las trabajadoras recibieron el jueves pasado sin ningún tipo de fundamentación o previsión.
Lo único que parecen tener en común los centros seleccionados es que se encuentran en barrios populares, donde reside la población más vulnerabilizada de la ciudad, con mayores dificultades para acceder a los derechos básicos, muchos de los cuales son, justamente, materia de consulta en los CAJ. Se trata de los CAJ de las villas 15, 20 y 21, el del Barrio Ricciardelli – ex 1-11-14- y los dos del Mugica – ex 31 -, además de Villa Soldati y Barrio Mitre.
Los Centros de Acceso a la Justicia son dispositivos territoriales que buscan extender los servicios de asistencia legal gratuita para acercar la justicia a la población más vulnerabilizada. Allí se asesoraban de forma gratuita sobre documentación personal y derecho de familia, obtención de DNI y partidas de nacimiento, temas vinculados a alimentos, régimen comunicacional de hijos e hijas, violencia de género, entre otros.
“Es la única política pública nacional en materia de descentralización y federalización del acceso a la justicia”, señalaron desde la Asociación Civil por el Acceso a la Justicia (ACIJ).
De acuerdo a un relevamiento realizado por esta Asociación Civil los espacios que fueron cerrados recibían el 42% del total de las consultas de la ciudad y seis de ellos estaban entre los diez más requeridos.
“En un contexto de aumento de la pobreza y del deterioro de las condiciones de vida, reducir los canales directos de acceso a derechos y comunicación con autoridades, sobre todo en los barrios con mayores vulneraciones, agrava de forma sustancial la situación de quienes ya se encuentran en peores condiciones”, concluyeron en un comunicado firmado por ACIJ, INECIP,ELA,CELS, la Red Argentina de Abogacía Comunitaria y los curas villeros P. Lorenzo de Vedia – Parroquia Nuestra Señora de Caacupé – Villa 21-24, P. Gastón Colombres – Parroquia Nuestra Señora del Carmen – Villa 15, Ciudad Oculta, P. Ariel Corrado – Parroquia Madre de la Esperanza – Villa 20, P. Domingo Alberto Regín – Parroquia Virgen Inmaculada – Barrio Ramón Carrillo, P. Andrés Tocalini – Parroquia Nuestra Señora de Fátima – Barrio Fátima, P. Damián Reynoso – Parroquia San Francisco de Asís – Villa Soldati, P. Facundo Ribeiro – Parroquia Nuestra Señora de Caacupé – Villa 21-24, P. Pedro Baya Casal – Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza – Barrio Rodrigo Bueno, P. Ignacio Obagattini – Parroquia Cristo Obrero – Barrio Padre Mugica (V), P. Jesús Carides – Parroquia Nuestra Señora del Carmen – Villa 15, Ciudad Oculta, P. Oscar Gallego – Parroquia MarÍa Madre de la Esperanza – Villa 20.
Además, hicieron un llamamiento al Ministro de Justicia para que revea la medida y le solictaron una reunión para intercambiar sobre la situación del acceso a la justicia de los sectores más postergados.