Las ferias Vuelta de Rocha I y II forman parte del sistema oficial de ferias artesanales de la Ciudad.  Están reglamentadas desde 1992 por una ordenanza vigente de la entonces Municipalidad de Buenos Aires junto a las ferias de las plazas Houssay, Manuel de Alvear e Italia, y las de los parques Centenario y Lezama, que las declaró de interés municipal.

"Hace unas semanas los delegados se reunieron con funcionarios del GCBA y del Ente de Turismo. Era para hablar de obras que ya nos habían notificado: readoquinamiento, luminarias y cartelería. Pero también nos hablaron de una reubicación", contó Mariana, una de las integrantes de la Feria a Página 12.

Lo que parecía una notificación informal se transformó en una disposición oficial de la Dirección General de Permisos y Ferias del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, publicada en el Boletín Oficial.

Allí se estableció un plazo de cinco días corridos para realizar "la remoción y reubicación de estructuras feriales" con traslado a la Plazoleta Bomberos Voluntarios en el cruce de las calles Garibaldi y General Araoz de Lamadrid, junto a las vías del tren de cargas en la otra punta de Caminito y a 100 metros de Vuelta de Rocha, donde circula la mayor parte de los turistas.
 
"El martes a la noche realizamos una vigilia a la espera de que se cumpla el plazo, pero no vinieron. Al otro día nos llegó la notificación de la precautelar que nos da al menos cinco días hábiles más. Estamos contentos por ese respiro y después vamos a seguir esperando a ver cómo concluye el acto legal", señala la feriante, que asegura que "vamos a resistir de manera pacífica, a defender el espacio porque estamos dentro de la ley". "Para nosotros es un rechazo absoluto porque no fue consensuado: pasamos de reubicar unos puestos a mover toda la feria", agrega Mariana.

En este contexto, se conoció la resolución del juez Ignacio Marconi, a cargo del Juzgado N°11 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario que ordena: "suspender -como medida precautelar- los efectos de la disposición y, en consecuencia, ordenar al GCBA que se abstenga de efectivizar el traslado de la feria de artesanos hasta tanto se cuente en la presente causa con la documentación requerida y sea resuelta la medida cautelar peticionada".

El fallo establece un plazo de cinco días hábiles para que el Gobierno porteño remita toda la documentación relacionada a la decisión de reubicar la feria. En el escrito de sólo una página, el juez no da mayores explicaciones sobre su resolución, pero sí remarca la importancia "de la naturaleza de los derechos que se encontrarían comprometidos" en el caso.