El secretario de Seguridad de la Ciudad, Diego Kravetz, que estuvo presente durante el megaoperativo, dio algunos detalles del procedimiento, y de sus motivos: "La idea es incautar la mercadería apócrifa que luego se vende en el espacio público y evitar con esto la instalación de manteros en Once, que es un problema recurrente hoy para el comerciante".

Además, aseguró que en el barrio "los negocios se usan como depósitos para luego vender en la calle". "Nosotros estamos buscando ayudar al legal, que está compitiendo con un esquema de venta ilegal que no paga impuestos, que realmente complica la competencia. Nosotros estamos como auxiliares de la ley para ayudarlos", concluyó el funcionario en diálogo con Radio Continental.

Apenas un día antes,  jueces, legisladores y representantes de distintas organizaciones sociales se reunieron en el encuentro “Espacio público y derechos humanos. Aportes para una reforma legislativa”, para visibilizar las violencias institucionales que padecen los vendedores ambulantes y en proponer alternativas legislativas que permitan un uso del espacio público basado en la dignidad y el respeto de los derechos humanos. 

En el encuentro, convocado por el Instituto Fray Bartolomé de las Casas (IFBC) y el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), denunciaron la creciente criminalización de estas personas y llamaron a impulsar una legislación más justa e inclusiva.  

El juez Roberto Andrés Gallardo, presidente de COPAJU, inauguró la charla subrayando que “analizar el espacio público sin tener en cuenta el contexto económico, social y político es una tarea en vano”.  Frente a la falta de políticas públicas que contengan y superen las condiciones de vulnerabilidad, el desplazamiento y la violencia estatal se convierten en las únicas respuestas visibles. “En vez de asistir y dar soluciones, lo que se hace es potenciar la exclusión”, concluyó.

Por su parte, Fernando Vaimbrand, presidente de la Federación de Trabajadores en Espacios Públicos, aportó la mirada de quienes ejercen actividades de la economía popular en la calle. “Los trabajadores de la economía popular existen y no son un fenómeno en transición”. “La falta de reconocimiento como sujetos de derecho o de legitimidad de nuestro trabajo se traduce en criminalización, discriminación y, en muchos casos, en el robo de nuestro material de trabajo”, denunció.

Vaimbrand también se refirió al uso desmedido de la ley de marcas (Nº 22.362), creada para proteger los derechos de propiedad intelectual de las grandes corporaciones, pero que en la práctica se usa para decomisar y destruir la mercadería de los vendedores ambulantes, en especial de los migrantes. “Todos sabemos que las prendas que vendemos no compiten con las grandes marcas y no generan una competencia desleal”, afirmó, al tiempo que cuestionó: “¿Qué pasa con la mercadería secuestrada? No aparece nunca”.

Los megaoperativos, en sintonía con la política coercitiva del Ministerio de Seguridad Nacional, sólo persiguen y estigmatizan a una población altamente vulnerabilizada que encuentra en la venta callejera un modo de subsistir.   En este sentido, Natalia Zaracho, diputada nacional de Unión por la Patria, y María Rosa Muiños, defensora del Pueblo de la Ciudad, coincidieron en que es urgente avanzar hacia un nuevo marco normativo que priorice la dignidad de las personas por sobre la propiedad privada del espacio público.