Los datos se desprenden de un informe sobre Becas Alimentarias en la Ciudad, elaborado por la Universidad Popular Barrios de Pie, junto a promotoras y promotores de educación, durante abril y mayo, a través de una encuesta a 247 familias de estudiantes que asisten a 65 establecimientos de distintos niveles en las Comunas 1, 4, 7, 8, 9 y 15.

En la Ciudad de Buenos Aires, sólo 4 de las 1783 escuelas públicas autogestionan el servicio de comedor; las demás lo cubren a través de convenios con empresas privadas por lo cual el almuerzo es un servicio arancelado. Quienes no pueden pagarlo, deben demostrar la falta de recursos para acceder a un sistema de becas, que puede ser total o parcial, de acuerdo a los recursos de las familias y debe renovarse todos los años de manera virtual.

A la consulta específica sobre la calidad de las viandas, el 64 por ciento de las familias que accede a las Becas Alimentarias dijo estar disconforme, mientras el 77 por ciento señaló que la calidad podría mejorar; al tiempo que más de la mitad de las consultadas contestó que no recomendaría la alimentación que entrega el Gobierno porteño, a través del Ministerio de Educación.

"En la Ciudad de Buenos Aires necesitamos fortalecer las políticas alimentarias, pero con un presupuesto de 2 billones de pesos para este año, el Gobierno porteño decidió ir en sentido contrario", aseguró la diputada y presidenta de la Comisión de Promoción Social, Laura Velasco.

"La beca alimentaria es un derecho que viene a garantizar una buena alimentación, ind ispensable para poder aprender. Y en un contexto de crisis y de índices de malnutrición graves en nuestras niñeces y adolescencias más vulnerables, tal como tenemos en la Ciudad, se vuelve fundamental", remarcó.

El relevamiento va en línea con otro informe de la Auditoría General de la Ciudad difundido en 2020 que daba cuenta de "la falta de control en el servicio alimentario de los comedores en las escuelas", así como "irregularidades en las modalidades de contratación de las empresas, insuficiencia en los mecanismos de aplicación de penalidades y sanciones para los proveedores del servicio".

Ese mismo año y en el contexto de repetidas denuncias por comida en mal estado, la legisladora porteña del Frente de Todos Ofelia Fernández presentó un proyecto para modificar el sistema de los comedores escolares con una iniciativa que buscaba garantizar el acceso universal y gratuito a una alimentación saludable, segura y soberana e incluía a la economía popular como garante. Desde entonces, el proyecto no avanzó en el parlamento porteño.