En los últimos meses se fue haciendo presente una sensación entre las y los porteños: la Ciudad de Buenos Aires está cada vez más sucia. A los desbordes en los contenedores y la basura alrededor, las temperaturas del verano le sumaron el olor a descomposición penetrante, que aumentó la percepción desagradable en las veredas. 

Al problema, la gestión de Jorge Macri le responde aplicando su receta estigmatizante y racista: responsabiliza a las y los recuperadores urbanos y a la gente en situación de calle. Y en lugar de apelar a las causas socioeconómicas de la crisis, rocía los tachos con perfume de limón y ajusta los convenios con cooperativas, claves para garantizar la limpieza en los barrios populares como la Villa 21-24 de Barracas.

La crisis socioeconómica explica que haya más personas que trabajan como recicladoras o buscan sobrevivir cartoneando. Quienes viven en las calles porteñas son un 23% más que un año atrás.

Es cierto que el asunto no es nuevo: en 2024 la Defensoría del Pueblo había recomendado en una nota oficial aumentar la cantidad de contenedores (son 33 mil según las cifras oficiales). Pero el problema estaba más circunscripto a las zonas gastronómicas. Hoy, está presente en veredas residenciales y comerciales de nuestros barrios. Y ante la falta de una vía de canalización oficial, los reclamos dominan los grupos vecinales y las redes sociales. 

El gasto crece, la basura también

El servicio de recolección de residuos está dividido en siete zonas, con seis de ellas a cargo de empresas concesionadas y una, la de Comuna 8, efectuada por un ente dependiente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño. En las Comunas 4 y 3, lo hace UrbaSur, con contrato hasta el 2028 después de que Horacio Rodríguez Larreta prorrogara el vencimiento originalmente previsto para el año pasado, donde podrían haberse renegociado las condiciones o directamente relicitar.

Los datos muestran que para la basura, plata hay: el presupuesto porteño 2025 le fijó al Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana casi 1.8 billones de pesos. De ese monto, a las empresas que efectúan la recolección les corresponde 800 mil millones de pesos, según mostró un informe del Observatorio por el Derecho a la Ciudad. 

El gasto va en aumento, ya que en el primer año de gestión de Jorge Macri el dinero destinado había sido de $695 mil millones, un 5% más -en términos reales- que en 2023. Fue una de las pocas partidas que creció en el presupuesto porteño: el gasto público total bajó un 8%. E, incluso, hubo áreas sensibles que sufrieron recortes mayores: la promoción de la salud en la niñez (-16%), la obra pública (-12%), la salud mental (-12%), según detalla la agencia Paco Urondo.

“La ineficacia no es por falta de presupuesto”, concluyó entonces el documento del Observatorio, que destaca que las concesiones no fueron debatidas por la Legislatura en su momento. También, denuncia serios incumplimientos en la Ley de Basura Cero (sancionada por unanimidad en 2005), que fijaba metas de reducción en la incineración de basura, una tecnología muy contaminante.

Los argumentos de Macri

Con el aumento de basura acumulada en las veredas de la Ciudad, durante finales del año pasado e inicios de este, el Gobierno porteño no pudo evitar que el tema entre en la agenda mediática. Entonces, apeló a una táctica conocida: culpó a grupos estigmatizados, en este caso, les recuperadores urbanos o cartoneros y las personas en situación de calle. “Revuelven mal la basura y generan desorden”, llegó a decir el jefe de Gobierno. 

Después, pasó de las palabras a la “acción”, presentando medidas insólitas con el fin de mejorar la situación. Primero fueron los “contenedores antivandálicos”, que en lugar de la tapa de apertura manual tienen un formato similar al de los buzones. Así, se vuelve prácticamente imposible ingresar dentro de ellos, una práctica que frecuentemente hacen les cartoneros en busca de encontrar residuos que les sirvan. 

Luego, vino el “Programa Intensivo de Desodorización”, que consistió en arrojar a los contenedores un líquido “inhibidor de olores” que les deja una fragancia a limón. Aunque parezca inverosímil, el mismo Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, presenció uno de los operativos y expresó que la medida buscaba “neutralizar los potenciales malos olores de los contenedores”. Vistos los resultados, no funcionó.

Las causas socioeconómicas

Mientras tanto, lejos están los funcionarios de vincular la mayor cantidad de personas que se ven revolviendo basura, al contexto socioeconómico del país y la Ciudad. En ese sentido, las estadísticas de la propia administración porteñas difundidas la primera semana de marzo registraron un alza del 23% en la cantidad de personas en situación de calle. Para noviembre de 2024 había entonces 4049 habitantes en esta condición, una cifra que como ya expresamos en estas páginas regularmente, está subregistrada.

A pesar de este panorama sobre la basura, donde sí recorta el Gobierno de la Ciudad es en el personal destinado a la limpieza en los barrios populares. Para comienzos de año, el Ministerio de Desarrollo Humano no renovó el contrato de las trabajadoras (en su gran mayoría mujeres jefas de hogar) del programa Veredas Limpias, que se encargaban de limpiar en las villas y barrios en los que las empresas concesionadas no prestan el servicio. El trabajo se realiza a través de convenios con cooperativas que, por lo general, suelen ser de los mismos barrios.

A propósito del tema, Sur Capitalino se contactó con Leny Cayo, que integra la Cooperativa 12 de Abril, una de las que tenía convenio en la Villa 21-24 de Barracas. Pese a que hace casi diez años que hace este trabajo, es una de las cesanteadas. “Hay puntos ciegos en los que los vecinos dejan los desechos y si nosotras no realizamos el servicio, el barrio queda tapado de basura”, cuenta y nombra al “lado de San Blas, Loma Alegre, Tierra Amarilla, Tres Rosas o el Camino de Sirga”, como zonas en las que debido a que la empresa no ingresa, “somos las únicas que entramos a limpiar, y conocemos los pasajes y los pasillos, porque somos del barrio”. 

A pesar de esta tarea clave en los barrios populares, el Gobierno porteño decidió para este 2025 hacer un durísimo recorte en Veredas Limpias. De las 380 trabajadoras que estaban contratadas, el Ministerio únicamente tiene intención de recontratar a 94. Para colmo, con un pago menor: de 145 mil pesos que cobraban las trabajadoras, pasarían a percibir 112 mil pesos. 

“Vos salís a laburar a las 8 y llegás a las 12, y nadie te contrata a la tarde en otro laburo. Encima la mayoría de nuestras compañeras sostiene el hogar y no tiene casa. Hay que entender que una sola habitación en el barrio, con baño compartido, cuesta entre 80 y 100 mil pesos, por lo que si no fuera por los comedores que hay en el barrio, ni nos podríamos sostener”, describe Leny.

Más precarización

En la última semana, algunos referentes se acercaron al Ministerio a negociar, pero por ahora no hay avances. El objetivo final, denuncia la entrevistada, es precarizar aún más las condiciones laborales de las integrantes del programa. “El PRO tiene gente aquí en el barrio, que hacen servicios de barrido. Lo que se les paga a esos compañeros es muy poco y, sobre todo, sin los beneficios y los derechos que nosotros hasta ahora teníamos, como el seguro, el monotributo social y la obra social. A eso es a lo que apuntan y por eso nos sacan a nosotros”, denuncia Leny.

Ante esta situación, Sur Capitalino tomó contacto con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat para conocer su argumento. “Como todo convenio y programa, Veredas Limpias debe cumplir con ciertas incondicionalidades que se controlan por medio de auditorías”, iniciaron. 

“En función de las mismas, que se realizaron el año pasado, se constató que el servicio que debía brindar la Cooperativa La Dignidad, una de las que participa del programa, efectivamente no se estaba prestando como correspondía, motivo por el cual se procedió a dar de baja el convenio al finalizar el 2024”, informaron, sin mayores detalles o acceso a la auditoría. Finalmente destacaron que “están abiertos los canales de diálogo con los referentes para que regularicen la situación y volver a analizar la posibilidad de efectuar un nuevo convenio”.