Sofía sobrevivió de milagro luego del brutal ataque de Justo Fernando Barrientos, un vecino que arrojó una bomba en la habitación que compartía con su pareja, Andrea Amarante, y otra pareja más, Roxana y Pamela, las tres fallecidas como consecuencia de las graves quemaduras sufridas esa madrugada.

Durante los 6 meses que lleva la investigación penal, a cargo del Juez el Juez Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14,  Edmundo Rabbione, La mujer pasó por instancias de revictimización constante, sospecha, despojos y falta de reconocimiento del juez. La recusación presentada por la víctima se fundamenta en la afectación a la garantía de ser oída por un tribunal imparcial, tal como lo establecen diversos artículos de la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos.

El mismo día en que ocurrió el ataque, mientras las cuatro mujeres estaban internadas,  el juez entregó sus pertenencias a los vecinos del hotel. Fotos, documentos, teléfonos y otros recuerdos que se habían salvado del fuego y el agua, se tiraron a la basura, una decisión que agravó el dolor de la única sobreviviente.

Además, desconoce los derechos de Sofía Castro Riglos como pareja conviviente de Andrea Amarante, al impedir que sea querella en representación también de Andrea, violando el derecho de las parejas del mismo sexo a igual protección de la ley.

Con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de la experta criminalista Silvia Buffalini, descubrieron que el juez no puso en marcha los protocolos adecuados para investigar femicidios, no preservó el lugar del hecho para medidas posteriores y no tomó recaudos básicos para cualquier homicidio.  Además de deshacerse de las pertenencias de las mujeres, que podrían servir como pruebas en la investigación, no secuestró la ropa que Barrientos tenía puesta al momento del ataque, no tomó muestras de sus manos para trazas de combustibles, ni allanó su habitación.

Sofía teme que el objetivo de todas estas maniobras del juez, es hacer pasar como que Barrientos quiso prender fuego el lugar, y no específicamente a las cuatro lesbianas convivientes, borrando así la historia de las víctimas.

Estas y otras omisiones en el debido proceso, expresan la tendencia del juez Rabbione a no aplicar los criterios constitucionales y convencionales respecto de juzgar con perspectiva de género y enfoque diferenciado por la orientación sexual percibida de las víctimas, en detrimento de una investigación penal exhaustiva como dimensión del derecho de protección judicial y acceso a la justicia.

Con estos argumentos buscan demostrar que existen razones fuertes y objetivamente justificadas para acoger el pedido de apartamiento del juez, garantizando así un proceso justo e imparcial.