El martes 30 de julio, la ribera de La Boca amaneció atestada de policías. Más de cien oficiales de la fuerza de seguridad porteña llegaron temprano en micros y trafics y rápidamente rodearon la esquina de la avenida Pedro de Mendoza y Necochea. “Vienen a desalojar”, se supo mientras se sumaban a la escena camiones con acoplado, enormes guinches y bolsones blancos con el logo del gobierno de la Ciudad. No era un desalojo más. No había orden judicial ni oficial de justicia. La desocupación forzada no había sido notificada. Una escribana y funcionarios de la Dirección de Administración de Bienes esperaban en la vereda mientras un comisario sostenía la fotocopia de una resolución que ordenaba el “desalojo administrativo”. Según ese papel, el jefe de Gobierno Jorge Macri y el de Gabinete, Néstor Grindetti, habían decretado que el inmueble ubicado en Pedro de Mendoza 1485/89/97 y Necochea 1492 debía ser desocupado de las familias que lo habitan desde hace años. Así, de repente, la Ciudad decidía “recuperar” un bien de “dominio público”. Cinco familias quedaban en la calle y todas sus pertenencias, metidas en bolsones de BA, viajaban hacia algún galpón. La presencia de vecinos, organizaciones sociales y algunes legisladores frenaron el resto del operativo mientras la abogada de las familias presentaba un amparo judicial. Al día siguiente la justicia ordenó la suspensión del desalojo a las quince familias restantes hasta tanto el Gobierno porteño no informe cuál es la utilidad pública que le dará al inmueble que, con tanta urgencia, decidió desalojar.

Antes de avanzar con las características e irregularidades de este desalojo administrativo, vale adelantar otros datos: la misma semana sucedieron otros episodios en el barrio que muestran que el operativo no fue aislado y es parte de todo un largo proceso que, de la mano de la nueva administración porteña, parece volver a acelerarse. Apenas dos cuadras más allá del desalojo, unos días después, el intendente Macri encabezó un acto para inaugurar la llegada de un catamarán que traerá turistas desde Puerto Madero. La empresa Sturla será la encargada del paseo que tendrá un costo de 17 mil pesos por pasajero adulto, 14 mil si se trata de un residente argentino.

“Este nuevo servicio de paseo en catamarán se sostiene en el Proyecto Sur, el plan de turismo de la Ciudad que impulsa la identidad de La Boca, la pasión por el fútbol, la historia de la inmigración y el tango”, dice el comunicado oficial y agrega: “También contempla el regreso de la actividad nocturna en Caminito con un nuevo ordenamiento del espacio público, la reorganización del transporte y el refuerzo de la seguridad”. Ahí la explicación de parte de lo que ocurrió unos días antes. Y también de lo que pasó un día después, cuando los 115 artesanos y artesanas de la Feria de Vuelta de Rocha se enteraron que querían trasladarlos -de manera inconsulta- hacia otro lugar. El plan, les dijo el subsecretario de Ordenamiento Urbano, Pedro Comín Villanueva, es reubicar los puestos, que llevan 30 años vendiendo artesanías en la esquina de Caminito, en la Plazoleta de los Bomberos. Un espacio con menor circulación pero que, además, es utilizado por la comunidad. Allí juegan las pibas y pibes al fútbol, ensaya una murga, se toca candombe y se realizan reuniones vecinales, entre otras actividades habituales. El Gobierno quiere imponer un “nuevo ordenamiento del espacio público” que perjudica a muchos y beneficia a unos pocos: los empresarios gastronómicos que de manera ilegal despliegan sus mesas y escenarios por calles y veredas de la zona.  

IRSA construirá en el predio de la ex ciudad deportiva de Boca diez torres de 145 metros de alto, con 6400 unidades desde 4 mil dólares el metro cuadrado.

Uno de los que estuvo presente en la inauguración del catamarán y que impulsa el Proyecto Sur en La Boca es Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad (Entur) y, desde marzo, también del Consejo Federal de Turismo. Tiempo atrás fue director de empresas dedicadas a la compra y venta de jugadores de fútbol y en 2015 Mauricio Macri lo nombró subsecretario general de la Presidencia. El cargo le duró hasta 2018, cuando renunció tras la revelación del diario El País de España de que tenía una cuenta off shore por más de 1,2 millones de dólares en Andorra.

Manos bien apretadas

El turismo y el negocio inmobiliario van de la mano por el barrio de La Boca. Y uno de los actores esenciales de este entramado es IRSA, el grupo empresario de Eduardo Elzstain, quien gracias al aval de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad volvió al ruedo con su proyecto de torres en el predio de la ex ciudad deportiva de Boca Juniors que compró en 1997 por chaucha y palito. Con el nuevo nombre de Ramblas del Plata, el complejo estará formado por más de diez edificios de 145 metros de alto, con 6400 unidades que costarán desde 4 mil dólares el metro cuadrado.

El último paso que le queda a IRSA es la audiencia pública que se hará el 4 de septiembre para obtener el certificado de aptitud ambiental y así poder abrir calles y redes de servicios en las 72 hectáreas ubicadas a orillas del Río de la Plata y frente al humedal protegido de la Reserva Ecológica Costanera Sur. En 2022 la Legislatura ya le aprobó el convenio urbanístico que habilitó la rezonificación del terreno donde, a partir de fin de año, comenzarán a levantar departamentos, oficinas, centros comerciales y un hotel.

Algo muy parecido hizo Jorge Macri cuando era intendente del partido de Vicente López, del otro lado de la General Paz. Su política estuvo plagada de exenciones del código urbanístico lo que permitió una proliferación de torres a orillas del río. Para justificar estos proyectos en favor de las constructoras, el primo de Mauricio apeló a un recurso similar que en CABA: aducir que el privado brinda una contraparte al barrio, algo que, casi siempre, debería dar el Estado local. Una escuela, un bajo nivel o un parque, como el caso del proyecto de IRSA. 

Las normas de excepción para construir no tienen ningún sentido urbanístico. La sobreconstrucción no es para que vivan personas que no tienen acceso a una vivienda, sino que busca “reservar valor, blanquear legal o ilegalmente capitales, formar activos financieros inmobiliarios o transformar mágicamente pesos en dólares. Exacerba la especulación inmobiliaria y la captura del incremento del valor del suelo por parte de los sectores inmobiliarios concentrados”, como señalan desde el Observatorio por el Derecho a la Ciudad (ODC).

En el proyecto de modificación (le llaman “ajuste”) del Código Urbanístico que tiene la Legislatura pronta a tratar, las normas de excepción se transforman en un instrumento al que llaman “Capacidad Constructiva Adicional (CCA)”. El criterio, dicen, busca “la igualdad de oportunidades norte-sur” e implica habilitar en avenidas del norte la construcción de torres que hasta dupliquen los 45 metros de altura establecidos en el actual Código Urbanístico, siempre y cuando esos metros cuadrados de más también se construyan en el sur. Pero ya sabemos que la construcción, por sí misma, no mejora las condiciones habitacionales ni el acceso a la vivienda de las familias porteñas.

El nuevo instrumento no establece ninguna medida para evitar la gentrificación de nuestros barrios del borde sur porteño. Como explican desde el ODC: “Se sabe que todo proceso de renovación inmobiliaria e inversión estatal en un sector de la ciudad genera una onda expulsiva de la población consolidada por el aumento de los costos de vida, del precio de los alquileres de viviendas y comercios. Igualar el precio del suelo de una zona con relación a zonas más caras equivale a la expulsión de sus residentes a quienes no se les igualan los ingresos económicos”.

Esto es lo que pasa y pasará aún más en La Boca. Porque según esa reforma del Código Urbanístico, el Área de Desarrollo Prioritario Sur tiene entre sus polígonos para construir el eje de la avenida Pedro de Mendoza en La Boca. Qué casualidad. Ahí mismo donde el Gobierno de Macri decidió desalojar de un día para el otro sin ningún tipo de explicación sobre su destino ni el apuro. ¿Será que allí construirá una escuela? ¿Un centro de salud? ¿O, apenas encuentre la oportunidad, lo desafectará del dominio público porque no le sirve y lo venderá a unos pocos pesos a un “desarrollador inmobiliario”?

Mientras avanzan las construcciones y los desalojos, en el barrio de La Boca hay cientos de familias sin agua o con poquísima presión que no logran que AySA ni el ente que regula ese servicio les dé una respuesta.

De decretos y propietarios

Como contamos en el inicio de esta nota, para desalojar a las familias de Pedro de Mendoza y Necochea, la policía de la Ciudad mostró un decreto que ordenaba la desocupación del inmueble de dominio público. Sin embargo, hay dos cuestiones que resultan llamativas: al momento del operativo (30 de julio) el decreto aún no había sido publicado en el Boletín Oficial, por lo que técnicamente no tenía validez. Por otra parte, la resolución (que al día siguiente sí se transformó en el decreto 227/2024) dice textual en el segundo párrafo de los considerandos:  “Que el citado inmueble pertenece al dominio público de esta Ciudad por haber sido adquirido por la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de los autos caratulados ‘Sanchez Leguina de Larrechea, María M y otros c/ MCBA s/ordinario’, que tramitó por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 1, Secretaría 1”. Sin embargo, ese expediente por ahora no aparece. El Juzgado 1 no lo tiene. Así consta en el amparo que está en el Juzgado contencioso administrativo de la Ciudad número 3 secretaría 5.

El desalojo de las cinco familias y el intento, por ahora frenado, de desalojar a otras 15 tuvo otras irregularidades. Según explicaron desde la organización La Boca Resiste y Propone, “ninguna familia había sido notificada con anterioridad ni se le ofreció ninguna solución habitacional; no se contó con la presencia del personal del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, ni del Ministerio Publico Tutelar, vulnerando así los derechos de 31 chicos y chicas; no se contempló la situación de personas mayores, discapacitados y de una vecina con tratamiento oncológico; no se cumplió en ningún momento con el Protocolo de actuación en Desalojos establecido en el marco de la Ley 2240”.

La Ley 2240 declaró a La Boca en Emergencia Urbanística y Ambiental hace 18 años. Recién hace poco más de dos años y por orden judicial, la Ciudad puso en marcha su Unidad Ejecutora. Se aprobó un protocolo como así también una línea para llamar si está en riesgo de ser desalojado. Actualmente hay en el barrio, unos 200 procesos de desalojo en curso en la justicia civil. Cada expediente puede incluir a varias familias que, de concretarse, se quedarían en la calle. En La Boca, el desalojo es un mecanismo que se volvió sistemático por el avance del mercado y un Estado que lo deja avanzar. Pero en el caso del desalojo del 30 de julio fue el propio Estado el que decidió ordenarlo. La herramienta elegida -la desocupación administrativa por decreto- fue utilizada innumerables veces durante las gestiones como intendente de Mauricio Macri para desalojar a gran cantidad de familias (por ejemplo, de la traza de la ex autopista 3). De hecho, entre 2008 y 2009 los desalojos administrativo por decreto llegaron al absurdo récord de 96. Mientras que desde 2016 hasta la actualidad se contabilizan 25. Tres, con la gestión de Jorge Macri. Muchos de ellos son casos de finalización de contratos de cesión de parte del Estado. La otra opción es que el inmueble se encuentre afectado a algún proyecto público, algo que por ahora no se demostró.

Barrios populares

Sobre la misma avenida Pedro de Mendoza se encuentran varios barrios populares incluidos en el registro RENABAP y que por ley, al menos hasta el año 2032, no pueden ser desalojados. Es el caso de El Pescadito y Zanchetti, ubicados en la cuadra que Jorge Macri ordenó desalojar ilegalmente, donde viven en total 46 familias.

El RIGI

Otro dato a tener en cuenta es que la Ley Bases incluyó al turismo en el generoso Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) que beneficia con reducción de impuestos, estabilidad cambiaria y financiera a quienes inviertan en áreas como forestoindustria, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. Algunas provincias de manera exprés ya adhirieron a la ley para aplicarla a sus territorios.

En la Ciudad de Buenos Aires ya hay un proyecto de ley de la diputada María del Pilar Ramírez de La Libertad Avanza que plantea la adhesión y que destaca al turismo como gran oportunidad para el territorio porteño.