Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, determinaron que los objetivos del programa se cumplen y, de esta forma,  rechazaron fijar un monto de daño colectivo a favor de las 17 personas que presentaron la demanda.

El tribunal destacó el trabajo de Acumar que, desde 2010, realiza "la continua limpieza y mantenimiento de 26.000 metros lineales de márgenes del cauce principal del río y 103.323 metros lineales de ríos y arroyos".  Durante 2022 y 2023, extrajeron un promedio mensual de 286,48 toneladas de residuos y se retiraron 80 embarcaciones hundidas en el río.

La cuenca Matanza-Riachuelo recorre 64 kilómetros y atraviesa 14 municipios de la provincia de Buenos Aires y el sur de la ciudad. En el área, de 2.047 kilómetros cuadrados, viven unos 4,7 millones de personas, el 10 % de la población argentina.

La causa se inició el 14 de julio de 2004, cuando 17 personas, algunas representando a sus hijos menores, demandaron al Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas por los daños sufridos a raíz de la contaminación de las aguas proveniente de los efluentes cloacales, los residuos sólidos urbanos y los efluentes líquidos de las industrias de la zona.

En 2008, la Corte Suprema ordenó a los tres Estados demandados a sanear el Riachuelo, tarea que quedó bajo responsabilidad de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) y cuya supervisión debía seguir el máximo tribunal.

“En el año 2008, la Corte Suprema fue la autoridad institucional que definió que el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo sea considerado una auténtica política de Estado. En 2024, fue la que decidió que deje de serlo”, denunció la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en un comunicado. 

También advirtieron en un comunicado que “subsisten demoras en la ejecución de obras”, como las de expansión de redes de agua y cloaca y de infraestructura destinada a urbanización, y que los indicadores “dan cuenta del bajo nivel de cumplimiento respecto de lo ordenado por el máximo tribunal en 2008”.

En este sentido, la FARN observó que en 2018 la propia Corte había advertido sobre la “marcada debilidad institucional de la Acumar y un desempeño de escaso rendimiento”.  Estas deficiencias, señalan, “se ven profundizadas en la actualidad a partir de los 40 despidos en el organismo, el retroceso institucional en su estructura organizativa y funcional, el congelamiento presupuestario –entre los meses de enero y agosto de 2024, las partidas relacionadas al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo cayeron un 28,2% en términos reales– y la parálisis de las obras de saneamiento”.