Los vecinos de la zona ribereña del sur porteño volvieron a encontrarse con el Estado dándoles la espalda. En una época marcada por la retirada de los organismos oficiales de toda política que garantice derechos, la Corte Suprema de Justicia aportó su granito de arena: decidió ponerle fin a su intervención en la “Causa Mendoza”, a 16 años de la sentencia que condenó a los Estados nacional, bonaerense y porteño a sanear la cuenca Matanza-Riachuelo, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y recomponer el ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelos). Gran parte de estos objetivos aún están pendiente.

Sin embargo, la decisión de la Corte se basa en que los “objetivos institucionales” que se habían previsto en 2008 se encuentran cumplidos con la aprobación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) -sobre el cual la propia Corte ya había señalado en 2018 su bajo grado de cumplimiento- y con la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) -también objetada por su debilidad para ejercer su rol de autoridad y su escaso rendimiento. Bajo esta misma lógica, la intervención de la Corte debería haber terminado hace años: la ACUMAR fue creada en 2007 y el PISA fue aprobado en 2010. No obstante, el máximo tribunal del país continuó monitoreando su propia sentencia. 

El impacto en los barrios

Para quienes residen en las zonas afectadas, la decisión de la Corte es un escenario de “sobre llovido, mojado” aunque, aseguran, en ningún momento fue garantía de confianza y calló ante las falsas promesas de las gestiones PRO del Gobierno de la Ciudad respecto a la relocalización o la llegada de servicios básicos, fundamentalmente en la villa 21-24 de Barracas y en el asentamiento Lamadrid de La Boca. Pero la percepción es que ahora, con una Acumar con representantes de un gobierno que se presenta como “topos para destruir al Estado”, estarán más todavía a la intemperie y sin respuestas.

“La Corte no jugaba a nada, nunca puso de su parte a favor de los vecinos. Y la situación fue y es permanentemente muy difícil, porque hay que ir remando y luchando todo el día. Pero con esta retirada, en el barrio estamos más que nunca con un miedo enorme, porque sabemos cómo actúa el Gobierno de la Ciudad, con una violencia institucional muy fuerte. A Jorge Macri no le importa nada y quiere avanzar a la fuerza. En ningún momento habla con los vecinos, ni tampoco viene”, cuenta Ramón Martínez, delegado de la asamblea de vecinos del Asentamiento Lamadrid.

“Las familias pagan con su salud y su vida tantos años de abandono y negligencia del Estado. Esperemos que el Gobierno de la Ciudad y Acumar cumplan con lo pendiente”.

Mario Gómez, delegado histórico del Camino de Sirga de la villa 21-24, piensa parecido. “La Corte Suprema funcionó siempre como alcahuete de los gobiernos. La Ciudad nos mintió en la cara cuando hicimos una Asamblea en la Iglesia de Caacupé, en el primer mandato de Larreta, y él mismo nos prometió que estarían todas las viviendas localizadas antes de que finalice ese primer período”, resalta. En el mismo sentido, el delegado destaca negativamente el nulo diálogo con Acumar y el Instituto de la Vivienda de la Ciudad. “Desde el Estado contamos solo con la colaboración del Ministerio Público de la Defensa y la Asesoría Tutelar”, contrapone.

Las relocalizaciones incumplidas

El balance de estos 16 años post fallo de la Causa Mendoza deja fuertes incumplimientos en las relocalizaciones. El Plan de Saneamiento Integral había precisado que 17.771 viviendas necesitaban una solución habitacional por encontrarse en terrenos precarios o contaminados en los márgenes del Riachuelo. Como Sur Capitalino fue revelando en todo este tiempo, los indicadores oficiales de Acumar muestran que solo se avanzó en unas 6500 (aproximadamente el 40%), dejando al resto de las familias en la peor de las vigilias, mientras el paso del tiempo hace más inhabitable sus espacios.

De ese total, según un censo realizado por el IVC en 2011, 1837 familias estaban radicadas en la Ciudad, en el camino de sirga que va desde el Puente Pueyrredón hasta el Puente Ezequiel Demonty -ex Puente Alsina-, en los barrios 21-24, 26, El Pueblito, Magaldi y Luján. Esa población, sin dudas, fue creciendo. Y si bien una parte fue relocalizada, aún falta mucho: “Tenemos el terreno de Zavaleta que tendría que estar edificándose o edificado, Orma 2, donde hay 700 familias que no pudieron acceder a su vivienda, donde incluso los vecinos habían colaborado en un diseño constructivo del mismo y que se terminó llevando a cabo en el Barrio Rodrigo Bueno, que no está afectado en la Causa. Esto se suma a un cuello de botella en el Barrio San Blas, que es la no continuación en el Camino de Sirga. Ahí los vecinos están tratando de organizarse, pero cuesta mucho porque el descreimiento es latente, y quedamos varados”, relata Mario Gómez.

Paz Ochoteco, referenta de la Fundación Temas de villa 21-24, suma su mirada en el mismo tono. “El incumplimiento del fallo es alarmante, las familias que están viviendo a la orilla del Riachuelo, unas mil aproximadamente, están en iguales o peores condiciones que en el 2010. Y no solo están esperando las relocalizaciones, sino el abordaje de salud: el 25% de los niños y niñas fueron detectados con plomo en la sangre”, comenta. Por eso, enfatiza que “estas familias pagan con su salud y su vida tantos años de abandono y negligencia del Estado, y esperemos que el Gobierno de la Ciudad y Acumar cumplan con lo pendiente, ya que esta decisión de la Corte, no modifica los derechos de las personas afectadas”. 

Para colmo, todo se enmarca en un delicado momento socioeconómico para las clases populares, castigadas por el feroz ajuste impuesto por Javier Milei. Así lo explicita Mario Gómez: “Vivir en los complejos tiene un montón de dificultades, y para colmo, la crisis y la falta de trabajo están pegando. Muchas familias no pueden pagar sus viviendas, el famoso estructurado de consorcios no funciona, y se da un enorme incumplimiento de expensas porque la gente no tiene capacidad de pago. No hay salidas laborales, ni ningún armado de emprendimientos temporales, va todo de mal en peor”. 

Y ahora qué

Conocido el fallo, Sur Capitalino contactó a las autoridades de Acumar, que describieron su perspectiva en un comunicado. “Se interpreta que la Corte empodera al organismo para el cumplimiento de sus misiones y funciones, siendo que cuenta con amplias facultades de regulación, control y fomento respecto de las actividades industriales, la prestación de servicios públicos y cualquier otra actividad con incidencia ambiental en la Cuenca, ´hasta el presente ha venido ejerciendo su función de modo constante y sostenido´”, señala, citando la sentencia de los jueces supremos. 

Asimismo, menciona que Acumar por mandato de la Corte “deberá mejorar de manera continua su nivel de cumplimiento de la sentencia de 2008, la cual es “de ejecución permanente y sin plazos de finalización”.

Un dato a tener en cuenta: desde la asunción del gobierno de Milei, Acumar sufre un enorme retroceso institucional en su estructura: a los 40 despidos de trabajadores se suma el congelamiento presupuestario: entre enero y agosto de 2024, las partidas relacionadas al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo cayeron un 28,2% en términos reales. 

Para el CELS, uno de los organismos que conforma el Cuerpo Colegiado de la causa, con este fallo la Corte “abandona a los vecinos”. “Se trata de una decisión regresiva y violatoria de los derechos socioambientales de la población de la cuenca, ya que el único actor con capacidad para reorientar el curso del proceso decide tenerlo por concluido”.

En paralelo, el CELS hace foco en una de las dudas que deja sin responder la sentencia del tribunal supremo. “La Corte decidió que los litigios por incumplimiento del Plan Integral de Saneamiento ya no sean tratados por el juzgado de Morón, que tenía las facultades para formular observaciones, pedir aclaraciones y la ampliación de la información recibida por parte de Acumar como rendición de cuentas. El problema es que los nuevos juzgados que retomen a futuro estos casos partirán de la base planteada por la Corte: los “objetivos institucionales del caso” ya fueron cumplidos, aunque no se evaluó antes la perspectiva de la población afectada sobre la protección de sus derechos socio-ambientales”, esgrime. En ese punto, el comunicado compartido por el organismo tripartito es elocuente: no menciona la situación de las viviendas.

Ante el fallo de la Corte, la organizaciones que integran el Cuerpo Colegiado presentaron una acción de revocatoria en la que le solicitan a los jueces que revisen su decisión de poner fin al proceso, que se convoque a una audiencia pública y que se asegure un mecanismo de participación directa para que la población de la cuenca sea escuchada y su opinión sea tenida en cuenta en este proceso.

Mientras tanto, en los barrios, la novedad todavía está siendo procesada. En la villa 21-24, para colmo, les agarró en un momento de cambio en el cuerpo de delegados que atenta contra la representación inmediata. No obstante, la organización ya se puso en marcha. En el Asentamiento Lamadrid, según contó Ramón Martínez, se llamó a la Mesa de Trabajo después de tres años, y habrá una asamblea la semana del 18 de noviembre. 

Rápidamente, los Barrios de la Cuenca Matanza-Riachuelo también salieron a la calle y realizaron una protesta en la puerta de la sede de Acumar (Esmeralda 255), para reclamar por lo pendiente: el 58% de las soluciones habitacionales inconclusas, el 60% de las industrias sin control en los elementos que vierten o emanan y el 25% de las infancias con plomo en la sangre.

“Los jueces se volvieron cómplices del Gobierno que dice que no hay plata, y quieren lavarse las manos. No dejemos que esta lucha termine acá”, dicen. 

Lo que hay que dejar en claro es que la decisión de la Corte de dejar de controlar el cumplimiento de su propia sentencia no implica que ni el IVC, ni el Gobierno porteño ni Acumar dejen de estar obligados a cumplir el fallo en la Ciudad de Buenos Aires. El Riachuelo debe seguir limpiándose, el camino de sirga debe terminar de construirse, la relocalización de familias debe continuar al igual que las mesas de trabajo en los barrios; todas las obras de agua y cloacas tienen que realizarse, lo mismo que los mejoramientos y arreglos de emergencia en las viviendas. Quienes viven en el borde también tienen derecho a una vivienda digna y a un ambiente sano. La condena sigue en pie.