M no murió de desnutrición. El diagnóstico de fondo es mucho más complejo, más profundo y más grave que un título en un diario o en un canal de televisión. No se trata de lo que diga su autopsia, sino de lo que no se dice a cerca de un sistema que debe proteger a las infancias más vulneradas y no lo hace. Y esta ausencia, que intentan emparchar a diario comedores, organizaciones, escuelas, salitas, es una decisión política. No es desconocimiento, no es presupuesto, ni siquiera indolencia. Es gestión.

Es la gestión quien debe nombrar profesionales en los Cesac para que una familia no deba ir a las 4 de la mañana en busca de un turno para una especialidad que, con suerte, conseguirá para dentro de seis meses. O quizás, nunca. Son las y los funcionarios porteños de Salud y Educación, de Desarrollo Social y Hábitat, del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Asesoría Tutelar, quienes tienen que generar mecanismos rápidos y efectivos de articulación, de trabajo conjunto, que garanticen los derechos de miles de pibis que como M se alimentan con comida de mala calidad, habitan en viviendas sin cloacas, crecen con plomo en sangre, conviven con la basura que se desparrama en una plaza donde deberían poder jugar.

Hace tan solo unas semanas, la nota de tapa de Sur Capitalino hablaba de la verdadera grieta. De una Ciudad de Buenos Aires partida en dos: un norte con trabajo formal, salarios más altos, hogares con agua caliente y electricidad de red, acceso a la salud privada y a la conectividad. Y un sur que lo triplica en pobreza y lo duplica en desocupación, donde un cuarto de su población vive en villas y asentamientos. Como M y su familia.

Sobre lo que ocurre concretamente en la villa 21-24, los datos que existen –y no abundan- son devastadores. Empecemos por el principio: se calcula que en la villa de Barracas viven unas 70 mil personas. El promedio de edad de su población es 24 años, 15 años menos que el promedio de la Ciudad. Más del 40 por ciento de sus habitantes son niñes y adolescentes. Estos números - que surgen de un informe técnico realizado por la demógrafa de la UCA Victoria Mazzeo - marcan un primer indicio sobre a qué sector apuntar las políticas públicas.

Violencias, deficiencias en el aprendizaje, problemas de salud. Un solo Equipo de Orientación Escolar para todo el Distrito. 14 trabajadores, para 27 escuelas con 15 mil pibis.

La población que asiste a las escuelas primarias del Distrito Escolar 5, del que dependen las de la villa 21-24, es de 15 mil niñes. Niñes con la mayoría de sus derechos vulnerados. La escuela es el lugar donde se evidencian, con más claridad, las fragilidades que cargan les alumnes. Violencias, deficiencias en el aprendizaje, problemas de salud. Es en la escuela donde la posibilidad de detectarlos y buscar una vía efectiva para su solución se hace más grande. En ese contexto, que sólo exista un Equipo de Orientación Escolar en todo el Distrito y que esté formado por 14 trabajadores parece un chiste de mal gusto. Un Equipo de 7 personas por turno, para 27 escuelas con 15 mil pibis. El reclamo ante el Ministerio de Educación para que se creen más equipos con más trabajadores junta polvo desde hace larguísimos años.

Luego de la muerte de M, desde el EOE del Distrito 5 señalaron que durante la primera mitad del año tomaron 1030 de las derivaciones que le hicieron docentes y directives. El número es altísimo y solo muestra un recorte de la problemática. En general, es durante el segundo semestre cuando las derivaciones aumentan debido a los balances de fin de año, los riesgos de repitencia, etc. Los datos tampoco reflejan las derivaciones que no se lograron tomar ni las que vienen de años anteriores y, por diferentes razones, no tuvieron seguimiento.

M fue una de las 1030 derivaciones. ¿Qué sucedió? Lo mismo que en la mayoría: se volvió un informe atravesando oficinas sin ninguna solución. Ni el Consejo de Derechos ni la Defensoría Zonal dieron respuesta. El EOE explicó en un comunicado que fueron tres los informes sobre M que envió al Consejo en los últimos tres años. Y nada.

Muchos de les niñes que llegan al EOE necesitan atención en salud mental y apoyo en el proceso de aprendizaje. Y ahí es donde queda en evidencia otro de los huecos del sistema de desprotección. Según un informe que dieron a conocer en abril pasado les equipos de Psicología de los Cesac 1, 8 y 35, en la actualidad solo cuentan con 12 psicólogos y piscólogas y ni un personal de psiquiatría. Apenas dos Cesac disponen de una psicopedagoga y hay tan sólo una profesional especialista en fonoaudiología en cada uno.

Del informe se desprende que solo entre septiembre y noviembre del año pasado, 136 pacientes no lograron acceder a la atención en salud mental en esos Centros de Salud. El 70% de elles eran niñes y adolescentes y sus derivaciones venían desde el EOE, la escuela, la defensoría zonal y el Consejo. Un gran porcentaje de los motivos de consulta estaba relacionado con violencias.

Al igual que los datos del EOE, la información relevada por un grupo de psicólogas/os sólo representa una pequeña muestra y no logra reflejar la complejidad de aquellos casos que ni siquiera consultan porque en el barrio “ya se sabe que no hay turnos”. Es decir, 136 casos en 3 meses relevados por 7 psicólogues no puede ser más que la punta de un inmenso iceberg de barreras de acceso a la salud mental.

¿Y quiénes son les principales damnificados de esta falta de profesionales? Adivinaste, les niñes. Porque además representan, por lejos, el mayor porcentaje de quienes se atienden en los centros de atención primaria, tal como indican los datos que se desprenden del sistema de gestión hospitalaria sobre la población que asistió al Cesac 8 entre 2016 y 2022.

Hace una semana, la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) planteó ante el Ministerio de Salud porteño la necesidad de realizar un estudio en niñes para detectar si tienen plomo en sangre. El último fue en 2013 y dio positivo en 207 chiques. El 30 por ciento de elles no pasaron la prueba neurológica, y a otro 25 por ciento ni siquiera se los ubicó ni contactó luego del estudio. El análisis lógico es entonces ¿para qué el diagnóstico si luego no se realizará un acompañamiento a quienes sufren en su cuerpo los efectos de la contaminación?

Agua

La autopsia a M indicó que la razón de su muerte fue una neumonía bilateral. Falleció a los 11 años por una enfermedad que no es mortal si se atiende a tiempo. Los orígenes de una neumonía pueden ser múltiples, pero uno de ellos es, sin dudas, las condiciones habitacionales en las que nace y vive una persona. El acceso al agua es determinante en la proliferación de enfermedades infecciosas. M vivía en el sector de la villa 21-24 conocida como Tierra Amarilla. Es una de las zonas con más problemas de agua de todo el barrio. De hecho, durante el 2021 se realizó el tendido de una obra provisoria para poder mejor el abastecimiento de agua de ese sector. Ese tendido coincide con el de Agua + Trabajo que debería haber sido terminado una década atrás, en el año 2012.

Durante la pandemia, y gracias al reclamo del barrio organizado, se firmó un convenio entre AySA y el Gobierno de la Ciudad por el cual se construirán nuevas obras de agua, cloacas y pluviales. Pero falta muchísimo. Según el último informe de la Mesa del Agua -que reúne a la Junta Vecinal, referentes barriales, la Defensoría General de la Ciudad, representantes de diversos organismos del Gobierno porteño, de ACUMAR y AySA- “si bien estas obras abarcan gran parte del territorio de la Villa 21-24, no incluyen el tendido por los pasillos más angostos, si no solo en pasillos anchos y calles, apuntando a aumentar el caudal de agua y mejorar la presión en el sector pero no a la construcción nueva de todo el tendido que llega hasta los domicilios”.

M no murió de desnutrición. Pero su muerte evitable tiene que ser un punto de inflexión para que ni un pibi más pierda su enorme pequeña vida porque el Estado que debe protegerlo no hace más que vulnerar sus derechos en el distrito más rico de la Argentina.