En su primera conferencia de prensa como ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio a conocer un  protocolo para el mantenimiento del orden público frente a cortes de calles o rutas que busca contener la conflictividad social con represión y habilita a las fuerzas de seguridad a actuar sin orden judicial.  El nuevo ordenamiento, establece que cualquier manifestación pública que disminuya la “circulación de vehículos, el ancho de las calles, rutas o avenidas” constituye la comisión de un delito en flagrancia.

Además de prohibir el derecho a manifestarse libremente, la Ministra señaló que van a identificar a "autores, cómplices, instigadores y organizadores", que serán castigados, y se hará un registro de las organizaciones que reclaman en el espacio público, a las que se hará pagar los costos de los operativos.

El nuevo protocolo deroga la resolución 210 que en 2011 dictó el Ministerio de Seguridad de la Nación, tras los asesinatos de manifestantes en diciembre de 2001, en el Puente Pueyrredón en 2002 y en el Parque Indoamericano en 2010. Esta resolución fijaba reglas y pautas de actuación policial y estatal acordes a los estándares internacionales de derechos humanos en materia de derecho a la protesta social.  

“Ahora, más que una limitación para el uso de la fuerza policial, hay una habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes", advirtieron desde el CELS y alertaron que “el protocolo fija pautas de actuación policial y estatal contrarias al derecho a la libre reunión y asociación, a la libertad de expresión y de protesta social reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”.

Con más de 15.000 firmas, los organismos pidieron a la ONU y a la CIDH que “manifiesten públicamente y ante el Estado argentino la preocupación por este protocolo, el cual también afecta los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de quienes ejerzan el derecho a la protesta”.

 

En la carta a la CIDH exigieron que adopte las medidas necesarias para “hacer cesar la aplicación del protocolo y evitar la aprobación de otras normativas que buscan coartar o limitar la protesta social sin perspectiva de derecho internacional de los derechos humanos”.

También se enviaron a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) y, en particular, al Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, y a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor.

“Les solicitamos que exijan al Estado argentino que derogue el protocolo y garantice el derecho a la protesta y los derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad de quienes se manifiestan”, concluyeron.